Semana Sanitaria:

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16 abr 2014 - 12:00 h
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Aunque los efluvios del pacto entre el Ministerio de Sanidad y Farmaindustria, y la buena sintonía que mantienen Ana Mato y Elvira Sanz puedan llevarnos a pensar que las aguas bajan mansas en el proceloso mundo del medicamento, lo cierto es que la corriente se está poniendo por momentos más brava de lo que muestran las apariencias. No solo por el enfado que impera en un grupo numeroso de compañías medianas y pequeñas por los efectos de los nuevos precios de referencia, un sistema de ahorro que salvaguarda a las grandes compañías y a las que comercializan productos biológicos en los hospitales. Revueltas bajan también las aguas en este pantanoso sector por los llamados ‘precios notificados’, que prometen convertirse en la nueva batalla de moda en el sector. Resulta que, a diferencia de Europa, estos precios son aún un tabú en España por la tendencia innata que muestra la Administración sanitaria a holgazanear cuando debe hacer los deberes y por las presiones de un sector de la distribución que muestra una tendencia innata, casi atávica, a las exportaciones paralelas.

El desaguisado que provoca la situación no es menor. Hay muchas compañías dispuestas a ofertar a la Administración por sus productos precios de cliente preferente que serían bastante inferiores a los ‘precios oficiales europeos’, siempre que dichos precios sean confidenciales, como sucede en la mayor parte de los países de nuestro entorno. Remarco la palabra confidencialidad porque, de lo contrario, se produciría un efecto dominó que precipitaría bajadas en cascada en toda Europa y eso no lo quiere nadie. El caso es que este doble precio o precio notificado no acaba de ser desarrollado por el Ministerio de Sanidad, lo que propicia situaciones curiosas.

La primera es para la propia Administración. Como dichas prácticas no están oficializadas, las arcas públicas no se benefician de descuento alguno, con lo que podrían estarse dilapidando centenares de millones de euros. La segunda es para la industria afectada. Acostumbradas a vender por debajo del precio europeo en otros países, cuando llegan a España las compañías se topan con la cerrazón de las autoridades, que imponen el precio oficial. Y como este no es rentable, el producto deja de comercializarse. Así de simple y así de triste. El tercer efecto se produce en el ámbito estrictamente farmacéutico. La ausencia de un precio notificado impulsa las exportaciones paralelas, lo que no contribuye a mejorar la imagen de los boticarios dentro del sector, sino todo lo contrario. No es de extrañar por ello el enfado que muestran algunos colegios al verse salpicados en el jaleo, porque con ello pierden muchas veces poder negociador.

¿Qué amigos comunes comparten la presidenta de Farmaindustria y la ministra Ana Mato?

¿Qué vínculo hay entre la falta de algunos inmunosupresores que se ha registrado en Cataluña y la falta de precios notificados?

¿Qué alto representante del sector del medicamento se refiere a la cúpula de Fedifar con la palabra “esos”?

¿Cómo justifica un consejero del PP la falta de e-receta en su territorio pese a haber recibido cuantiosas ayudas del Estado?

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