Las negociaciones para el diseño del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) han suscitado fuertes críticas por parte de la sociedad civil y de algunas organizaciones políticas, las cuales se han quejado del secretismo que envuelve a las conversaciones y también del presunto objetivo de las mismas. Se especula con la posibilidad de que la adopción de un acuerdo de estas características sirva, principalmente, para garantizar un aumento de los beneficios para las grandes corporaciones, socavando, si hiciera falta, los derechos de los ciudadanos.
Hasta el momento, la industria farmacéutica se había mantenido en silencio. Aunque ese silencio se ha roto con el posicionamiento hecho público por la patronal europea (Efpia), que califica algunas argumentaciones lanzadas en contra del TTIP y de la propia industria como ‘mitos’, los cuales trata de desmontar, y destaca los beneficios que el acuerdo de libre de comercio proporcionaría a los distintos stakeholders que operan en el ámbito de la sanidad.
El primero de esos ‘mitos’ tendría que ver con ese secretismo antes aludido. Y, en este sentido, la Efpia hace referencia a la participación de los diferentes actores en las conversaciones. En el caso de la Unión Europea, la patronal cita al Consejo Asesor, formado por representantes de la industria, de los sindicatos, asociaciones de consumidores y ONG’s, los cuales “han podido realizar sus aportaciones de cara a las negociaciones”. Asimismo, la comisaria de Comercio, Cecilia Malmtröm, habría puesto en marcha un portal web con el fin de dar más transparencia al proceso.
El segundo tendría que ver con la supuesta reducción de los estándares de calidad y seguridad que implicaría el TTIP en el caso de los medicamentos. En este sentido, la industria aclara que está “satisfecha con los altos estándares actuales”, y que lo que se persigue es homogeneizar los requerimientos de la EMA y la FDA en el ámbito regulatorio para optimizar los recursos, tanto en el campo del registro como en el de la fabricación. “De este modo”, explican, “los pacientes podrán acceder de forma más rápida a los medicamentos, sin que esto suponga una reducción de la calidad y la seguridad”.
Otra de las críticas que se ha hecho al tratado, y con él a la industria, tiene que ver con la supuesta intención de los laboratorios de limitar la transparencia con respecto a los resultados de los ensayos clínicos. En este sentido, la Efpia alude a la declaración de principios firmada junto con la patronal americana (PhRMA), por la que el sector se comprometió a compartir los resultados de los ensayos, poniendo como única limitación la protección de la privacidad de los pacientes, así como de la información comercialmente sensible.
Este último concepto, que podría resultar demasiado abierto a la interpretación, ha sido bien definido por la EMA, por lo que cabría esperar que fuera la FDA la que interiorizara en este caso la posición de la parte europea, más avanzada en este campo.
La solicitud que hace la Efpia, en este sentido, tiene que ver con “la homogeneización de los campos para el registro de los resultados de los ensayos, de forma que simplifique el proceso, se reduzcan los costes y se acelere la disponibilidad de la información”.
Otro de los ‘mitos’ que trata de desmontar la Efpia con su documento es el de la desconfianza con respecto a las intenciones de la industria farmacéutica de aumentar los periodos de protección industrial, incrementar los precios de los medicamentos, así como disminuir la competencia de los genéricos. A este respecto, la patronal europea destaca que también está cómoda con los actuales estándares de protección que existen en Europa y Estados Unidos, y que lo único en lo que podría contribuir el TTIP es en el establecimiento de “un mínimo común sin reducir la protección existente a la vez que asegura la viabilidad del desarrollo de los medicamentos del futuro”. “Sin esta protección, algunas de las últimas grandes innovaciones no se habrían producido, ni existirían los genéricos que las sustituyen”, subrayan.
Para la Efpia, tampoco es cierto que el TTIP vaya a socavar la competencia de los estados en la asignación del precio y reembolso. Entienden, en esta línea, que acaso podría servir para “subrayar la importancia de la transparencia en el proceso, para hacerlo coincidir con la legislación internacional de comercio”.
Respecto a crear un organismo para el arbitraje entre estados y empresas, de cara a la protección de las inversiones, se ha especulado también con que este podría servir para proteger los intereses de estas frente a la autoridad de aquellos, algo que descarta la Efpia. Lo que se persigue en este ámbito, dicen, “es que los inversores internacionales sean tratados de una forma justa y equitativa a la que lo son las compañías de capital nacional”.
Asimismo, explican que “esto no quiere decir, y eso lo dice la experiencia con este tipo de regulaciones, que las empresas extranjeras vayan a quedar exentas de ninguna obligación. Tampoco implica que los gobiernos vayan a verse impedidos para proteger la salud pública ni que estos arbitrajes puedan traer como consecuencia cambios en los sistemas nacionales de salud”, al tiempo que añaden que “el TTIP no abre la puerta a la privatización de los servicios de salud, no va a afectar a los derechos de los estados a organizar sus sistemas de salud, algo que ha sido además defendido por parte de la UE”.
Más allá de todos estos riesgos que en opinión de la Efpia quedan descartados, lo que se va a conseguir con el TTIP, dicen, es beneficiar a todos los actores de la cadena (ver tabla adjunta). A los pacientes, con un acceso más rápido a los tratamientos, a la vez que se mantienen los más altos estándares de calidad y de seguridad. A los sistemas de salud, con la llegada de esas nuevas herramientas para mejorar sus servicios. A los consumidores, con unas condiciones más ventajosas por la mayor competitividad. A las pequeñas y medianas empresas biofarmacéuticas, con la simplificación de trámites y procesos que les ayuden a reducir costes, lo cual se hace extensible a las grandes corporaciones, que podrán seguir aumentando sus beneficios y generando más innovación. Y a la propia economía, con la creación de puestos de trabajo, que este caso, además, son de alta cualificación.
