La lógica —y en especial la legalidad— han provocado que finalmente la cuerda se haya roto por el lado de la Generalitat valenciana. Su Consejería de Sanidad y colegios farmacéuticos han alcanzado un nuevo principio de acuerdo en torno al concierto económico que se pliega, en líneas generales, a las reclamaciones de la farmacia y destierra ciertas cuestiones planteadas últimamente por la Administración que los colegios ya avisaron que no iban a firmar. En líneas generales, el texto sería muy parecido al que venía estando vigente desde 2004.
Así, respecto a uno de los puntos de mayor fricción como eran los plazos de abonos de recetas, el borrador que han recibido los colegios —y que están analizando meticulosamente— recoge el pago “en el último día hábil del mes siguiente al que corresponda la factura”. Ello supone, de facto, asegurar el pago “a treinta días” solicitado en los últimos tiempos por los colegios (cabe recordar que, hace dos años, cuando arrancaron las negociaciones, las peticiones pasaban por el pago a veinte días).
Una de las cuestiones que ha permitido este nuevo principio de acuerdo —ya hubo otro en diciembre que dinamitó el Informe de la Abogacía de la Generalitat— es que no se hace mención alguna en el texto ni a la Ley de Morosidad nacional (pago a treinta días y derecho a intereses a los 60) ni a la Ley de Hacienda Pública Valenciana (pago a 60 días e intereses pasados los 90). “Nosotros dijimos que jamás íbamos a firmar un concierto que fuese en contra de una normativa nacional”, indica a EG Sergio Marco, presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Farmacéuticos y del COF de Castellón. Así, parece que esta ausencia de menciones explícitas a condicionar los pagos a una legislación concreta satisface a ambas partes. A los colegios, dado que recuerdan que ante un posible litigio futuro en los tribunales ante impagos y reclamación de intereses “los colegios ya contamos con media docena de sentencias que son claras respecto a que es la Ley de Morosidad la que prevalece”, expone Marco. Por parte de la Consejería, quizá sabedores de que la legislación juega en su contra, al menos se reservan esta última baza en los tribunales.
Asimismo, tampoco habría mención alguna en ese posible texto definitivo al tipo de interés de demora a abonar por la Administración ante hipotéticos impagos futuros de las recetas. Como venía contando EG, en las últimas semanas la Consejería se había descolgado con una propuesta: aceptar el pago “a treinta días” si los colegios aceptaban a su vez que el concierto recogiese un tipo de interés menor al que fija la Ley de Morosidad (8 por ciento). Una opción que también los colegios tildaron de ilegal y descartaron aceptar dado que “con ello nos daban a entender que los impagos iban a continuar próximamente”, avisaba por entonces el presidente de los colegios regionales.
La valoración desde los colegios es de satisfacción al desbloquearse unas negociaciones que se venían alargando en el tiempo. Aunque reconocen que les hubiese gustado conseguir el pago a veinte días, consideran que “al menos este nuevo texto es semejante al que teníamos en vigor; si no podemos evolucionar, lo que no podíamos permitirnos es firmar un texto más negativo que su precedente”, expone Marco.
Los próximos pasos en el cronograma pasan por una inminente reunión de la Comisión de Asistencia Farmacéutica (en la que se integran Consejería y COF). Si en ella se da el visto bueno final a este texto, los colegios procederían a convocar sus asambleas con la mayor celeridad posible” para votar el mismo. “Queremos poder cerrar cuanto antes este texto que en condiciones normales ya debería llevar mucho tiempo en vigor”, expone a EG Fe Ballestero, presidenta del COF de Alicante.
Retomar servicios, guardias
Desde los colegios farmacéuticos se espera que este, a priori, entendimiento definitivo en torno al nuevo concierto económico signifique también el avance en otros asuntos que “misteriosamente” estaban paralizados sin motivo alguno (mas allá de un supuesto intento de presión de cara al concierto). Es el caso, por ejemplo, de la nueva regulación de horarios y guardias de las oficinas de farmacia valenciana y el futuro decreto que regulará la prestación de nuevos servicios profesionales en estos establecimientos.
Respecto a la nueva normativa de guardias, la misma ya estaba definida y redactada, en la rampa de salida para su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Valenciana. Por su parte, respecto al nuevo decreto que regulará la prestación de servicios —Consejería y COF acordaron desligarlos del acuerdo marco—, las previsiones apuntan a revitalizar las negociaciones y disponer del texto “en primer semestre de 2017”.
Se ha resistido, pero la Consejería de Salud de Universal valenciana ha abonado a las farmacias de Alicante cerca de diez millones de euros por intereses de demora por impagos de 2011 y 2012 al que le obligaban sendas sentencias. Tal como denunció EG en abril, hasta ahora la Administración hacía oídos sordos a esta obligación a pesar de que el colegio alicantino pidió la ejecución de la sentencia y habían remitido diversas cartas a la consejera Carmen Montónreclamando su cumplimiento. Más vale tarde que nunca. Y si en algo ayudó el citado artículo, bienvenido sea.
