La EPHA pide que la estrategia comercial de la Unión Europea blinde la salud pública

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30 oct 2015 - 14:00 h
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La Alianza Europea por la Salud Pública (EPHA, por sus siglas en inglés) ha demandado a la Comisión Europea un enfoque más amplio en su nueva estrategia internacional de comercio e inversión. Su objetivo es que la política comercial resulte beneficiosa para el mayor número de personas posible, aunque según la Alianza “se queda corta” a la hora de ofrecer salvaguardas que protejan el espacio regulatorio de los estados en la prestación de los servicios sanitarios, así como la calidad de los mismos.

Según la EPHA, la Unión Europea debería dejar suficientemente claro en su documento que ninguna estrategia comercial puede “constreñir” las competencias de los estados a regular, proteger y mejorar la salud, algo a lo que solo menciona en una ocasión. Asimismo, también cree que su propuesta debería reconocer los riesgos que el comercio puede traer para la salud pública.

Toda estrategia comercial, asegura la Alianza, no debería centrarse en los beneficios económicos sino también en los costes económicos y sociales en enfermedades no transmisibles. En este sentido, indica que la propuesta europea “niega” el hecho de que las negociaciones comerciales están teniendo lugar en un contexto de elevado crecimiento de la carga asociada a estas enfermedades. En este sentido, menciona que el incremento de bienes como el alcohol, el tabaco o los pesticidas irá en detrimento de la salud pública ya que pondrá al alcance de los ciudadanos productos más baratos que a largo plazo supondrán incrementos en los costes de enfermedad y de los tratamientos para los futuros gobiernos.

Hasta la fecha, el concepto salud en el contexto de la política comercial se ha centrado en la salud laboral. El nuevo documento europeo vuelve a poner de manifiesto esta postura, aunque también insiste en su política farmacéutica internacional, instando a la Comisión Europea a promover una “ambiciosa agenda global” y un mejor acceso a los medicamentos en los países pobres, mediante una exención indefinida a las leyes de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio.

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