En 1991, el Informe Abril planteó por primera vez la imposibilidad de mantener la viabilidad futura del sistema sanitario sin reformarlo. Veinticinco años después, otro informe ha retomado el testigo de responder a los problemas del SNS. El ‘Análisis de la Inversión Pública para Sanidad en España’ elaborado por el grupo de expertos de alto nivel reunido por Fundamed, y promovido por Gilead, quiere ser referente de todo intento serio que se plantee en el futuro en relacion a la sanidad. Frente a las propuestas liberalizadoras del informe del 91, el actual pone el énfasis en la eficiencia y llama la atención sobre la necesidad de invertir más en Sanidad, implicar al profesional, empoderar al paciente y apostar por la prevención.
No obstante, mientras que el ‘Informe Abril’ fue redactado por los propios organizadores del sistema (sus expertos fueron designados por la administración), el panel de Fundamed responde a un perfil más independiente. Lo conforman el consejero en funciones de Cataluña, Boi Ruiz; los ex consejeros de Sanidad Rafael Bengoa y Manuel Cervera; el ex portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso José Martínez Olmos; José Francisco Soto, gerente del Hospital Clínico San Carlos, y el economista Álvaro Hidalgo.
Lo principal, más inversión
María Río, directora general de Gilead, presentó el informe ante el reto que, en su opinión, hay que afrontar: “Definir el modelo sostenible que queremos tener pero, tenemos que ser realistas, que podemos tener”. En este sentido son muchas las medidas a adoptar, según los expertos, en el corto y medio plazo para garantizar la viabilidad del sistema sanitario: identificar los servicios y prestaciones que no añaden valor clínico y no financiarlos; institucionalizar y generalizar la evaluación de eficiencia de tecnologías sanitarias; medir resultados y costes; aprovechar realmente las TIC; empoderar a los pacientes; implantar procesos de gestión clínica y desarrollar la autogesión o coordinar la asistencia socio-sanitaria.
Pero ninguna de ellas tendrá éxito si no se incrementa el porcentaje de PIB que se destina a Sanidad. “El gasto sanitario va a seguir creciendo. Lo que no puede crecer es improvisada y desmesuradamente”, destacó Enrique Sánchez de León, presidente de Fundamed, durante la presentación del documento, cuyas conclusiones inciden precisamente en evitar cualquier tipo de improvisación en lo que debería ser planificación adecuada de los recursos.
Si bien todas las conclusiones del informe no son achacables a cada uno de los miembros del panel, todos los expertos señalan que la Sanidad necesita más recursos económicos de los que dispone, por lo que apuestan por elevar la inversión en Sanidad en relación al PIB hasta el 7,5 por ciento para equipar a España con los países de su entorno. Rafael Bengoa va más allá y señala que el SNS “no podrá aguantar” dos legislaturas con políticas de recorte tan fuertes como los de los últimos cuatro años.
En la misma línea, los expertos creen que la desigualdad existente en el gasto sanitario per capita entre comunidades es excesiva y no ayuda a la cohesión. A estas alturas, el futuro del SNS está tan indisolublemente unido a la tesitura económica que el Think Tank aboga por salir de la coordinación, el consenso y diálogo entre administraciones sanitarias para incluir también, de forma habitual, a las de Hacienda.
Buena parte de las claves señaladas en materia de financiación marcan también el futuro de la innovación. El panel identifica dos claves en política farmacéutica: “llegar de forma definitiva a un acuerdo estable y duradero” entre la industria y la Administración y disponer de “partidas centralizadas” para la innovación. Nuevamente los expertos creen que, aunque hay medidas que pueden ampliar los recursos disponibles, en todo caso deben ser paralelas a la de solucionar la infrafinanciación del SNS.
Más allá, el Think Tank considera que la incorporación de la innovación disruptiva debería dar mayor peso a los profesionales y a los criterios clínicos y “organizarse e institucionalizarse” para tener mecanismos permanentes preparados que sean capaces de prever y establecer las hojas de ruta de la incorporación de estas nuevas tecnologías. “Resolver estos problemas a golpe de manifestación es verdaderamente inadecuado en un país como el nuestro en el siglo XXI”, señala el documento, que también pide que se ‘despenalicen’ los comportamientos innovadores, que al suponer mayores gastos en sus periodos de introducción al mercado dejan de ser considerados como una inversión.