| viernes, 22 de mayo de 2015 h |

Apenas un mes después de que Andalucía publicase, con casi tres años de retraso, su orden regional para aplicar un índice corrector a la facturación de sus farmacias en viabilidad económica comprometida (VEC), Asturias ha ‘calcado’ sus pasos. Es decir, con la publicación el pasado 15 de mayo en el Boletín Oficial del Principado de su respectiva orden, Asturias abandona esa ‘lista negra’ que conformaban ambas regiones por seguir obviando esta obligación del Real Decreto-ley 9/2011. Y, al igual que en el caso andaluz, la Orden asturiana también ‘obvia’ la retroactividad de estas compensaciones económicas para los años 2012, 2013 y 2014. Las últimas en desarrollar sus órdenes son las primeras en ‘saltarse’ la retroactividad.

Hasta que Andalucía sentó este negativo precedente, todas las regiones que han desarrollado con retraso estas compensaciones lo han ‘compensado’ reconociendo el abono de las deudas contraídas con sus farmacias VEC desde el 1 de enero de 2012. En cambio, una vez que el Servicio Andaluz de Salud fue pionero en ponerse la ‘venda’ respecto al pasado, la siguiente, y última, región en desarrollarlas ha seguido su ejemplo. Un ejemplo de ‘efecto contagio’ respecto a la omisión de esta obligación legal.

¿Qué factores han podido propiciarlo? Por encima de todo, el intento de ahorro económico —ética y legalidad al margen— que supondría no asumir el desembolso por los ejercicios anteriores en una época de manifiesta escasez presupuestaria. Asimismo, en el caso astur habría que añadir el hecho de observar la falta de consecuencias que, un mes después, sigue sin acarrearle al SAS su decisión. “Es un ejercicio de inteligencia suprema”, manifiesta irónicamente Javier Guerrero, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar). Más en concreto, apunta que “sin ser jurista, cabe recordar que no hay justificación para retrasar o suspender la aplicación de un real decreto-ley, el cual refleja enero de 2012 como fecha de partida para el cobro de las cantidades”.

En este sentido, tal como informó EG, debe ser el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas quien emprenda actuaciones, a petición del Ministerio de Sanidad, contra este incumplimiento de lo estipulado en una normativa nacional. La petición se basaría en un informe de la subdirección general de Calidad que, respecto a la orden andaluza publicada el 1 de abril aún se estaría elaborando. Eso sí, el trabajo resultante bien podría ser ‘copiado’ letra a letra para posibles actuaciones contra la orden asturiana.

“Sabor agridulce”

La Orden asturiana ha dejado un “sabor agridulce” en el seno de Sefar. Por un lado, por fin ya están desarrolladas todas las órdenes autónomicas para aplicar el índice corrector a las farmacias VEC. Por otro, este nuevo caso de no reconocimiento de la retroactividad augura, como en Andalucía, próximas batallas administrativas. Y puede que jurídicas. En este sentido, su presidente avisa de que “el 31 de diciembre de 2015 prescribiría el plazo para solicitar el plazo de las cantidades atrasadas”, mientras que, respecto al articulado del texto asturiano, critica que establezca un “excesivo” plazo de seis meses para resolver las solicitudes para 2015.

Por su parte, la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias, Belén González-Villamil, indica a EG que “nos pondremos a disposición de las farmacias afectadas para valorar con ellas administrativamente la opción de pedir estas ayudas de años anteriores”.

Desde el colectivo de farmacéuticos rurales, a través de la ‘voz’ de su sociedad científica (Sefar) se reclama permanentemente la puesta en marcha de políticas estructurales que aseguren la supervivencia de estos establecimientos garantes del modelo farmacéutico planificado frente a la implantación de medidas que, si bien son recibidas, no dejan de ser un “parche” a la situación de estos establecimientos.

Un ejemplo de estas medidas coyunturales que alivian pero no subsanan la situación económica de las boticas VEC sería la aplicación de un índice corrector a su baja facturación —que, con mayor o menor retraso, ya han desarrollado todas las comunidades autónomas—, y, más recientemente, otras ‘ayudas’ puestas en marcha por regiones como Extremadura y Castilla y León para subvencionar la adaptación de los equipos informáticos de estos establecimientos a la llegada de la receta electrónica. Por ejemplo, las diputaciones provinciales de Zamora y, más recientemente, Soria, han firmado sendos acuerdos con sus colegios farmacéuticos para que las boticas VEC locales puedan recibir “entre 240 y 770 euros de ayuda” para tal fin, según su facturación. Los requisitos para acceder a estas ayudas pasan porque el establecimiento esté ubicado en un municipio de menos de 20.000 habitantes y que su facturación anual al Sistema Nacional de Salud no superase los 300.000 euros en 2014. Este acuerdo repartirá un total de 25.000 euros de ayuda entre las farmacias beneficiarias.

La presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria, Raquel Martínez, destaca que “la próxima implantación de la e-receta en Castilla y León va a suponer un importante esfuerzo económico para las farmacias, y si hablamos de las VEC, el esfuerzo será aún mayor”. Por ello, completa Martínez, “el objetivo pasa porque el modelo de receta electrónica sea el más barato posible y su adaptación lo menos gravosa”.