Las consecuencias de la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de mantener la suspensión cautelar de la ‘externalización sanitaria’ van mucho más del relevo en la consejería de Sanidad madrileña. La marcha atrás al proceso de externalización por parte del gobierno regional ha dado alas a los detractores del mismo, que quieren ver en Madrid la primera ficha de un ‘efecto dominó’ que se extienda por otras comunidades.
“Frenar la privatización en Madrid también supone una señal muy fuerte a la privatización que se está iniciando en otras comunidades”, señaló Trinidad Jiménez. La diputada y secretaria de Política Social del PSOE hacía referencia a comunidades del PP, como Castilla-La Mancha, La Rioja o la Comunidad Valenciana (en esta la oposición y los sindicatos han exigido ya que se revierta el ‘modelo Alzira’), pero el uso de la colaboración público-privada como herramienta para controlar el gasto sanitario es una herramienta generalizada en todo el SNS. Por ello, algunas comunidades se han apresurado a desmarcarse de Madrid. Cataluña, Valencia y Andalucía aseguran que su modelo es distinto: la concertación, dicen, no es privatización.
Las consecuencias del cambio en Madrid han tocado, por último, a la ministra de Sanidad, Ana Mato. Tanto el PSOE como IU han pedido su comparecencia en el Congreso de los Diputados. El primero para que se pronuncie sobre la externalización; el segundo para que explique, además, la “complicidad” del Gobierno en los planes privatizadores de Madrid. Gaspar Llamazares, portavoz sanitario de Izquierda Plural, niega que el Estado no tuviera nada que decir al respecto, como siempre sostuvo la ministra. A su juicio, Sanidad tenía competencias y las no ejerció.
El ministerio, por su parte, sigue manifestando su respeto a las decisiones adoptadas por Madrid, ya que son las comunidades las que tienen las competencias sobre la gestión de la sanidad en su territorio. En defensa de la ministra ha salido, además, el Grupo Popular en el Congreso. Su portavoz de Sanidad, Rubén Moreno, asegura que lo único que ha hecho la ministra en toda la legislatura es “respetar la legislación vigente”.
Mano tendida
En Madrid, y superada la euforia inicial, las manos están tendidas al nuevo consejero, Javier Rodríguez, que se ha marcado como objetivo recuperar las “maltrechas” relaciones con los profesionales sanitarios. Estos, no obstante, ya han dicho que continuarán con su labor de vigilancia y denuncia contra los recortes… Todo un aviso al departamento sanitario madrileño, que a falta de externalización tendrá que conseguir los ahorros previstos de otra manera.
Farmaindustria y el IDIS ya han ofrecido al nuevo consejero su total colaboración para garantizar que los madrileños reciben una prestación farmacéutica y sanitaria de la máxima calidad.
Difícil papeleta la de Francisco Javier Rodríguez. El pasado 27 de enero por la mañana, en la reunión de la diputación permanente de la Asamblea de Madrid, cuando aún era portavoz de Sanidad del Grupo Popular, defendía por enésima vez el plan privatizador del Gobierno de Madrid. La próxima vez que acuda a la cámara será como consejero de Sanidad, y lo que tendrá que defender es la renuncia de la que hasta ahora ha sido la principal baza sanitaria del Ejecutivo de Ignacio González.
Tiene a su favor dos cosas. Por un lado, una dilatada carrera política que acumula más de 30 años de experiencia. Más sabe el diablo por viejo … Y que sabe moverse muy bien en esos círculos lo demuestra además el hecho de que, pese a haber estado vinculado estrechamente a la alcaldía de Alberto Ruíz Gallardón, supo mantenerse a flote en el PP de Madrid tras la marcha de este al Ministerio de Justicia.
Además, tiene eso que los profesionales y sectores que trabajan en el sector sanitario y farmacéutico valoran tanto: experiencia y conocimiento del ramo. No solo es político de cepa, sino médico de formación, cirujano para más señas, y especialista en Medicina Interna y Nefrología.
En su contra tiene el reloj electoral. El nuevo consejero tiene algo más de un año para superar el impasse en el que se encuentran las políticas sanitarias de Madrid y demostrar que el suyo es algo más que un nombramiento pasajero hasta los comicios de mayo de 2015.
