Los pliegos que ha remitido el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) a las comunidades autónomas para que se adhieran al acuerdo marco para la adquisición centralizada de productos sanitarios ha supuesto el desencadenante para que muchas de ellas opten por descolgarse del procedimiento estatal y exploren vías alternativas para obtener los ahorros deseados. Y aunque el Ingesa ha querido restar importancia a este hecho, alegando que es fruto del carácter “flexible” que se le ha querido dar al procedimiento, lo cierto es que los expertos consultados opinan que el éxito de una compra centralizada estatal “viene determinado por la cantidad de regiones que se adhieren”.
En este sentido, hay regiones, como Navarra, que han optado por abandonar todos los lotes, y lejos de alabar la adaptabilidad a la que alude el Ingesa, han lanzado algunas quejas. “El expediente ha sido recurrido, ha quedado anulado y hay que volverlo a iniciar. Además, existen posibilidades de que vuelva a ser recurrido”, explican desde la dirección general de Salud. Por otro lado, los responsables navarros no se sienten cómodos “con el compromiso de gasto plurianual de cuatro años”. Por ello, han decidido no adherirse al acuerdo marco, aunque no descartan, si el expediente sigue adelante, unirse más adelante.
De otro modo, hay regiones como Murcia o La Rioja que han adoptado una posición intermedia, es decir, han permanecido solo en los lotes que consideraban de su interés. Concretamente, el que no les ha resultado atractivo es el destinado a la adquisición de tiras de determinación de glucosa. “Al conocer los pliegos vimos que no iban a solucionar nuestras necesidades”, aseguran desde la consejería de Salud riojana. Una valoración que choca, al menos parcialmente, con la argumentación del Ingesa, que asegura que los lotes se han conformado escuchando a las comunidades y tratando de dar respuesta a sus necesidades. Además, en caso de que estas no se cumplan, este procedimiento no “impide que los servicios de salud adquieran por sí mismos (como hasta ahora) otras variantes del producto”, aseguran desde el organismo dependiente de Sanidad.
Parece que esa va a ser la opción por la que van a optar regiones como Murcia. Los responsables de esta comunidad entienden que “la configuración de los pliegos no es acorde a los objetivos del Sistema Murciano de Salud”. Además de eso, señalan que “la escasa acumulación de volumen que se ha derivado del abandono de la mayoría de comunidades autónomas” dará lugar a que no se consiga el propósito fundamental de la compra centralizada, que no es otro que la generación de ahorros por la agregación de las compras.
Por este motivo, y pese a que no se ha hecho público hasta la fecha, lo cierto es que las autoridades murcianas están estudiando su adhesión al resto de lotes, sin que hayan adoptado aún una posición definitiva. Una situación similar se da con Castilla-La Mancha, cuya dirección general de Planificación ha confirmado a EG que está negociando aún algunos aspectos para decidir su adhesión.
Buscando alternativas
En todo caso, lo que sí están haciendo en Murcia es “analizar las alternativas existentes”, que pasan, como señala Sara Castelo, abogada de Tesera de Hospitalidad y experta en contratación pública, por la puesta en marcha de centrales de compra regionales que pueden beneficiarse de los precios que obtengan otras regiones con el mismo procedimiento.
“La adhesión entre centrales de compras está recogida en la Ley de Contratos del Sector Público. Solo implica un acuerdo entre las partes y que ambas pongan en marcha un procedimiento idéntico, en este caso una central de compras. Esta opción es factible”, asegura Castelo, aludiendo a la posibilidad de que las comunidades pequeñas puedan beneficiarse de las condiciones de las que tienen una mayor capacidad de negociación.
Además de eso, existe la opción de que las comunidades en cuestión pongan en marcha sus propios procedimientos y, sin la necesidad de adherirse al de otras regiones, de que incluyan en los pliegos cláusulas para revisar los precios de adjudicación con base en los que las mismas compañías ofrezcan a otras regiones. Esto es algo que ya hacen, por ejemplo, Andalucía y Navarra. “Aunque esas cláusulas son discutibles, y de hecho han sido recurridas en algunas ocasión, lo cierto es que es una posibilidad a la que se pueden acoger las comunidades que decidan emprender el camino por su cuenta”, concluye la abogada.
En lo que tiene que ver con la industria, destacar que la patronal de la industria de tecnología sanitaria ha preferido no hacer declaraciones, pese a que hay compañías que han reconocido a EG que están en completo desacuerdo con las condiciones del Ingesa. Concretamente, preocupa que se mantenga el adjudicatario único en los contratos derivados. “Esto es negativo para las comunidades autónomas, para las compañías y para el Estado, ya que las empresas no adjudicatarias se verían obligadas a valorar la posibilidad de abandonar el país”.
