La salud pública europea ve en la directiva de secretos comerciales otra amenaza sanitaria

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01 abr 2015 - 13:00 h
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Un total de 45 organizaciones europeas, entre ellas varias que trabajan en el sector de la salud pública, como la EPHA, han remitido un comunicado conjunto en el que urgen al Consejo y al Parlamento Europeo a enmendar la propuesta de directiva con la que la Comisión Europea quiere definir exactamente qué es un secreto comercial. A su juicio, es necesario limitar esa definición reforzando salvaguardas y excepciones para asegurar que ciertos datos no queden blindados como secretos.

Según el comunicado, la información pública debería ser la norma; y el secreto comercial, la excepción. En el terreno sanitario, las preocupaciones giran en torno a la posibilidad de que la industria, especialmente la farmacéutica, puedan usar la directiva para evitar cumplir con las políticas de transparencia, incluso en cuestiones que pueden ser de interés público. “Las compañías farmacéuticas argumentan que todos los aspectos del desarrollo clínico deben considerarse un secreto comercial; sin embargo, el acceso a los datos de investigación biomédica por las autoridades reguladoras, los investigadores, los médicos y los pacientes —especialmente sobre la eficacia del fármaco y las reacciones adversas— es fundamental para la protección de la seguridad del paciente y la realización de nuevas investigaciones y análisis independientes”, señalan las organizaciones.

Hacer pública esta información también impediría “que los escasos recursos públicos se gasten en terapias que no son mejores que los tratamientos existentes, no funcionan o hacen más daño que bien”, defienden los firmantes, que asimismo apuestan por la transparencia para evitar la duplicación innecesaria de los ensayos clínicos.

La coalición circunscribe la nueva directiva que planea Bruselas en el marco de la presión conjuntan que la industria europea y norteamericana estarían realizando de cara al TTIP. De hecho, en el Congreso de los Estados Unidos hay pendientes dos proyectos de ley que pretenden incluir la protección de secretos comerciales en el Tratado de Comercio Transatlántico.

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