Las medidas de uso racional del medicamento implantadas por Andalucía en los últimos años se incluirán en el informe sobre acceso a los fármacos de la eurodiputada Soledad Cabezón y también formarán parte de la iniciativa liderada por los socialistas europeos para desbloquear la revisión de la Directiva de Transparencia sobre precios y reembolsos, de manera que introduzca medidas en el ámbito de la prescripción como las impulsadas por la Junta. Estas medidas, en especial las subastas de medicamentos, buscaron el amparo del Europarlamento durante un seminario sobre acceso organizado en este foro, sin tener en cuenta que las más importantes aún no disponen de un aval jurídico claro.
Es el caso de las subastas, pero también de las Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs). Ambas estrategias fueron desgranadas por el consejero de Sanidad, Aquilino Alonso, en el transcurso de un panel de expertos que tenía como objetivo facilitar propuestas de mejora en el acceso. La estrategia andaluza fue la única representante de las iniciativas nacionales. Junto a ella, se expusieron los puntos de vista de la Comisión Europea, de un responsable de la Iniciativa de Medicametos Innovadores y de la Presidencia de Holanda.
¿Podrían las medidas andaluzas aplicarse en el marco europeo? Tanto Cabezón como Alonso son conscientes de que la política farmacéutica es competencia nacional. La prescripción por principio activo, las subastas y las ATEs son, de hecho, la respuesta que la Junta andaluza ha planteado ante esta situación. Si Andalucía hubiera tenido competencias plenas en política farmacéutica, añadió Alonso, habría implementado un modelo “más sofisticado y que permitiese una mayor accesibilidad”.
Implementar una política a nivel europeo son palabras mayores, pero eso no es un obstáculo para reconocer los beneficios que podría generar: ahorros que, según Andalucía, permitirían a los estados miembro de la Unión reinvertir en investigación o en la adquisición de innovaciones farmacológicas: por ejemplo, las de hepatitis C. Según Alonso, la Junta pudo hacer frente a los cerca de 200 millones de euros que los nuevos antivirales supusieron en 2015 gracias en parte a los ahorros obtenidos a través de las subastas.
Luces y sombras
Más allá de los ahorros, el consejero expuso a los eurodiputados que la calidad de los medicamentos seleccionados (505 de 24 laboratorios durante los ocho concursos resueltos) está garantizada, pues han sido aprobados por la Agencia Española de Medicamentos, y que, lejos de ser una medida gravosa para los ciudadanos, permite revertir en beneficio de la población los márgenes de negociación y descuentos del que disponían las farmacias andaluzas.
Por último, indicó que se trata de un procedimiento “transparente y abierto a la libre competencia y cuya adjudicación está basada en el coste final de la prescripción para el Servicio Andaluz de Salud, a cambio de la exclusividad para su producto durante dos años, con el compromiso formal de abastecimiento en ese periodo”. No obstante, este es el principal punto que las subastas tienen que dirimir en los tribunales.
Desde sus inicios, las licitaciones andaluzas están a la espera de una sentencia del Tribunal Constitucional, que tras años de deliberación ha podido acumular ya ciertos argumentos de expertos y tribunales. El último en hacerlo, tal y como ya publicó este periódico (ver EG nº 750) ha sido el Tribunal de Luxemburgo, que en una resolución sobre los tenders de Alemania vino a afirmar que en los procedimientos de compra pública de fármacos no cabe la selección. Según el tribunal, lo que debe hacerse es “adquirir bienes en el mercado contratando, a lo largo de toda la vigencia de dicho sistema, con todo operador económico que se comprometa a suministrar los bienes de que se trate en condiciones preestablecidas, sin llevar a cabo una selección entre los operadores interesados y permitiéndoles adherirse a dicho sistema durante toda la vigencia de éste”.
A todo ello se suma el anteproyecto de Contratación Pública, pendiente de aprobación una vez se forme un Gobierno estable. Esta normativa, por la cual España traspondrá la directiva comunitaria en materia de contratación pública, también hace sombra a las subastas. El texto defiende la competencia y pretende asegurar el cumplimiento de los contratos firmados, así como su disolución por determinadas causas. Entre ellas, los desabastecimientos.
