La confrontación generada con el euro por receta de Madrid ha demostrado que la homogeneidad del mercado farmacéutico, objetivo fundamental con el que se aprobó el Real Decreto-ley 16/2012, continúa siendo una quimera. Pero el problema no es nuevo. Se repite desde 2010, año que marcó el punto de inflexión fundamental en el gasto farmacéutico, no solo por los acuerdos alcanzados en el marco del Consejo Interterritorial, sino también por toda la galería de atajos desplegada en las comunidades autónomas que todavía ningún RDL ha podido parar, y que esperan a ser resueltas por los tribunales.
Castilla-La Mancha comenzó la espiral de trabas en los sistemas de prescripción electrónica, estrategia que evolucionó para presentarse en el País Vasco como el ‘borrado de marcas’. Ambas estrategias tuvieron reflejo en Extremadura, Cantabria y la Comunidad Valenciana, pero fue Galicia quien las reforzó y amplió con el cataloguiño, idea que a su vez fue reforzada y ampliada en la subasta de medicamentos de Andalucía. Murcia y Aragón tomaron el relevo en 2011, inaugurando en sus respectivos sistemas el método de borrado, mientras algunas de las regiones promotoras, Castilla-La Mancha, País Vasco y Comunidad Valenciana, llevaban a cabo una segunda oleada de retiradas de sus sistemas.
Para abril de 2011, la fragmentación del mercado era patente, no solo por el goteo incesante de recursos presentados por Farmaindustria contra todas las decisiones autonómicas, sino también a nivel político. La entonces coordinadora de Participación Social del PP, Ana Pastor, exigió al Ministerio de Sanidad que cumpliera sus funciones de cohesión para acabar con la fragmentación y las desigualdades que generaban actuaciones como el catálogo gallego, las subastas andaluzas o el borrado de marcas.
Ante la inactividad del ministerio, y a medida que se agudizaban los efectos de la crisis sobre las arcas públicas, las comunidades siguieron ampliando sus diferencias. Para mediados de año, los llamamientos al ministerio se han generalizado tras dos años en los cuales además han proliferado la creación de comités autonómicos de Evaluación de los Medicamentos, la salida descontrolada de medicamentos DH de las farmacias y el retraso en las actualizaciones de los nomenclátores regionales.
En agosto, y a la sombra de los RDL 4/2010 y 8/2010, que por entonces habían significado un impacto de 2.855 millones de euros anuales al sector del medicamento, el Gobierno comienza la tramitación del RDL 9/2011, que no solo tiene por objeto seguir reduciendo el coste medio de las prescripciones sino poner orden en los reinos de taifas sanitarios en los que se han convertido las comunidades gracias a las políticas centradas en farmacia.
El nuevo texto generaliza, con algunas excepciones, la prescripción por principio activo con el objetivo de que las dispensaciones se realicen con el medicamento intercambiable más barato. Por otro lado, modifica, por segunda vez en un año, el sistema de precios de referencia para convertirlo en un sistema de precios menores en el que solamente se financian las especialidades a menor precio. Por último, incorpora medidas que permiten generalizar todas y cada una de las iniciativas autonómicas de control farmacéutico puestas en marcha en los últimos meses. El cataloguiño, las estrategias de selección del medicamento más barato o el borrado de marcas dejan de tener sentido.
Pero el recorrido homogeneizador de este texto tampoco duró mucho. La interpretación de las excepciones a la PPA empezaron a crear nuevas desigualdades, y las necesidades de ahorros inmediatos siguieron haciendo mella en el objetivo cohesionador del Ministerio. De nuevo Castilla-La Mancha, con Gobierno del PP tras las elecciones de mayo, fue la encargada de dar la primera vuelta de tuerca en los sistemas de prescripción asistida y electrónica al implantar el uso de equivalentes terapéuticos en tres grupos.
En noviembre, también el Gobierno central ha cambiado de signo, y es el encargado de implantar el RDL 9/2011. El gran reto del Ministerio de Sanidad es retomar el liderazgo y la autoridad, manteniendo a la vez el diálogo entre todos y oponiéndose, en palabras de la entonces directora general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Sagrario Pérez Castellanos, a las “normas convulsivas de los últimos tiempos”.
Para entonces se había instalado ya en Cataluña el debate que ahora vuelve a distorsionar el mercado farmacéutico: la decisión del consejero de Salud catalán, Boi Ruiz, de cobrar un euro por receta. La tasa se ha mantenido pese al nuevo intento del RDL 16/2012 de homogeneizar la prestación farmacéutica a través del copago farmacéutico por renta. Pero no ha sido su único obstáculo. La oposición del País Vasco a la reforma sanitaria de la ministra de Sanidad, Ana Mato, también pendiente del Tribunal Constitucional, se ha contagiado ya a Navarra y podría hacerse extensiva a otras comunidades.
