Alberto Cornejo Pontevedra | viernes, 05 de junio de 2015 h |

“Nos hemos enterado por la prensa”. Esta frase deja de ser un reconocimiento a un ‘descubrimiento’ periodístico para convertirse en preocupación si es pronunciada desde una corporación pública, como sería el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, a la que otro organismo público, en este caso la consejería de Sanidad gallega, le ha omitido sistemática información durante los últimos años sobre una práctica que conlleva riesgo para la salud pública, como es el comercio inverso de medicamentos, que durante años ha venido cometiendo una oficina de farmacia de la provincia.

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia a una botica del municipio de Marín en el marco del ‘caso Celtifarma’, en la que ratifica la multa de 600.000 euros por vender medicamentos a un almacén por un valor superior a 50.000 euros interpuesta en 2012 a este establecimiento que ahora también se considera centro de operaciones de la trama investigada en la ‘Operación Noisa’ ha destapado importantes lagunas comunicativas entre las Administraciones públicas y las corporaciones farmacéuticas a la hora de luchar contra este fraude. En este caso, la normativa actual es la ‘señalada’ como principal causante de esta descoordinación frente a una práctica cuya eliminación requiere el “todos a una”, como así manifiestan repetidamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Agencia Española del Medicamento y todo el sector farmacéutico.

Aunque tanto el original expediente del Sergas como la posterior sanción, la sentencia confirmatoria y ahora las nuevas investigaciones sobre ella en el marco de la ‘Operación Noisa’ revelan que se trata de un establecimiento reincidente a lo largo de los años en el comercio inverso de medicamentos, la presidenta del colegio pontevedrés, Alba Soutelo confirma a EG que nunca han tenido constancia de tales hechos. ¿Los motivos? Soutelo denuncia que “desde los colegios no tenemos acceso (legal) a las compras de las farmacias, lo que nos impide detectar posibles desviaciones de medicamentos, ni tampoco a los expedientes de las inspecciones sanitarias, ni a sus aperturas ni resoluciones”.

Por ello, no tener acceso a dichos procedimientos, bien sea en vía administrativa o en una hipotética posterior vía judicial, “genera que no tengamos conocimiento de hechos o actuaciones que involucren a farmacias concretas sobre las que podríamos actuar, más allá de lo que se publica en los medios de comunicación”, indica la presidenta del colegio gallego.

Caso prescrito por desinformación

En el caso concreto de la farmacia de Marín, el COF de Pontevedra desconocía tanto la sanción de 600.000 impuesta por el Sergas en 2013 ni la reciente ratificación por la justicia de dicha multa. Más allá de ese debate que sería la inacción de la Administración al no poner en aviso un hecho de tal calado, Soutelo reclama un “cambio normativo” que permita a los colegios acceder a las compras de las farmacias y expedientes abiertos “para poder colaborar más activamente en la lucha contra la distribución inversa” sin que quede a expensas de la ‘voluntad’ comunicativa de su consejería.

Esta falta de información ha sepultado toda posibilidad de actuar contra la titular de este establecimiento. Como recuerda Soutelo, los estatutos del COF de Pontevedra recogen como infracción “muy grave” la realización de actividades de distribución inversa”, sancionable con la suspensión temporal del ejercicio profesional o la expulsión de la corporación. Sin embargo, ese mismo régimen estatutario limita la potestad disciplinaria “a un plazo máximo de dos años contados a partir de la fecha en la que se cometió el acto sancionable”, que en este caso aconteció en 2012. Dado que es ahora cuando han tenido constancia de ello, “la infracción está prescrita y no podremos abrir expediente sancionador”, lamenta Soutelo. Un ejemplo en el que la ley ‘beneficia’ al infractor.