La decisión adoptada por la Comisión Europea de cerrar definitivamente el dictamen motivado que abrió el 28 de junio de 2006 contra el modelo farmacéutico español, basado en una planificación regulación y en la obligatoriedad de la titularidad farmacéutica, ha sido aplaudida por los farmacéuticos españoles. Una decisión que, a pesar de ser esperada tras las sentencias del Tribunal de Luxemburgo sobre los denominados casos italiano y alemán y el fallo acerca de la cuestión prejudicial asturiana, ha sido muy bien acogida por los boticarios porque cierra definitivamente la puerta de la liberalización vía Bruselas.
Así, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos se valoró “muy positivamente” la decisión adoptada por Bruselas e insistieron en recordar que se trata “del fruto del intenso trabajo y de las gestiones realizadas por el Consejo General siempre en coordinación y con el apoyo del Gobierno de España”.
Del mismo modo, para la patronal estatal de oficinas de farmacia, FEFE, es una decisión que compensa los esfuerzos realizados en defensa del modelo. “Es una noticia que habría que agradecer mucho tanto a FEFE como al COF de Valencia que presidía Javier Climent, ya que abrimos una puerta y siempre confiamos en el modelo”, afirmó su presidente, Fernando Redondo. Por ello, mostró su satisfacción por la victoria de un modelo “muy eficiente y barato”.
Por su parte, Pilar Navajas, presidenta de la patronal Fenofar, calificó la decisión de “magnífica”, sobre todo porque en los últimos meses “volvieron a aparecer voces liberalizadoras, como la de la Fundación Alternativas”. Así, para ella, a pesar de ser esperada “tenía que confirmarse”, algo que permitirá a los farmacéuticos “centrarnos en los problemas de impagos y viabilidad que ahora es el caballo de batalla de las farmacias”.
Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, una de las instituciones farmacéuticas que más se implicaron en la batalla a favor del modelo en Bruselas, su actual presidenta, María Teresa Guardiola, mostró alegría por la decisión. “Queremos ser los mejores farmacéuticos de Europa y seguir garantizando el derecho a la Salud y a la calidad de vida de todos los españoles, y el modelo mediterráneo de farmacia se ha demostrado y ratificado que es el que mejor sirve a los ciudadanos. Así lo hemos defendido y defenderemos en cualquier foro nacional e internacional”, manifestó.
Más de cinco años
El 13 de julio de 2005 la Comisión Europea emplazó al Gobierno español a modificar su legislación farmacéutica por considerar que la misma contravenía el artículo 43 del Tratado de la UE, que consagra la libertad de establecimiento en Europa. Casi un año después, el 28 de junio de 2006 abrió un dictamen motivado a España, en el que conminaba a modificar esta legislación para evitar llegar ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Esta herencia dejada por el anterior comisario de Mercado Interior de la Unión Europea, Charlie McCreevy, dormía en algún cajón del despacho que ahora ocupa su sucesor en el cargo, Michel Barnier, desde que el Tribunal de Luxemburgo dictase sentencia por el ‘caso italiano’ y el ‘caso alemán’ el 19 de mayo de 2009.
En este sentido, cabe recordar que la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo sobre estos dos asuntos reconoció la facultad de los Estados miembro para decidir el nivel de protección de la Salud pública y, por tanto, a establecer restricciones justificadas en la regulación de autorización y establecimiento de sus oficinas de farmacia. Es decir, un aval al modelo español de farmacia y un golpe mortal para los dictámenes motivados que se abrieron en ese sentido contra, además del nuestro, otros países como Francia, Austria, Alemania, Chipre, Portugal, Bulgaria y Grecia.
13/7/2005. La CE pide al Gobierno modificar las restricciones al libre establecimiento de farmacias por atentar contra el artículo 43 del Tratado de la UE.
18/10/2005. Respuesta del Gobierno: la competencia corresponde a cada Estado miembro.
28/6/2006. La CE abre un dictamen motivado contra España. Hace lo propio con Austria, Alemania, Francia, Italia y Portugal.
23/5/2007. El Europarlamento rechaza incluir los servicios de salud en la Directiva de Servicios Generales.
16/12/2008. El abogado general del Tribunal de Luxemburgo presenta su informe de conclusiones sobre el ‘caso italiano’ y el ‘caso alemán’. Destaca la potestad de los Estados miembro para organizar sus servicios sanitarios.
19/5//2009. El Tribunal de Luxemburgo falla sobre los casos italiano y alemán. Reconoce la facultad de los Estados miembro para decidir el nivel de protección de la salud pública.
1/6/2010. El Tribunal de Luxemburgo falla sobre el ‘caso asturiano’: considera discriminatorio los baremos que priman la experiencia local y avala, siempre que esté justificada, los criterios de planificación.
24/11/2011. La CE cierra el dictamen motivado.
