La botica plantea el ‘riesgo compartido’ en nuevos servicios

n En este modelo, las farmacias cobrarían según los resultados y no por la mera prestación del servicio
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10 oct 2014 - 14:00 h
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“¿Y por qué no firmar con las administraciones sanitarias o entidades privadas contratos por los cuales el farmacéutico recibiría un porcentaje del ahorro económico que haya generado al sistema el servicio profesional prestado en su botica?”. Bien podría ser esta otra de las ideas que pasan sin pena ni gloria dentro del maremágnum de propuestas lanzadas por la profesión farmacéutica en su intento de ‘convencer’ a las administraciones para delegar mayores funciones asistenciales a las boticas y, sobre todo, que se remuneren los nuevos servicios.

No obstante, la ‘paternidad’ de esta propuesta de ‘riesgo compartido’ en servicios (pagar en función de resultados) hace que la misma merezca un voto de confianza. Y es que fue Francisco Martínez, ‘santo y seña’ de la farmacia nacional, entre otros méritos por su condición de fundador y presidente de honor de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac), responsable del Aula de Práctica Farmacéutica de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia y experto en atención farmacéutica, quien lanzó este planteamiento en una jornada organizada por Sefac y Ratiopharm. La profesión ha recogido el guante y ha hecho suyo el debate.

Rafael Borrás, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Teva, compañía que tiene desarrollado un Observatorio de Cartera de Servicios, es otro de los profesionales que también ha defendido en distintos foros este modelo de ‘riesgo compartido’, al ser “una fórmula económica atractiva para todas las partes”. En concreto, estima que “en un momento de complejidad económica donde el pago de cualquier actividad ha de llevar implícito un valor añadido equivalente, desarrollar fórmulas de riesgo compartido puede ser un camino viable, equitativo y muy rentable para el sistema”. También Mercé Martí, presidenta de la Fundación Pharmaceutical Care, estima que este modelo “asume la incertidumbre de la obtención de resultados, pero habría un compromiso por parte del financiador de pagar si se genera un ahorro, así como de obtenerlos por parte del proveedor”.

Desde los colegios farmacéuticos, la idea de cobrar a posteriori y en función de los resultados frente a la remuneración por la mera prestación del servicio se valora de forma positiva, “partiendo de la base de que cuantas más opciones se planteen a unas administraciones reacias a pagar, mejor”, expone Francisco Peinado, presidente del COF de Huelva. No obstante, indica que para llevar a buen puerto los contratos de riesgo compartido en servicios, los periodos de análisis de resultados sanitarios en el paciente receptor deberían ser largos. En concreto, “en torno a un año vista, nunca unos pocos meses”, apunta.

¿Cómo medir el ahorro?

Cómo cuantificar el ahorro económico que haya generado el servicio (en función del cual se designaría la remuneración para el farmacéutico) y, sobre todo, a quién atribuir la responsabilidad directa de los resultados en salud del paciente son las principales argumentaciones dadas por aquellos profesionales que ven menos posibilidades de éxito al llevar ‘sobre el terreno’ la propuesta.

Por ejemplo, Jaime Acosta, miembro del comité ejecutivo de la sección de Farmacia Comunitaria de la patronal farmacéutica internacional FIP, cree que, por cuestiones así, establecer contratos de riesgo compartido para los servicios farmacéuticos sería “muy difícil”. Acosta alude a un posible servicio retribuido de medición y control de la hipertensión arterial, en el que “si el paciente ha bajado varios puntos su presión arterial en un determinado plazo de tiempo, será imposible atribuir con certeza que esa mejora se debe exclusivamente a la intervención del boticario, y no porque el paciente también haya aplicado otras actuaciones a iniciativa propia, como dejar de fumar”, recuerda.

¿Y qué opinan las administraciones? Javier Hernández, director de Planificación, Ordenación e Inspección de Sanidad de Castilla-La Mancha, se alinea con el parecer de Acosta al indicar que “si la evaluación de los resultados en contratos de riesgo compartido ya se cuestiona en un tema directo como el medicamento, en el campo de los servicios sería aún más difícil”. Además, lo ve aún “más complicado de aplicar” en servicios como el seguimiento farmacoterapéutico (SFT), ya que “está relacionado con la labor intrínseca de la profesión”. Desde Sefac se estima que “no es mala idea, pero no siempre se podría aplicar a todos los servicios y habría que definir muy bien los indicadores de ahorro y cuantificación de resultados, no solo económicos, sino también clínicos, humanísticos y medioambientales”, dice su vicepresidente, Vicente J. Baixauli.

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