Desde la aparición de la última generación de fármacos contra la hepatitis C, el debate sobre el precio de las innovaciones farmacéuticas, el acceso a las mismas y la sostenibilidad del sistema ha crecido en envergadura, al tiempo que algunas posturas se han polarizado hasta enrocarse en la petición de licencias obligatorias. Consciente de que es percibida como un “enemigo” y no como un “compañero de viaje”, la industria farmacéutica aprovechó un foro organizado por la Organización Médica Colegial (OMC) sobre la Ley de Patentes para solicitar “perspectiva” en la materia. Existen posibilidades de afrontar el problema, si hay colaboración y se evitan abusos de posición dominante.
Las posturas de partida también son compartidas. “El beneficio comercial, legítimo y que hay que preservar, no debe enturbiar los beneficios clínicos ni poner en tela de juicio la sostenibilidad del sistema”, señaló Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC. Con ello coincidieron los dos representantes de la industria: Javier Urzay, subdirector general de Farmaindustria, y José Luis García, director médico de Celgene España. La industria está de acuerdo en que el derecho a la vida debe prevalecer por encima de cualquier otro. “El problema no es la patente; sino el abuso de la patente”, señaló José Luis García.
La industria considera que el precio de los medicamentos es complejo y presenta demasiadas limitaciones como para fijarse exclusivamente en él a la hora de tomar decisiones. Urzay consideró necesario buscar mecanismos novedosos para financiar la innovación, que impliquen ver al medicamento como una inversión y no como un gasto. Si este cambio cultural se produjera, España debería además, a su juicio, analizar a fondo su aportación terapéutica, ver que es costo-efectivo y medir los resultados en salud. En esta línea planteó el representante de Celgene las posibilidades que arroja un acuerdo industria-Estado en resultados en salud, como los QALY de Reino Unido. No es la única área posible de colaboración. “¿Por qué no compartir riesgos? ¿Por qué no buscar medidas para que la inversión no sea tan costosa?”, se preguntó José Luis García.
No obstante, aunque el trabajo conjunto también forma parte del discurso del sector público, la relación sigue dejando mucho donde mejorar. En la industria existe la percepción de que la administración lanza mensajes ‘contradictorios’. García hizo referencia a diversos “obstáculos regulatorios” que en la práctica dificultan el acceso. Entre ellos, la revaluación de los IPT del Ministerio, una revaluación que, según dijo, ha llegado a venir desde comunidades autónomas que participaron en la elaboración del IPT.
Junto a ello están los distintos plazos que industria y administración manejan en la toma de decisiones. Según el representante de Celgene, en España ronda el año, plazo al que hay que sumar entre otros 6 y 12 meses por procesos autonómicos, y otro año más si de lo que se habla es de cobro. Todos estos datos fueron rebatidos por el subdirector de Calidad de los Medicamentos del Ministerio de Sanidad. Según Carlos Lens, el plazo de pago a hospitales está en 110 días y de precio y reembolso ha pasado de 14 meses en 2011 a 116 días. Además, señaló que este plazo sería de unos 60 o 75 de no ser por la “burocracia interna” de las multinaciones, que “impiden” a las filiales negociar precios a la baja.
¿No es sostenible?
Dentro de la industria también gana peso el argumento de que existen muchas gastos públicos ‘discutibles’. Urzay puso como ejemplo la red ferroviaria. Después de haber invertido 40.000 millones de euros en trenes de alta velocidad, España hoy dispone de una red que es la tercera del mundo, la menos utilizada y la más deficitaria. Frente a ella, Urzay contrapuso el Plan Nacional para la Hepatitis C. Aunque incrementa una factura acostumbrada a descender, el gasto anual solo supone, según sus cifras, un 8 por ciento del gasto farmacéutico de los hospitales. “¿Eso es insostenible para un país como España?”, se preguntó.
Un argumento similar empleó el representante de Celgene en el ámbito del gasto por receta. Hoy, el 15 por ciento de los impuestos va para el SNS. De ese porcentaje, otro 15 por ciento es para el gasto farmacéutico: 2 euros, según José Luis García. “¿Dos euros no son sostenibles? Porque esos dos euros pagan todos los medicamentos innovadores y genéricos”, añadió.
