La falta de cohesión en el Sistema Nacional de Salud, con la consecuente disparidad que afecta a los ciudadanos españoles dependiendo de su lugar de residencia, se ha acrecentado durante el último lustro amparada en la difícil coyuntura económica por la que atraviesa el país. Desde Galicia a Andalucía, pasando por Cataluña, Comunidad Valenciana o Madrid, muchas han sido las políticas en materia farmacéutica o sanitaria que han fomentado la desigualdad. Todas ellas están marcadas políticamente, pues las argumentaciones se cruzan dependiendo de quién gobierne una región u otra.
En un análisis cronológico, el primer caso nos lleva hasta la actual secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas. Fue en su etapa como consejera de Sanidad de Galicia cuando desarrolló el Catálogo Priorizado de Fármacos (conocido como el cataloguiño). Aquella medida obligaba a prescribir y dispensar ciertos fármacos en detrimento de otros bajo un único criterio, el economicista. Ante esta ‘aventura’ el sector se puso en contra, pero no fue el único. El ministerio de Sanidad, comandado entonces por la socialista Leire Pajín, llevó la medida al Tribunal Constitucional hasta conseguir su suspensión, si bien el órgano jurisdiccional la amnistió meses después mientras decide ahora sobre el fondo de la cuestión.
La historia del cataloguiño y sus pésimas consecuencias para el sector retrae de la memoria los albores de las subastas de fármacos. Con el objetivo de promover un ahorro que jamás ha alcanzado, el gobierno de la Junta de Andalucía decidió desarrollar un monopolio por principios activos al mejor postor. Su evolución fue un símil calcado al de la norma gallega: recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del gobierno que preside Mariano Rajoy, suspensión de la norma y posterior amparo del tribunal hasta que decida sobre el fondo de la cuestión. Hoy, desarrollado el cuarto concurso y renovado hasta final de año el primero, la iniciativa es un quebradero de cabeza para el ministerio y una merma a la libre competencia en el 20 por ciento, aproximadamente, del mercado farmacéutico español.
En la Comunidad Valenciana también optaron por constreñir la libertad de prescripción del médico para recetar ciertos principios activos. Los algoritmos supusieron otro golpe al sector, que vio como las distintas administraciones ponían siempre en el ojo del huracán al gasto farmacéutico como enemigo de los maltrechos presupuestos autonómicos. Pese a la insistencia del sector para que esta medida fuese orientativa, lo cierto es que la consejería de Sanidad valenciana sigue desarrollando nuevos árboles que facilitan la prescripción de unos medicamentos frente a otros. Sin embargo, esta medida ha pasado de puntilla ante la mirada del poder ejecutivo y ha evitado enfrascarse en un litigio competencial.
Pese a los continuos ataques a la cohesión del SNS, sí que existen medidas que no llegaron a buen puerto. Los euros por receta madrileño y catalán han sido las únicas ‘aventuras’ recientes que se perdieron en el océano. El gobierno actual emprendió sendas acciones legislativas ante el Tribunal Constitucional que acabaron con las medidas. Sin embargo, como estuvieron en vigor durante un tiempo, los ciudadanos de ambas autonomías tuvieron que desembolsar una cantidad que ningún otro español tuvo que hacer y aún está pendiente la restitución económica.
Si se busca un denominador común en todas estas historias, la mayor parte de las veces el protagonista es el Tribunal Constitucional, quien ha tenido que realizar ‘horas extras’ para dilucidar si unas competencias que son estatales son violadas por la capacidad de gestión económica que tienen las comunidades autónomas y viceversa. Un refuerzo que ha buscado el gobierno actual para velar por que todo ciudadano sea tratado con las mismas garantías y posibilidades viva donde viva fue la Ley 10/2013, por el cual se modificó la Ley de Garantías en su artículo 88.
Sin embargo, a pesar de esta modificación, hemos visto desarrollar nuevas subastas, incluso en hospitales. Las Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs) desarrolladas por Andalucía seleccionan fármacos según la indicación sin tener en cuenta otros criterios farmacológicos que distintas sociedades científicas han puesto en tela de juicio. De hecho, en algunos lotes se encuentran productos biológicos para los que existen medidas específicas de no sustitución. Esta medida, de momento, sigue enfrascada en un primer paso: el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía, quien invalidó unos primeros pliegos ante los recursos del sector y pacientes y ahora dilucida sobre una segunda versión de esos pliegos.
Ante toda esta cascada de individualidades autonómicas, muchas han sido las voces que han intentado poner juicio. “Si se tienen que aprobar medidas para reducir el gasto, lo menos que pueden hacer es ponerse de acuerdo para no marear a los pacientes”, explicó Julián García Vargas, ex ministro de Sanidad desde 1986 a 1991. Sin embargo, recientemente Agustín Rivero, director general de Farmacia del ministerio, explicó que, a excepción de las subastas y el euro por receta, el resto de las medidas emprendidas “están dentro del ámbito de gestión, cuyas competencias son de las comunidades autónomas”.
Artículo 88 de la Ley de Garantías
Con la última modificación legislativa, el texto explica que “las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos que puedan adoptar las comunidades autónomas no producirán diferencias en acceso”.
Libertad de prescripción
Muchas sociedades científicas y médicas han denunciado en más de una ocasión que medidas como el cataloguiño, los algoritmos o las ATEs menoscaban la libertad de prescripción del facultativo correspondiente.
Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional suele ser el árbitro de estas ‘contiendas’ sanitarias. Hasta ahora, ha suprimido el euro por receta tanto en Madrid como en Cataluña y se espera su resolución sobre el cataloguiño gallego y las subastas de Andalucía.
