La senadora demócrata, Elizabeth Warren, conocida por haber encabezado la confrontación del Gobierno estadounidense contra los gigantes de Wall Street, inicia ahora una nueva cruzada, poniendo en la picota a la industria farmacéutica. Muestra de ello fue el anuncio que realizó durante su intervención en la conferencia anual de Families USA, organización que representa a los consumidores dentro del ámbito de la salud, consistente en la implementación de un nuevo sistema para penalizar a las compañías que recurran a actividades fraudulentas para obtener beneficios.
Durante los últimos años, señaló, “han sido descubiertos algunos laboratorios farmacéuticos defraudando a Medicare y Medicaid, ocultando información sobre la seguridad de los medicamentos, promocionando sus fármacos para indicaciones no aprobadas y sobornando a médicos para que prescriban sus medicinas. Por estos motivos, han tenido que pagar unos 13.000 millones de dólares entre 2007 y 2012”.
Con la nueva propuesta de Warren, que sería introducida en la Medical Innovation Act, las compañías que cometan una infracción (solo las de gran tamaño, las pequeñas y las medianas no se verían afectadas) podrían evitar el juicio correspondiente y el posterior reembolso de las multas a cambio del pago del 1 por ciento de los beneficios que obtengan con cada uno de sus blockbusters, definidos como aquellos medicamentos que generan más de 1.000 millones de dólares en ventas.
Con estos fondos, asegura la senadora, se podría reforzar la actividad que se viene realizando en el National Institutes of Health (NIH), la principal institución pública para la gestión de la investigación en el área de salud de los Estados Unidos, cuya financiación se ha ido reduciendo en la última década a través de recortes presupuestarios y otras medidas.
Concretamente, Warren estima que si un sistema de estas características hubiera estado vigente en los últimos cinco años hubiera revertido en 6.000 millones de dólares para el NIH, que a su vez hubiera podido financiar los proyectos de muchos investigadores y centros públicos.
En este sentido, recuerda que muchos de los fármacos más vendidos tienen su origen en la investigación pública (“casi todas las vacunas del último cuarto de siglo, dos tercios de las nuevas moléculas lanzadas entre 1965 y 1992 y nueve de cada diez nuevos usos de los fármacos aprobados por la FDA entre 1990 y 2007”, dijo), por lo que considera de justicia que “si hay grandes empresas obteniendo beneficios como resultado de la investigación pública, y quebrantan la ley, tendrán que devolver parte del dinero para poder financiar la investigación del futuro”.
La propuesta de Warren no ha sentado muy bien en el seno de la industria. La patronal americana (PhRMA) emitió un comunicado para confirmar que “el sector seguirá trabajando, junto con el resto de actores, para poner fin a las prácticas fraudulentas”. Dicho esto, la patronal mostró su convicción de que “las políticas que persigan desviar fondos de la actividad innovadora que realiza la industria farmacéutica tendrán consecuencias devastadoras para los pacientes y para la sociedad, dando lugar a que haya menos medicamentos y a que se pierdan empleos en un momento poco conveniente para nuestra economía”.
