| viernes, 26 de febrero de 2016 h |

Recuerda Cecilio Venegas, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, que cuando apostaron por introducir en Extremadura la receta electrónica —de forma pionera junto a Andalucía—, tenían claro un aspecto de partida: “la e-receta no podía quitar ni dar derechos, ni redistruir o cambiar deberes de los empleados de la farmacia que ya tuviesen con las dispensaciones en papel”. Y así fue. En el caso de esta región, el sistema implantado se rige por una única autorización por farmacia para entrar el sistema de receta electrónica y, en el caso de que la dispensación sea realizada por un técnico o auxiliar en farmacia, la misma debe ser supervisada y ‘firmada’ por el farmacéutico titular. Eso sí, las farmacias pueden contar complementariamente con sus propios sistemas de identificación y acceso.

Mientras, en otras regiones (Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Psís Vasco…) el modelo se completa con certificaciones oficiales (tarjetas identificativas individuales) de cada trabajador, tambien para los técnicos y auxiliares, si bien para estos casos debe ser el titular quien las solicite a su Consejería o colegio. En contra de la tónica general, dicho sistema ha sido objeto de polémica en Galicia, cuyo colectivo de adjuntos ha criticado que se concedan a técnicos.

El origen de la polémica nace de una Orden regional de 2011 que regula la asistencia al farmacéutico en la dispensación de medicamentos por el personal técnico o auxiliar, la cual, a pesar de datar de 2011, ha permanecido todo este tiempo en una suerte de ‘barbecho’ hasta que la Consejería de Sanidad ha anunciado recientemente su interés por desarrollarla. Dicha Orden prevé la provisión de tarjetas para el personal auxiliar para que puedan acceder al sistema de e-receita y realizar una dispensación —que debería seguir siendo supervisada por el farmacéutico titular y con excepciones—. Sin embargo, para la Asociación Gallega de Farmacéuticos Adjuntos (Asgafa), esta posibilidad “permite dispensar a los auxiliares, por lo que va en contra de la Ley de Garantías y el RD 1718/2010, donde se explica que el único personal habilitado será el farmacéutico”.

En concreto, desde Asgafa no solo se considera “ilegal” la concesión de certificaciones a auxiliares sino que lo tildan de “falta de respeto y desconsideración hacia nuestra profesión”. “La Consejería no puede permitir que personal no cualificado vea información privada del paciente, dispense y dé información del medicamento”, denuncian. Desde la otra parte, Gerardo Mosquera, representante del colectivo de técnicos y auxiliares gallegos, recuerda que “es una orden para colaborar en la dispensación, no para dispensar a decisión propia”. Desde los COF gallegos se hace un llamamiento a la calma y se recuerda que ya se ha presentado una propuesta conjunta de las cuatro corporaciones para hacer un desarrollo más práctico de esa orden que define de forma más clara en qué situaciones puede dispensar el auxiliar “y en todo caso manteniendo siempre la supervisión del titular”, recuerda Héctor Castro, presidente del COF de La Coruña. Castro reconoce que la Orden “quizá tenga una redacción bastante amplía”.

Mientras, en otras regiones como Aragón, no solo se confirma la ausencia de polémica entre colectivos, sino que valoran la “doble seguridad” que aporta disponer de una autorización para la farmacia a la que se añaden identificación individulaes para cada empleado. “Cualquier otra función que no sea la dispensación que marca el sistema de e-receta, como una sustitución, el sistema ‘bloquea’ al auxiliar para que intervenga el farmacéutico”, recuerda Ramón Jordán, presidente del COF de Zaragoza.