Gaspar Llamazares y Concepciò Tarruella, portavoces de Sanidad de La Izquierda Plural y de CiU en el Congreso de los Diputados, se convirtieron la semana pasada en el mejor ejemplo de la paradoja que encierran las enmiendas 87 y 88 presentadas por el grupo popular al proyecto de reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas. De manera excepcional, ambos estuvieron presentes en la Comisión de Hacienda encargada de dictaminar un proyecto que ‘condena’ a la de Sanidad a asistir como mero convidado de piedra.
La idea de que el grupo popular está detrayendo “un debate de profundidad” en la comisión pertinente la lanzó precisamente el portavoz de CiU en la Comisión de Hacienda, Antoni Picó, que dejó ver otras críticas a la forma de las enmiendas. “El grupo popular nos tiene acostumbrados a incluir en proyectos de ley enmiendas sorpresa que no tienen relación con el objeto del proyecto de ley. No es la primera vez que acabamos debatiendo más esas enmiendas inconexas que el propio proyecto”, señaló. Tampoco el PSOE aprueba el proceder del grupo mayoritario: “de tapadillo”, utilizando la vía de la enmienda “en un proyecto de ley ajeno a la Sanidad”, que no ha sido informado ni tan siquiera en el CISNS y cuyo contenido se calló el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el debate de totalidad de la Cámara Baja, según resumió la diputada María José Vázquez.
Si las formas no gustan, menos aún el contenido de unas enmiendas que, tras ser incluidas en el dictamen del proyecto (con los votos a favor del PP, la abstención de UPyD y el rechazo del resto), han quedado abiertas a la negociación dentro del trámite parlamentario tanto en el Congreso como en el Senado. “Inasumible”, “desleal” e “invasora” son algunos de los calificativos que la oposición vincula al instrumento de gasto farmacéutico propuesto por el PP. “No tiene sentido ligar la financiación de cada comunidad con el crecimiento del PIB nacional, pero es que además, en época de recesión castigamos a la financiación del sistema sanitario. Las comunidades ya tienen que cumplir regla de gasto. ¿Por qué pone el gobierno regla de gasto específico al sistema sanitario?”, preguntó Vázquez.
Desde Hacienda
Los diputados de Hacienda también reconocen que no solo sus compañeros de Sanidad los que están asistiendo mudos a este debate. “Desde el Ministerio de Sanidad esto puede ser un mero asunto administrativo, pero desde las comunidades la medida no es administrativo, sino real y con efectos reales, que afectará al nivel de atención de los servicios sanitarios”, alertó Picó.
Ciertamente, ante la imposibilidad de que la Comisión de Sanidad pueda participar en el debate de estas enmiendas, son las consejerías de Sanidad las únicas que puedan alzar su voz. Andalucía lo hizo la semana pasada, utilizando la vía del intervencionismo en una nota de prensa muy crítica con la propuesta.
La consejera de Salud en funciones, María José Sánchez, criticó que el PP ha aprobado “otro recorte encubierto de la Sanidad” desde Hacienda. “El PP ataca directamente la cartera de servicios complementaria de las comunidades autónomas en la que, en Andalucía, se encuentran prestaciones como el Diagnóstico Genético Preimplantatorio, la prueba del talón para determinadas enfermedades que no están en la cartera común básica de servicios, la atención bucodental o la gratuidad de los medicamentos para los menores de un año”… Prestaciones que Andalucía debería retirar si no cumple con las condiciones impuestas por el Gobierno.
