Alberto Cornejo Madrid | viernes, 27 de noviembre de 2015 h |

“Así, no”. Muchas han sido las ocasiones en la que, ante una cita electoral general y/o autonómica, había que buscar a fondo en los programas de los partidos políticos para encontrar referencias concretas sobre sus propuestas en política farmacéutica o, en el mejor de los casos, concretas al sector de la oficina de farmacia. Menos aún que las boticas tuviesen protagonismo alguno en debates, declaraciones públicas o mítines en las semanas previas al paso por las urnas. No es el caso de la convocatoria electoral fijada para el 20 de diciembre, en cuya precampaña la palabra “farmacia” sí forma parte del lenguaje común. No obstante, muy lejos de un protagonismo “en positivo” que desearía la propia profesión.

Los impagos de recetas a estos establecimientos, con Cataluña como principal señalada, siguen formando parte del cruce de declaraciones. O de acusaciones, convendría concretar. En esta suerte de partido de tenis con la farmacia como pelota, José Ignacio Echániz, secretario general de Sanidad del Partido Popular y candidato al Congreso de los Diputados, declara a EG que “mientras que nosotros pagábamos a las farmacias y los productos que curan y salvan vidas, hay quienes estaban abriendo embajadas fuera de España y haciendo una deriva poco responsable para la Nación”. Desde el otro lado de la pista, Artur Mas, presidente en funciones de Cataluña, devolvía el ‘golpe’ y culpaba directamente “a la gestión del Gobierno central” de los impagos a estos establecimientos.

Otros ‘jugadores’ en esta cita del 20-D, como el PSOE, también han criticado que las partidas del FLA aún no hayan llegado a las regiones para afrontar las deudas con proveedores con las farmacias y, en concreto, que se pongan especiales condiciones a una región, como Cataluña, donde la deuda con sus boticas supera los 330 millones de euros. “El Gobierno utiliza electoralmente la situación de Cataluña. Es fundamental que los recursos para pagar a estos proveedores lleguen cuanto antes y no hay que desconectar la posición del Gobierno con Cataluña al respecto con un planteamiento electoralista”, manifiesta a EG José Martínez Olmos, candidato del PSOE al Senado y ex portavoz de Sanidad en el Congreso del grupo socialista.

Todas estas manifestaciones no pasan desapercibidas para la profesión farmacia. Por ejemplo, la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) denuncia que “algunas declaraciones de representantes de la Administración no respetan ni son sensibles con la gravedad de la situación que sufren las farmacias con impagos”.

Cataluña empieza a “cumplir”

Parecía que la reciente aprobación en el Consejo de Ministros del día 20 de noviembre del reparto del remanente del FLA haría llegar la tranquilidad a las boticas que sufren impagos. No es el caso, al menos de forma completa. De momento, ninguna Administración regional que adeuda facturas a sus boticas (Cataluña, Aragón, Extremadura y Comunidad Valenciana) ha podido ofrecer aún una fecha concreta para su abono, ya que desconocen a su vez cuándo recibirán estas partidas.

Por ejemplo, basta recordar la desafortunada ‘invitación’ del número 2 de la Consejería de Economía de Cataluña, Albert Carreras, a que los farmacéuticos catalanes “pongan una vela a su patrona” para saber cuándo cobrarán las facturas pendientes vía FLA extraordinario. En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaria ha confirmado que la Generalitat ha empezado a cumplir las especiales condiciones exigidas por el Gobierno central de forma previa al envío de los 3.034 millones asignados de este remanente. Así, según informó Saénz de Santamaria, Cataluña ha mostrado su intención de incorporarse a la facturación electrónica y ha confirmado que ya se encuentra elaborando el informe con el que corroborar el cumplimiento de los pagos a proveedores.

Dado este paso adelante de Cataluña, la vicepresidenta del Gobierno confirmó el envío el pasado 27 de noviembre de 319 millones de euros del FLA ordinario correspondiente al mes de noviembre, que también estaban sujetos a esa “condicionalidad”. De esta cifra, 101 millones de euros deben ser destinados “expresamente” por la Generalitat al pago de las recetas de julio a las boticas.