La asistencia a los ‘sin papeles’ protagoniza una semana más el debate político

n Sanidad explica que no se trata de un registro y las CC.AA. insisten en la derogación del RD 16/2012
Herramientas
|
04 sep 2015 - 14:00 h
|

La Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación del Consejo Interterritorial no sirvió para limar asperezas entre el Gobierno y las comunidades autónomas por el modelo de asistencia a los inmigrantes en situación irregular. El pasado miércoles, el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, presentó a las comunidades autónomas el documento para una atención armonizada de los ‘sin papeles’ en todo el territorio nacional “de una manera, sino idéntica, parecida” .

La propuesta del ministerio especifica una serie de requisitos para que puedan recibir asistencia. Entre ellos destacan, la obligatoriedad de estar empadronado desde hace seis meses y residir de manera continuada en cualquier municipio de la comunidad autónoma, así como demostrar que no se dispone de recursos económicos. El texto establece también un copago del 40 por ciento para este colectivo.

Moreno explicó que existen dos vías para ofrecer esta atención: “La prestación de la asistencia vinculada a la Seguridad Social, que está sujeta a reglamentos europeos, y otra social y sanitaria, que se encuentra expresamente excluida de los reglamentos”. El secretario general propuso “vehiculizar la atención a través de esta segunda parte”. Durante su intervención al término del encuentro, aclaró que este mecanismo “permite dar la misma atención a todos los ciudadanos, incluyendo a los inmigrantes irregulares y evitando que quien tiene recursos o se encuentra asegurado en otro país europeo pueda acogerse a este programa para personas en mayor estado de vulnerabilidad”.

La propuesta de Sanidad va encaminada así a eludir conflictos con las autoridades europeas. El número dos del ministerio advirtió de que si no se realiza el abordaje de esta atención desde la vía social podría suceder que “un ciudadano europeo crea que tiene el mismo derecho que estas personas y lo denuncie ante la Comisión Europea”, lo que le llevaría al Ejecutivo comunitario a abrir trámites contra nuestro país.

Registro o base de datos nacional

La reunión sirvió para que el ministerio pudiera clarificar otras cuestiones. La propuesta del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, había generado el rechazo de la mayoría de las comunidades. Moreno insistió en que estos pacientes “se incluirían en la base de datos a nivel nacional, no es propiamente un registro” y aseguró que en ningún caso se remitirán los datos a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. “La identificación es por la seguridad del paciente y ni Interior puede acceder a esa base de datos”, añadió el secretario general.

El ministerio carece en la actualidad de datos específicos sobre el número de personas que podrían acogerse a este programa. Desde la aprobación del Real Decreto 16/2012 las comunidades autónomas han informado de que han atendido a 185.000 personas en las condiciones que marca la normativa —Urgencias, embarazo e infancia— con un coste de alrededor de 200 millones de euros.

El documento de mínimos no termina de calar en las comunidades, que enviaron a técnicos de diferente rango al encuentro. Con las elecciones generales como telón de fondo, las regiones gobernadas por el PSOE y por partidos nacionalistas rechazaron el texto y exigieron una vez más la derogación del Real Decreto 16/2012 “para regresar a una sanidad universal, pública y gratuita”, explicaron fuentes de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha.

Pero tampoco acaba de convencer a las autonomías dirigidas por el Partido Popular. Tanto Madrid como Murcia ya han anunciado iniciativas propias con el objetivo de atender a este colectivo. La comunidad que preside Cristina Cifuentes baraja la opción de establecer la obligación de presentar en consulta el DNI para toda la población. De momento, ya ha remitido una circular a los centros de salud y hospitales para que asistan a estas personas bajo la fórmula de transeúnte sin permiso de residencia.

Las mismas fuentes han explicado que Castilla-La Mancha trabaja para lanzar este mismo mes un proyecto normativo que sirva para garantizar la asistencia de los inmigrantes irregulares. La norma seguiría la estela de otras comunidades como Valencia y Cantabria que ya han dado los primeros pasos en este sentido. La primera de ellas ya ha comenzado incluso a distribuir tarjetas sanitarias a este colectivo.

Las comunidades cuentan ahora con 15 días para remitir las consideraciones oportunas al ministerio con el fin de fijar una nueva reunión. Castilla-La Mancha ya ha explicado que no remitirá ninguna alegación. Otras como Baleares lamentaron que Sanidad haya escogido la Comisión de Prestaciones para informar a las consejerías. “Los acuerdos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud se suscriben únicamente en el seno del Consejo Interterritorial y con un debate previo en la comisión delegada. Por lo que no es este el foro adecuado para plantear estas cuestiones”, explicó en un comunicado su consejera de Salud, Patricia Gómez. Otras como Andalucía señalaron que remitirán sus aportaciones con la intención de garantizar la universalidad en el sistema.

País Vasco mostrósu satisfacción por la intención del Gobierno de atender a los inmigrantes irregulares, aunque expresó sus dudas acerca del documento. “La nueva medida propuesta no resuelve en ningún caso la situación que padecen aquellas personas extranjeras que lleven menos de un año empadronadas”, señaló el Departamento de Salud en una nota de prensa.

Las diferencias entre comunidades han llevado también a sindicatos como Satse a instar a las administraciones a alcanzar un acuerdo.

185.000

inmigrantes atendidos han contabilizado las comunidades autónomas desde la aprobación del Real Decreto 16/2012 en las condiciones que marca esta misma normativa —embarazo, menores y urgencias—. El coste económico que ha supuesto la atención sanitaria de estas personas ha ascendido a alrededor de 200 millones de euros. No obstante, el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, ha señalado que el ministerio desconoce cuántas personas se encuentran en situación de beneficiarse de este programa.

Twitter
Suplementos y Especiales