Los pactos con los profesionales, en
la antesala de Consejo Interterritorial

Casi un año después de la firma del pacto entre el Ministerio de Sanidad y las organizaciones de profesionales sanitarios, ministra y consejeros podrían repasar la situación de los acuerdos con estos colectivos en el seno del próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebrará el 11 de junio en Toledo.

Al cierre de esta edición, este análisis es sólo un punto en el orden del día de la Comisión Técnica Delegada, que se reúne este viernes en Madrid, y que, siguiendo la dinámica habitual, marcará el guión para el encuentro entre los responsables de la sanidad española. A falta de ser definido, la cantidad de asuntos pendientes hacen prever una tarea larga. De entrada, la comisión técnica debatirá más de una treintena de puntos, y es que han pasado casi seis meses desde la última reunión del Consejo Interterritorial de diciembre.

Aún así, solo uno de los temas abordados avanza en el cumplimiento de este pacto con los profesionales, el análisis del último documento del Grupo de Trabajo de Desarrollo Profesional sobre los cuales se elaborará la normativa que va a regularlo. Aunque desde el Foro de la Profesión Médica, su portavoz, Francisco Miralles, asegura que no han participado en su elaboración.

Miralles ve con preocupación la lentitud con la que se avanza en el cumplimiento de los acuerdos. “Si se sigue a este ritmo, el foro tendrá que dar la voz de alarma y pedir que se cumpla. Si no, al final van a tener razón quienes decían que este pacto era un ‘paripé’”, ha indicado a GM.

Y es que el Ministerio de Sanidad no acaba de contar con ellos como se esperaba. Muchas de las materias que se sacan adelante en recursos humanos las conocen casi “por la prensa”, por lo que echan en falta “más seriedad”.

“Estamos en sintonía con la idea de gestión clínica, pero no hemos recibido respuesta a nuestra propuesta”, asegura Miralles. Tampoco la hay sobre la propuesta de funcionamiento del Foro Profesional. Además de estos silencios, en la agenda de temas que analizarán los responsables autonómicos tampoco hay nada sobre el problema de fondo que se comprometieron a abordar en su día, la definición de un nuevo modelo de financiación, lamenta el también secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.

La visión de los médicos enlaza con las de los profesionales de enfermería. En su caso, se han ignorado casi todos los puntos de consenso alcanzados, de ahí que hayan amenazado con romper el pacto si no hay avances significativos (ver GM, nº 512).

Junto al documento de desarrollo profesional, se espera que en la cita del viernes, y, por extensión, en el Consejo Interterritorial, se de el visto bueno a otros temas que, como el de desarrollo profesional, fueron respaldados por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud en su reunión del martes, y que ya forman parte del orden del día de la Comisión Técnica Delegada.

Sobre la mesa estarán el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento para su actualización dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS), que será remitido al Consejo de Estado, o el Estudio Nacional sobre Agresiones a Profesionales, con una docena de recomendaciones elaboradas sobre las aportaciones de comunidades autónomas, colegios profesionales, sindicatos y asociaciones de pacientes y usuarios, según el ministerio. Además, la comisión ultimará un acuerdo para promover el reconocimiento del profesional sanitario como autoridad pública.

Recomendaciones de Bruselas

En cualquier caso, el añadido posterior de un nuevo punto en el orden del día de la reunión de este viernes, la reforma de la ley del aborto, que ha sido rechazado por la consejería de Sanidad de Andalucía, amenaza con relegar a un segundo plano el resto de contenidos. Temas como la revisión de la cartera básica de servicios, la actualización del sistema de precios de referencia, el proyecto de orden que regulará el Fondo de Cohesión sanitaria o el plan de trabajo de la red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, contemplados en la reunión de la comisión técnica del viernes, pueden quedar como un simple ruido de fondo en el Interterritorial. Todo ello, a pesar de que sus avances son pasos hacia el cumplimiento de las últimas recomendaciones de Bruselas, presentadas también esta semana.

Tras evaluar el Plan Nacional de Reformas de 2014 y el Programa de Estabilidad de 2014 del gobierno (ver GM, nº 512), la Comisión Europea ha invitado a nuestro país a realizar, antes de febrero de 2015, una reducción sistemática del gasto en todos los niveles de la Administración para mejorar la eficiencia y calidad del gasto público. La comisión insta a las autoridades a seguir aumentando la eficiencia del sector de la asistencia sanitaria, sobre todo aumentando la racionalización del gasto farmacéutico, particularmente en los hospitales, así como a intensificar la coordinación entre los distintos tipos de asistencia, preservando la accesibilidad para los grupos vulnerables.

Entre sus consejos, Bruselas también pide una aplicación rápida y ambiciosa de la ley de garantías de la unidad de mercado, el punto de partida de la ley de servicios profesionales y colegios, cuya tramitación se encuentra en su fase final.

Además, la Comisión Europea reclama que se avance en una reforma fiscal completa que simplifique y aporte estabilidad a la recaudación. La reforma tributaria, que llegará al Congreso en julio, despejará las dudas sobre si se recogen o no algunas de las propuestas de la comisión de expertos, que planteaban deducciones a las familias por las pólizas de seguros sanitarios privados, o nuevos copagos en sanidad para compensar la oferta de servicios. Por ahora, la respuesta del gobierno a dos preguntas del portavoz de Sanidad del PSOE, José Martínez Olmos, registradas sobre este tema en la Cámara Baja no aclara mucho. Se limita a dar un repaso por las ideas de los expertos y aclara que es tarea del Gobierno formular una propuesta a las Cortes.