El gran proyecto que en los últimos años ha sobrevolado el Ministerio de Sanidad vuelve a hacer aguas. A pesar de que los propios partidos son conscientes de la necesidad de despolitizar la sanidad; y de que los profesionales y en última instancia los pacientes insisten en la importancia de alcanzar un pacto político en torno al Sistema Nacional de Salud, la conciliación de posturas es, a día de hoy, inviable. La Comisión de Sanidad del Congreso confirmó la semana pasada que el Pacto de Estado por la Sanidad ha muerto. Pero su certificación lleva aparejada la posibilidad de desarrollar acuerdos puntuales en algunos de los puntos más polémicos de la reforma sanitaria.
Esto es lo que, a primera vista, diferencia el trabajo que la subcomisión que a lo largo de dos años ha analizado los problemas estructurales de la sanidad pública con el que se llevó a cabo durante la intentona liderada por el socialista Bernat Soria. En aquel momento ni tan siquiera se pudo llegar a acuerdos puntuales sobre el documento que había elaborado el por entonces presidente de la Comisión de Sanidad, Gaspar Llamazares. Este hecho lleva a resaltar otra diferencia fundamental. Los mismos grupos que por aquel entonces dijeron ‘no’ al documento de la subcomisión, es decir, PP, CiU y PNV, son los mismos que ahora han permitido que el trabajo de la subcomisión pueda llegar a leerse en el pleno, donde los grupos que no han firmado el acuerdo podrán debatir de nuevo sus votos particulares.
El documento de los grupos
Pese a que su salida de la subcomisión fue uno de los momentos más críticos del último intento de pacto, la inclusión en el documento de un punto para “preservar la universalidad” ha servido para que la portavoz de CiU e impulsora de la subcomisión, Concepciò Tarruella, accediera a sumarse al acuerdo, al igual que su homóloga del grupo vasco. Esta inclusión ha permitido aunar intereses en torno a uno de los asuntos que más ha polarizado las posturas de los grupos en la Comisión de Sanidad del Congreso: en los términos en los que está redactada, el llamamiento a “preservar” la universalidad en el acceso a la asistencia sanitaria sirve para defender la opinión, tanto de quienes creen que ya está asegurada (PP), como de quienes creen que no lo está (CiU y PNV).
No ha servido, sin embargo, para que el resto de grupos se sumen al acuerdo. Y ello a pesar de que el documento final, según Rubén Moreno, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso, son recomendaciones al Gobierno “redactadas por los grupos parlamentarios, y no por el popular”. Casi todo el texto original ha sido sustituido, según él, en base a los votos particulares de la oposición: la introducción ha sido cosecha del PNV; al igual que la mayoría de las recomendaciones, hasta la 28, han sido redactadas por CiU (idénticas además a las del PNV salvo alguna matización en función del territorio) y por el PSOE.
De las propuestas de UPyD, algunas estaban implícitas en las que presentaron estos tres grandes grupos, pero otras chocaron con las prerrogativas constitucionales que en materia de gestión sanitaria defienden los nacionalistas. Lo mismo ocurrió con IU. Muchos de sus planteamientos iban dirigidos al ámbito de los recursos humanos, motivo por el cual tampoco fueron del agrado de los grupos que tienen la gestión directa de la sanidad en algunos territorios.
