Las reacciones que sigue acumulando la enmienda incluida por el Grupo Popular a la reforma de la Ley de Financiación hacen prever el intenso debate sanitario que tendrá lugar dentro y fuera del Congreso. Al argumento de la sostenibilidad del sistema sanitario se enfrenta no solo el del intervencionismo estatal y la invasión de competencias, sino también el de la incompatibilidad con la política farmacéutica.
La consejera de Sanidad de Andalucía en funciones, María José Sánchez, alerta de que el Gobierno pretende “intervenir de facto” la gestión de las comunidades, concediéndoles “un préstamo a cambio de recortes sanitarios”. En un momento en el que PSOE solicita el blindaje del gasto sanitario y su incremento, el grupo popular viene a propone un porcentaje del 5,3 por ciento del gasto, cuando Andalucía cifra sus necesidades sanitarias en torno al 7.
La visión andaluza anuncia el enfrentamiento frente a algunas regiones (no todas) gobernadas por el PP. El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, se muestra de acuerdo con la propuesta. “De alguna manera hay que poner freno a un posible descontrol del gasto”, dijo. En esta línea se ha situado también la consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, que en relación a una posible penalización para las autonomías cuyo gasto farmacéutico supere el PIB recuerda que el Real Decreto 16/2012 contempla que en el supuesto de insuficiencia financiera no permite a las comunidades aumentar su cartera básica de servicios. Ahora bien, matiza que, en el caso de la Comunidad Valenciana, “ante este supuesto lo más importante es que se modifique la financiación autonómica”. En el lado contrario, también el consejero de Castilla y León es muy crítico con la iniciativa.
Desde el Congreso, Izquierda Unida y PNV profundizan en la línea crítica marcada por el PSOE y CiU (ver EG núm. 692). En este sentido, el portavoz de Sanidad de IU, Gaspar Llamazares, aprovechó su turno de posición en el debate que la Comisión de Sanidad mantuvo sobre una PNL relativa a los fármacos de la hepatitis C para señalar el vínculo que existe entre la enmienda del PP a la reforma de la Ley de Financiación y el “crédito Montoro” que a su juicio constituye el “talón de Aquiles “ incluido en el Plan Estratégico para la Hepatitis C. En este sentido, acusó al PP de “desconectar” dicho crédito “del anuncio de intervención de las comunidades autónomas en relación al gasto farmacéutico”.
En ese punto incide también Joseba Agirretxea, portavoz de Sanidad del PNV. “Desde una perspectiva económica, esta enmienda es contradictoria con la política de medicamentos que el Gobierno español está aplicando en el caso de la Hepatitis C”, dice. Según él, el PIB no puede ser un baremo para limitar el gasto en un ámbito como el sanitario.
Más allá, el grupo vasco considera “denunciable” la metodología empleada por el PP, evitando el informe de los órganos consultivos a través de una enmienda, y cree que “la desconfianza del Gobierno hacia algunas comunidades incumplidoras no es óbice para que se establezca una legislación tan brutalmente intervencionista”. En esta línea, recuerda que País Vasco tiene su propio modelo de financiación y que por tanto “no tiene sentido” esta intervención.
