| viernes, 06 de junio de 2014 h |

Lo anunció Carlos Lens, subdirector general en la DG de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia (DGF), en un magnífico simposio de los farmacéuticos de la industria (AEFI): la Comisión Interministerial de Precios (CIP) pondrá notas a los medicamentos, cual examen académico. Se trata de medir la innovación de los medicamentos, para lo que se habla de 40 grupos de parámetros. Quizás reducir a 40 es simplificar en exceso una decisión que los expertos cualificados (expertos en las materias clínicas o las indicaciones de los fármacos) no dudarían en incrementar en número. Cuando un especialista valora un medicamento, utiliza todo el conocimiento que tiene para emitir su juicio, incluyendo la experiencia clínica en el desarrollo del mismo. Aunque se trata de una idea interesante, ponerla en práctica puede ser algo más que un reto de clasificación. Hacer que encaje esta nota con otros informes, como los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) merece una reflexión. El tiempo que llevará dicha clasificación no debería ser un problema, como el que está afectando a los mencionados IPT.

Me asalta la duda de si alguna comunidad querrá también poner su nota. Sería como hacer una selectividad autonómica, tras el examen del país. Aunque es la CIP quien puntúa, las autonomías querrán saber la nota: ¿Qué puntuación permitirá que el medicamento no tenga excesivas trabas? ¿Un siete? ¿Un seis? ¿Una matrícula de honor?

¿Existirán medicamentos que “progresan adecuadamente” (PA) como en el cole? Se trata de algo bueno, ya que puede tratarse de un medicamento que aporta una innovación incremental que puede facilitar en el futuro una innovación relevante o disruptiva. Pero en ese caso el medicamento irá a un cajón olvidado, aprobado justito y, con seguridad, herido de muerte en su corta vida.

Entiendo perfectamente que se cuestione qué se reembolsa y qué no. Pero las reglas deben clarificarse aún más: la transparencia del proceso es clave. Dice Rubén Moreno, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Sanidad del Congreso, que no se puede financiar la sanidad a base de créditos. Su homólogo del Grupo Socialista, Pepe Martínez Olmos, que hay que asignar más recursos, y si son finalistas, mejor. El problema de todo esto es que en 2016 tendremos la menor cifra de la historia de gasto público en sanidad vs el PIB. ¿Alguien cree que la cronicidad y el envejecimiento de la población podrán ser abordados con innovación? Los números no salen.

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Las notas que van a recibir los nuevos medicamentos desde la Comisión Interministerial de Precios se enfrenta al reto de la transparencia.

Si no hay suficiencia financiera para la sanidad la innovación no tendrá cabida. Ni siquiera con matrículas de honor.

El Grupo Parlamentario Catalán (CiU) pide excluir los biológicos de los precios de referencia y el Grupo Parlamentario Popular se niega. La sustitución e intercambiabilidad de los biosimilares debe quedar regulado.

Luis González acertó en su vaticinio de que nadie le iba a impedir ser presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Un total de 171 votos de ventaja le pondrán el 17 de junio al frente de la institución colegial sanitaria más relevante de España.