El Consejo Económico y Social (CES) ha emitido un dictamen en el critica la labor del Ministerio de Hacienda en el desarrollo legislativo de la nueva Ley de Contratación Pública, que debe incorporar las directivas europeas 2014/23, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, y la 2014/24, sobre contratación pública, y cuyo plazo límite está fijado el 18 de abril de 2016. Estas transposiciones han sido calificadas por el vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad, Julio Sánchez Fierro, como pilares de la libre competencia y el fiel cumplimiento de los contratos, circunstancia que, según argumenta, podrían dar al traste con las subastas de medicamentos.
El CES hace hincapié en defender el tejido industrial impidiendo la licitación de ofertas “anormalmente bajas”. Según este organismo, el Ministerio de Hacienda ha realizado una transposición incompleta de las directivas europeas, sobre todo, “en lo relativo a los criterios de valoración de las ofertas”. Si Hacienda no refuerza su texto se podrían dar casos de ‘dumping social’, perdiendo la capacidad industrial del país. Este es el caso de algunas de las compañías adjudicatarias de las subastas de medicamentos, que bajan considerablemente los precios de algunos fármacos porque los producen en países cuyos trabajadores no disponen de los derechos laborales existentes en España, entre otros factores.
Las críticas del CES también se centran en que el anteproyecto presentado tiene referencias imprecisas “a la hora de referirse al respeto de las normas sociales, laborales y medioambientales” y “a la lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses”. Asimismo, este organismo entiende que se produce un exceso de remisiones normativas sin especificar el contenido, “como ocurre por ejemplo en el artículo 71 y siguientes, relativos a la prohibición de contratar”.
En este sentido, el CES estima que, en aras del cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad, libre concurrencia y no discriminación, “resultaría conveniente verificar los límites que encuadran la llamada discrecionalidad técnica, para lo cual las comisiones técnicas deberían desglosar la puntuación relativa a los diferentes parámetros previstos”.
