La semana pasada, no solo la Asociación de Economía de la Salud incidió en la necesidad de transformar el modelo sanitario público. Esta idea también ronda las conclusiones del estudio Delphi “Flexibilidad estratégica del sector privado ante la transformación de la sanidad pública: Análisis de escenarios de futuro 2013-2018”, un trabajo impulsado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad.
El estudio muestra un aumento de la actividad asistencial privada y de la suscripción a pólizas, a consecuencia del posible deterioro de la asistencia sanitaria pública y la obsolescencia de la tecnología. Por otro lado, los entrevistados muestran un grado significativo de escepticismo acerca de la posibilidad de que exista una reducción significativa de la interferencia política en las decisiones técnico-sanitarias.
La crisis ha generalizado el uso del término ‘eficiencia’ como ‘hacer más con menos’. Los expertos integrados en la Asociación de Economía de la Salud (AES) han añadido un matiz a esa definición. Lograr un mejor desempeño con menos recursos no será posible, dicen, si se siguen aplicando las mismas reglas del juego. Dicho de otro modo: ‘menos de la misma manera’ llevará a una erosión en la calidad del sistema y en las condiciones de salud de los españoles.
Esta filosofía ha liderado un trabajo cuyo resultado son 166 propuestas para reformar el Sistema Nacional de Salud (SNS). Lógicamente, estas nuevas reglas del juego tocan, y mucho, a la política farmacéutica. Una de las recetas plantea reformar ‘a la alemana’ el sistema de precios de referencia, de modo que los nuevos fármacos con patente sean incluidos por defecto en el sistema a menos que demuestren que aportan valor suficiente como para merece un precio diferente al del conjunto que les correspondería.
Para comprender el motivo de esta propuesta es necesario atender al diagnóstico que los expertos hacen de este mecanismo de control del gasto. Los expertos ven que, tras sucesivas reformas, el sistema de precios de referencia se ha convertido “en un sistema de precio menor” que ha “anulado la posibilidad de competencia efectiva en precios de venta al público”. El hecho de que la competencia “se traslade al ámbito de la negociación entre empresas comercializadoras de medicamentos y oficinas de farmacia, y que las ventajas de la competencia no trasciendan ni al financiador público ni a los pacientes” debería hacer reflexionar, a su juicio, sobre cauces de mejora en el actual sistema.
Dichos cauces no solo pasan por apostar por el que ha sido uno de los elementos más polémicos de Amnog, la reforma farmacéutica alemana (un sistema de precios por equivalentes terapéuticos y que anula la exclusividad de la patente). El documento de la AES incluye dos cambios más. Por un lado, la apuesta por un copago evitable, que permita a los usuarios retirar un medicamento de precio superior al de referencia, pagando la diferencia. Por otro, la solicitud de que los precios de referencia no se calculen de forma lineal como el precio menor de las presentaciones agrupadas en cada conjunto, sino que se ponderen en función del número de medicamentos genéricos presentes.
Evaluación y copago
Estas y otras propuestas en materia de financiación y cobertura pública están ya publicadas en la web de la AES. Los otros tres ámbitos cubiertos por el documento, relativos a la organización de la asistencia sanitaria, las políticas de salud y el buen gobierno de la Sanidad, serán publicados on-line, por ese orden, los días 17 de diciembre y 14 y 21 de enero. Un tema transversal recorre todos los capítulos: la evaluación de las intervenciones, programas, estrategias y políticas.
En el ámbito de la cobertura de prestaciones, los expertos han observado la falta de aplicación de criterios de eficiencia y equidad que guíen la actualización de la cartera de servicios. No se trata, además, de una cuestión que haya que regular, sino que se trata, según explicó Juan Oliva, coordinador de la publicación, “de que se cumpla la ley”. Esto es patente sobre todo en el caso de la prestación farmacéutica. En varios reales decretos-ley se incluyen como criterios generales la consideración del beneficio clínico incremental, la relación coste-efectividad y el impacto presupuestario. Pero siguen existiendo dudas, para los expertos, sobre cómo lo va a aplicar la Administración.
“Es triste comprobar que, tras más de dos décadas de experimentos, en España no se han llevado a cabo evaluaciones rigurosas”, se lamentó la presidenta de la AES Marta Trapero-Bertran. En este punto, como en el caso del sistema de precios, los expertos abogan por mirar hacia fuera y ver lo que hacen países del entorno. Entre las propuestas vuelve a estar el “revisar y adaptar de un modo objetivo y transparente los fundamentos de las decisiones sobre incorporación de nuevas tecnologías sanitarias” al estilo del NICE británico.
El documento propone que el coste-efectividad se contemple incluso a la hora de aplicar el copago farmacéutico. No es el único cambio propuesto al esquema implantado por el Gobierno. De nuevo, la solución parece estar fuera. “Hay copagos en Europa mucho menos lesivos”, explicó Oliva. La AES aboga por mejorar el sistema de devoluciones limitando la cantidad máxima acumulada por cualquier tipo de copago a un porcentaje de la renta (de un 1 o un 2 por ciento).
