Su nombre correcto y completo es Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, aunque la mayoría se refieren a ella como ‘la Ley de Dependencia’. Una ley que, según califican desde diferentes asociaciones de pacientes, no necesita grandes cambios en su redactado, sino más financiación para poder cumplir todo lo que plantea. Con el objetivo de analizar cuáles son los principales obstáculos con los que se topan las personas que quieren que se les reconozca un cierto grado de dependencia, los trámites más complejos o si existen o no criterios comunes en todas las comunidades autónomas a la hora de asignar prestaciones, se celebró en la sede del grupo Wecare-u el debate ‘Necesidades de las asociaciones de pacientes, alrededor de la Ley de Dependencia’.
Al respecto, María Gálvez, de la Federación Española contra el Parkinson (FEP), advirtió de que existe “una gran demora” en la concesión del grado de dependencia y que llegan a producirse retrasos de un año y medio. Otra situación criticada por Gálvez, y apoyada por el resto de asistentes, es el estatismo al que están sujetas las personas dependientes que ven cómo, pese a que la patología evoluciona, en ocasiones, su grado de discapacidad no fluctúa.
Asimismo, Santos Yuste, de la Liga Reumatológica Española (LIRE), remarcó que la barrera más importante es la que tiene que ver con la gestión de los tiempos. “Los tiempos desde que se presenta la documentación, hasta que se realiza la valoración son muy largos y difieren entre una comunidad y otra”, apuntó, al tiempo que incidió en que mientras que la ley habla de una espera de entre 30 y 45 días la realidad se traduce en, incluso, más de 12 meses.
Carmen Sánchez, presidenta de la Asociación Española contra la Osteoporosis (Aecos), reconoció que la reducción de los presupuestos es uno de los motivos que han propiciado esta situación. Además, agregó: “como la sanidad está transferida a las comunidades y cada una actúa en función a los recursos que dispone, los medios, el número de personas dependientes, etc., se generan inequidades entre una comunidad y otra; incluso dentro de la misma comunidad, dependiendo de quién y cuándo te valore también se ven diferencias”.
A su vez, Yuste cogió el testigo para añadir que, aunque la ley dice que se siga el mismo criterio, las autonomías administran y gestionan los fondos como consideran más oportuno y “adaptan la ley de acuerdo con sus necesidades”.
Más financiación
Otro de los puntos en los que hubo un acuerdo unánime fue en lo que respecta a la financiación.
Los asistentes al encuentro remarcaron que no hay suficientes fondos para llegar a todas las personas que necesitan apoyo y, mucho menos, “si cada comunidad gestiona dichos fondos en función del presupuesto que se le ha adjudicado”, como dijo Gálvez.
Desde la FEP, también se detectó que el número de bajas por defunción supera con creces al número de altas. “Se deja de adjudicar el grado de dependencia a 60 personas y se da de alta a dos”, lo que pone de relieve “que los fondos están disminuyendo y que ya no se concede el grado de discapacidad siguiendo los criterios establecidos”.
También se aprovechó el marco para pedir que el sistema que se emplea para tramitar el grado de discapacidad se aúne con el sistema para solicitar el grado de dependencia. “Hoy por hoy llevan caminos diferentes y deberían confluir en un mismo protocolo”, sugirió Javier Salguero, director del Área de Pacientes, Ashfield Comercial & Medical Services.
Antes de concluir, Yuste insistió en que para darle prioridad a esta ley, se debería contar con otra normativa estatal a largo plazo que estuviese acompañada de una hoja de ruta que marcase los objetivos a conseguir cada año.
Para las personas dependientes —tanto si les han concedido el grado, como si todavía están esperando la respuesta—, las asociaciones de pacientes cumplen una labor fundamental y amortiguan, en cierto sentido, la falta de ayudas económicas que hay disponibles para ellos. Prestan apoyo, ofrecen información, orientan a quienes se dirigen a ellas en busca de respuestas y defienden los derechos de este colectivo. No obstante, durante el encuentro quedó constancia de que procuran estas prestaciones porque si no, no existirían.
Ejemplo de ello, como contó Gálvez, es el caso de las sesiones de rehabilitación que precisan los enfermos de párkinson. “Estas personas deberían poder acceder a ellas, mediante el SNS y no a través de las asociaciones”, precisó, añadiendo que desde la FEP instan a las autoridades a que se alejen del modelo de subvención con el que se trabaja actualmente y se acerquen hacia un modelo de contratación.
Ahorros y costes
Las cifras hablan por sí solas. 34 millones es el coste medio de los servicios que se ofrecen desde las asociaciones de pacientes, según los cálculos establecidos por la FEP. “Del total, 28 millones corresponden a los servicios que están incorporados a la cartera de servicios complementaria”, puntualizó Gálvez. Lo que ‘ahorra’ el sistema de asociaciones al Estado.
En este punto, Salguero afirmó que, sin duda, “la eficiencia podría ser mucho mayor”, al tiempo que Gálvez insistió en que no importa quién realice determinadas acciones, sino que haya alguien que se ocupe de ellas y que se pongan los medios. Al fin y al cabo, dijo Salguero, de lo que se trata es de que “el servicio llegue a quien lo tiene que recibir”. La presidenta de Aecos señaló que la ley está para cumplirla.
Volviendo al ámbito económico, Gálvez recordó que, de esos 34 millones, la mayor parte es copago y la otra proviene de subvenciones y colaboradores privados.
En palabras de Salguero, parte de los servicios que prestan las asociaciones deberían incluirse dentro de las competencias de la ley de Dependencia porque esta directriz puede plantear dos situaciones: el soporte económico y los servicios asociados. “En este último punto, es donde las asociaciones de pacientes entráis a formar parte de esa cadena de servicios dirigida hacia esos pacientes”, precisó.
Si bien es cierto que el gasto para los usuarios seguirá estando presente, al menos, como apuntó Gálvez, permitirá tener “a una persona un poco más autónoma y con mejor calidad de vida”. Otra de las reclamaciones de las asociaciones de pacientes es un cambio de orientación en el sistema sanitario, principalmente enfocado a los pacientes agudos.
“La Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud se aprobó en 2012 sin que hubiese una participación activa de las asociaciones de pacientes y todavía no se ha implementado, ya que cada comunidad va haciendo sus protocolos”, lamentó Gálvez.
Aparte de los medicamentos, los enfermos tienen que tener acceso a los tratamientos sociales que necesitan como la rehabilitación, las sesiones de logopedia, de fisioterapia…, pero no todas las personas pueden permitirse los gastos mensuales que se derivan de estas actividades, concluyeron los presentes.
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