¿Se trata del modelo idóneo? ¿Tiene sentido hoy en día? ¿Qué peculiaridades debería presentar para ajustarlo a las necesidades actuales? Son muchos los interrogantes que plantea el nuevo intento de controlar la factura farmacéutica al tiempo que se asegura un marco estable y predecible para la industria mediante el retorno a la antigua fórmula de vincular gasto y PIB. En líneas generales, los economistas consultados por este periódico consideran que, si bien puede entrar dentro de la lógica de la sostenibilidad financiera, despista del objetivo fundamental: la apuesta por el análisis económico del coste-efectividad.
“El acuerdo no me parece apropiado”, asegura Rosa Urbanos, profesora titular del departamento de Economía Aplicada VI de la Universidad Complutense de Madrid. A su juicio, el SNS necesita “una reforma en profundidad en lo que se refiere a la financiación pública de las prestaciones (farmacéuticas o no), que ha de vincular aquélla con el coste-efectividad de éstas”, no con la evolución de la economía. “Puedo entender que el acuerdo interese a la industria, pero no a la Administración”, continúa.
En la misma línea se posiciona Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Según él, el análisis coste-efectividad “se acabará imponiendo tarde o temprano, no solo para inversión de nuevos tratamientos sino también para la desinversión”. Mientras tanto, que Administración e industria se estén pensando en volver “a algo tan simple” como vincular PIB y gasto refleja, por un lado la “difícil situación” del sector y, por otro, “la fragilidad de un sistema sanitario que renuncia al ajuste fino con tal de evitar crecimientos de gasto/PIB.”
No solo el coste-efectividad pesa entre los argumentos de los economistas. Pere Ibern, del departamento de Economía y Empresa de la UPF, cree que una medida como la planteada resulta “desfasada” hoy en día. “Y en todo caso, si llega a hacerse, la evolución del gasto debería relacionarse con los ingresos fiscales”, añade. La opción a tener en cuenta, para este experto, “es la que trata de separar dos presupuestos (el de medicamentos genéricos y el de patentados) y establece dinámicas de crecimiento diferenciadas, que en el segundo caso van en función del valor adicional que aportan”. Ibern también considera que, más allá del coste-efectividad, el análisis de impacto presupuestario de los medicamentos patentados es un requisito necesario. “Pero por ahora, ni lo uno ni lo otro resulta de aplicación”, concluye.
Otras valoraciones discuten la ‘lógica’ del acuerdo. “Supongamos un marco de PIB ligeramente creciente. Imaginemos ahora que la innovación se frena en seco en el sector . ¿Por qué deberíamos incrementar el gasto en productos sin valor añadido frente a los anteriores? Imaginemos el caso contrario: escenario de entrada de importantes innovaciones. ¿Por qué no deberíamos dedicar una mayor proporción de nuestros recursos a favorecer que los pacientes reciban dichas innovaciones?”, se pregunta Juan Oliva, profesor de la Universidad de Castilla la Mancha. En su discurso subyace la crítica a un modelo ‘simplista’, cuando la relación gasto y PIB debería depender de múltiples factores. “A muy corto plazo puede tener sentido; a medio y largo plazo, no”, dice.
En cuanto al pretendido objetivo de ofrecer a las comunidades un escenario de equilibrio, el encargado de desmontarlo es el director del Centro de Investigación en Economía y Salud de la UPF, Jaume Puig-Junoy. Según él, vincular el gasto global al PIB no garantizará la capacidad de pago de las comunidades, ya que ésta depende de las asignaciones del sistema de financiación de las comunidades de régimen común, “y estas pueden tener incluso una evolución más negativa que el PIB”.
Según él, el objetivo de estabilidad para el sector también se puede alcanzar con reglas de juego “transparentes” que eviten la amenaza de “hachazos presupuestarios y regulatorios no anticipados”: por ejemplo, a través del fomento de la competencia de precios cuando finaliza la patente; o mediante período de protección y precios basados con el valor incremental de la innovación, o gracias a criterios basados en la mejor evidencia disponible fijados por agencias de evaluación independientes.
Los grupos parlamentarios no podrán posicionarse claramente hasta que el proyecto de acuerdo no se conozca en profundidad. Aún así, las primeras valoraciones dejan claros algunos pros y contras. En el primer caso, desde el grupo de UPyD en el Congreso se señala que podría ser una forma de contener el gasto farmacéutico a largo plazo, repercutir positivamente sobre el empleo, la innovación y la inversión de la industria y “alejar la imagen” del gasto farmacéutico como “único causante de los males de España” , dejando por tanto de servir como “herramienta a corto plazo para meter tijeretazos al gasto cuando las cuentas no cuadran”. Más allá, la formación de Rosa Díez tiene claro que limitar el gasto a la evolución de la economía “debería conjugarse con una correcta atención a los ciudadanos y prestación de unos tratamientos de calidad y efectivos que posibiliten la resolución de su enfermedad”.
En el lado contrario, son varios los motivos por los que el PSOE, de entrada, no ve acertado vincular gasto y PIB. “Lo que se destine a presupuestos para medicamentos debe vincularse a la aportación de cada fármaco a la mejora de la salud de los pacientes, con un criterio de financiación selectiva que premie la innovación que aporte valor”, dice su portavoz de Sanidad en el Congreso. José Martínez Olmos defiende, además, que el modelo de financiación “debería cambiar” ante el impacto que las decisiones del Gobierno tienen sobre los presupuestos autonómicos. A su juicio, la propuesta debe incorporar a las comunidades y asegurar financiación adecuada y específica con presupuestos finalistas cada vez que el Gobierno apruebe productos de impacto presupuestario.
