La ‘bola de nieve’ que produce los distintos ritmos del sistema de precios de referencia y la justicia no ha afectado solo a la patronal FEFE. Otra institución que ha dado la batalla ante los tribunales en esta materia es el COF de Valencia, que recientemente ganó una sentencia en relación al uso de medicamentos no comercializados para el cálculo de los precios. En concreto, la Audiencia Nacional estimó parcialmente el recurso interpuesto por la colegio de farmacéuticos que preside María Teresa Guardiola contra la orden de precios de referencia de 2010. A la vista de lo ocurrido en anteriores ocasiones, esta sentencia seguramente tampoco tendrá efectos reales dado que dicha orden ya no está en vigor. Y es que, los tribunales anulan solo la orden recurrida y no las posteriores que han podido utilizar el mismo sistema de cálculo, una situación que podría llevar al sector al hastío.
Además, el presidente de FEFE, Fernando Redondo, añade que esta ‘maraña jurídica’ implica una “inseguridad empresarial”, además de jurídica, para un sector que, al tener los precios regulados, “no puede actuar más que ofreciendo servicios y calidad”. Y, para invertir en estos aspectos, recuerda que se hace necesario contar al menos con una previsión de ingresos.
La Federación Española de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha encontrado en el defecto de forma señalado por el Consejo de Estado en la tramitación de las resoluciones de precios de referencia “un argumento de peso” para recurrirlas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero la tarea no ha sido sencilla. Al reducir el rango jurídico que sostiene el sistema de precios de referencia, el periodo de participación y recurso del sector también se ha rebajado. Estos días, pese a las correcciones de errores introducidas en la resolución, los servicios jurídicos de la patronal están estudiando todos aquellos aspectos de la misma que no son mero acto, sino verdadera norma y que, por consiguiente, hubiesen requerido un procedimiento con todas las garantías propias de una norma, entre ellas la audiencia a todos los afectados, incluido el preceptivo informe del Consejo de Estado.
Además, FEFE quiere aprovechar el nuevo recurso para acabar con la espiral de inseguridad jurídica que ha generado el sistema de precios. El problema de recurrir sus actualizaciones viene más a efectos prácticos, algo que la patronal farmacéutica señala hace años como un “vicio de legalidad”: el sistema de precios va mucho más deprisa que los procesos judiciales que ocasiona, de manera que cuando sale alguna sentencia, por ejemplo las que han dado la razón al sector en relación a que no pueden utilizarse medicamentos no comercializados para calcular los precios de referencia, esta en realidad no tiene ningún efecto, pues cuando se produce ya está en vigor otra orden de precios que ha utilizado el mismo sistema.
“Ganamos el recurso de la orden de precios de 2008, que se publicó en 2009, pero la ganamos a finales de 2010, cuando ya existía la orden de precios de 2009, publicada en 2010”, pone a modo de ejemplo Fernando Redondo, presidente de FEFE, mientras añade que “el daño ya está hecho y es irreversible”. Ahora, además, el periodo se alarga, pues el tiempo de resolución de las sentencias no se ha acortado, pero las actualizaciones del sistema de precios sí, y ya no son anuales, sino semestrales. Por ello, la patronal de oficinas de farmacia añadirá esta circunstancia en sus alegaciones al tribunal, para su valoración.
Ante esta situación, la patronal ha pedido en varias ocasiones a los respectivos gobiernos que para aprobar los siguientes precios de referencia tomen en cuenta lo dictado por los tribunales respecto a órdenes anteriores. “De momento, el único éxito que hemos obtenido es que el tribunal nos dé la razón”, lamenta Redondo.
Hasta ahora, FEFE ha centrado sus esfuerzos en atacar el uso de medicamentos no comercializados para el cálculos de los precios, una práctica que “falsea el mercado” y obliga a todos los laboratorios a bajar el precio cuando a lo mejor no son capaces de fabricar a ese nivel. Para Redondo, la cuestión “no es baladí porque puede producir una falta de medicamentos”, por lo que ya ha trasladado el problema a las nuevas autoridades sanitarias. Por otro lado, también ha cargado contra a la utilización de la dosis diaria definida.
