Las elecciones autonómicas y municipales han transformado el mapa político. Muchas regiones han cambiado su color y lo han tenido que hacer a través de pactos con nuevas formaciones políticas. Unos cambios que afectan de forma directa a las políticas de acceso al mercado. A pesar de los numerosos cambios y pactos, la industria farmacéutica espera que las nuevas administraciones fomenten las políticas de acceso de innovaciones al mercado.
Desde Boehringer Ingelheim, su director de Public Affairs, Santiago Culí, espera que “independientemente del color político, se siga considerando el valor que aporta la innovación a los pacientes y, velando por la sostenibilidad de los sistemas autonómicos de Salud, se favorezca que de forma equitativa un paciente pueda ser tratado con acceso a las más innovadoras terapias, en cualquier comunidad del país”. Por su parte, Federico Plaza, director de Government Affairs de Roche, considera que estos cambios “sean percibidos como una oportunidad para corregir los problemas actuales de equidad a los que se enfrentan los pacientes dependiendo de la comunidad en la que residan. De este modo, aconseja a las administraciones “planificar de forma anticipada la llegada de medicamentos innovadores en consonancia con su impacto presupuestario”.
En la misma línea se muestra Teresa Millán, directora de Asuntos Corporativos de Lilly, quien espera que los cambios producidos “favorezcan la eliminación de barreras de acceso de los medicamentos innovadores, eviten las desigualdades entre comunidades y consigan que todos los pacientes tengan las mismas posibilidades de acceso”. Lo relevante, según Guillermo de Juan, director de Relaciones Institucionales y Acceso de AstraZeneca, “es la habilidad y capacidad de cada comunidad de gestionar el déficit de los próximos años sin necesidad de adoptar medidas que perjudiquen el acceso al mercado de los medicamentos”. Desde su punto de vista, los pactos adoptados en algunas comunidades pueden tener efectos positivos pues, dice, “generará diálogo y potenciará la adopción de medidas mediante el consenso”.
Una percepción que no es compartida por Regina Múzquiz, directora de Relaciones Institucionales de PharMamar, quien considera que estos pactos “complicarán la definición de políticas de acceso”. A su manera de ver, “lograr consensos será una ardua tarea en un país en el que la cultura de los pactos no está bien consolidada”. En este sentido, Culí, también apunta a una posible falta de estabilidad que afectará a todos, “incluidos los políticos y por tanto, sus alianzas”. Aquí, dice, “preocupa que a los pacientes les sea aplicado el mejor tratamiento, para que se reponga cuanto antes y pueda llevar una vida normal”.
Importar medidas
Desde Sanofi alertan de la posible exportación de políticas a otras comunidades que puedan perjudicar al acceso. “La nueva orientación en política sanitaria que ya se ha anunciado en algunas comunidades como Comunidad Valenciana, Extremadura o matizadamente en Madrid, parece prever algunos cambios en la política de medicamento: copagos, colaboración público privada y acceso a la innovación farmacológica vuelven a estar en la agenda de las prioridades de las nuevas consejerías de sanidad”, explica David Elvira, director de Relaciones Corporativas de Sanofi.
De este modo, manifiesta, “parece claro que algunas nuevas consejerías tienen previsto importar algunas medidas implantadas en gobiernos regionales de su mismo color”, como pueden ser las subastas o las equivalencias terapéuticas. No obstante, en el marco incierto de la estabilidad de los gobiernos regionales de coalición, asevera, “no parece que existan claras discrepancias ideológicas en cuanto a políticas de medicamento”.
De otro modo, Juan José Francisco Polledo, director de Acceso, Relaciones Institucionales y Comunicación de Pfizer, tiene claro que las políticas de acceso podrán verse afectadas y sufrir cambios con los nuevos gobiernos regionales. No obstante, no cree que los nuevos pactos aporten inestabilidad pues, tal y como indica, “dependerá de qué tan fluida sea la acción del Gobierno derivada de un acuerdo de colaboración”.
Independientemente del mapa político de cada comunidad, desde Bayer, recuerdan que “la sanidad pública es un derecho para todos los ciudadanos” y esperan que “estos cambios vayan encaminados a mejorar el acceso rápido e igualitario de los pacientes a los fármacos más adecuados para sus dolencias”.
Santiago Almazán, Governmental Affairs & Policy senior manager de Merck, cree que lo más posible es que “si las políticas no están bien consensuadas desde el principio, haya problemas por no existir unos criterios claros”. En este sentido, Cristina Bando, Market Acces & Hospitals national manager de la compañía, considera que este escenario “nos lleva a tener que realizar un esfuerzo para encontrar de forma paciente el diálogo desde el entendimiento”. Un diálogo que, según dice, “nos llevará tiempo y esfuerzo”.
Dificultades para el consenso
Así ve el panorama político Pedro Alsina, director de Relaciones Institucionales de Sanofi Pasteur MSD, que explica que “la ausencia de mayoría de un partido político en el seno del Consejo Interterritorial dificultará el consenso”. Así, dice, “se abre un periodo en el que el diálogo será clave, así como la necesidad de que las decisiones del Consejo Interterritorial sean vinculantes para las comunidades, de forma que no se generen desigualdades, ni se produzcan retrasos en la toma de decisiones relevantes”.
Por su parte, Bernardo Alonso, director ejecutivo de Market Access de MSD, insiste en la importancia del papel del gobierno central y de las comunidades autónomas “para aprobar medidas y alcanzar acuerdos que favorezcan la sostenibilidad” y, aquí, llama al diálogo en pro del bienestar del paciente.
Riesgo compartido
Por otro lado, la mayoría de las compañías se muestran abiertas a la posibilidad de continuar trabajando en la adopción de nuevos acuerdos de riesgo compartido o pago por resultados, como ya se ha venido haciendo en varias comunidades. No obstante, tal y como apuntan desde PharmaMar, “lo deseable sería que el Estado definiera el marco de juego para evitar, por un lado, inequidades interterritoriales y, por otro, la fragmentación del mercado farmacéutico en diecisiete submercados”. Con todo, la industria parece dispuesta a seguir tendiendo la mano independientemente del color de la región.
