El TTIP puede, potencialmente, llevar a una reducción de los precios de los medicamentos, pero de momento no existen garantías para ello o un compromiso explícito, ni en el texto del tratado, ni en el informe que evalúa su impacto sobre la sostenibilidad de los sectores publicado el pasado 13 de mayo por la Comisión Europea. Por este motivo, y en respuesta a la consulta lanzada en torno a este último documento, la Alianza Europea por la Salud Pública (EPHA, por sus siglas en inglés) ha solicitado la inclusión expresa de una declaración que asegure que los ahorros de costes que se puedan generar a través de la cooperación regulatoria entre la Unión Europea y los Estados Unidos en el campo farmacéutico no se quedan en la industria, sino que se trasladan a los pacientes en forma de precios más asequibles.
No es el único punto citado en el informe que la EPHA solicita concretar para que todo lo relativo al TTIP ylos medicamentos salgan del terreno del ‘podría ser que…’ y contribuya de manera efectiva a blindar el acceso universal a fármacos asequibles. Así, el trabajo señala que, aunque desde un punto de vista económico la posibilidad de garantizar periodos de monopolio más extensos podría llevar al alza los precios y a la baja los niveles de innovación, no existe evidencia de que la UE pretenda armonizar su régimen de propiedad intelectual con el de Estados Unidos. Vinculando ambos asuntos, EPHA solicita también que los principios generales que conforman el capítulo de propiedad intelectual del Tratado Transatlántico incluyan una declaración que subraye “la importancia de unos límites apropiados en la exclusividad de la patente”.
Más allá de los precios, la Alianza insiste en otros cambios para reforzar el compromiso del tratado con la salud pública. En primer lugar, la seguridad. El informe sometido a consulta por Bruselas resalta que, cuanto más corto sea el periodo de tiempo necesario para los procesos de autorización, más rápido llegarán las innovaciones a los consumidores. EPHA reconoce que es cierto, aunque critica que los autores hayan omitido toda referencia a la seguridad de los pacientes y que los procesos de aprobación deben asegurar que se han recogido suficientes datos basados en la efectividad clínica y el coste efectividad antes de la autorización de uso.
En línea con esto se sitúa otra área que sigue preocupando a la sociedad civil: la transparencia en los ensayos clínicos. El anexo farmacéutico propuesto por la Comisión Europea (ver EG nº 747) incluye provisiones para facilitar el intercambio de información confidencial relativa a la autorización de medicamentos y establece excepciones ante ciertos datos que no sean de dominio público.
Para EPHA, esto es una amenaza a la política de transparencia en los ensayos impulsada en la Unión Europea. Por ello, considera que el informe debe medir qué impacto puede tener en la salud la decisión de mantener los ensayos clínicos en esta sección. “Si se quieren mantener los progresos obtenidos en materia de seguridad es crucial que los datos de eficacia, de efectos segundarios y de complicaciones sean públicos y sujetos a análisis posterior por los profesionales sanitarios y el sector académico”, asegura.
Por último, y en el contexto del trabajo regulatorio que la UE y los Estados Unidos realizan desde hace años, EPHA solicita incluir “un anexo farmacéutico detallado” en un escenario comparativo. Dicho escenario contemplaría dos posibilidades: excluir del Tratado todo lo relativo a los medicamentos y la política farmacéutica o incluir solo el compromiso de los reguladores de seguir trabajando como lo vienen haciendo hasta la fecha la EMA y la FDA, sin entrar en más detalles. Este modelo arrojaría, según la EPHA, una fotografía mucho más clara de las ventajas y los inconvenientes de ambos enfoques.
La Comisión Europea no quiere que el TTIP sea una excusa para que Reino Unido salga de la Unión Europea. A días de la votación que decidirá si hay o no Brexit, la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, ha remitido una carta al departamento británico de Salud, detallando aún más el argumento que ya se les trasladó el año pasado: que el Tratado de Comercio e Inversión con Estados Unidos no pretende alterar de ninguna forma los niveles de protección de la salud pública que se ofrecen en los estados.
“El NHS no se verá afectado por el TTIP ni por ningún otro acuerdo comercial europeo en relación a cómo presta sus servicios”, señala la carta de la comisaria en respuesta a las dudas que le habían sido trasladadas desde Reino Unido y que afectaban, en primer lugar, al impacto del tratado en los procedimientos de adquisición en el marco de la sanidad pública. Bruselas garantiza que estos procesos estarán excluidos del TTIP y menciona que, de hecho, la Unión Europea nunca ha adoptado compromisos en esta materia, que considera competencia absoluta de los estados miembro.
La carta, por último, intenta disipar los mismos temores en relación a las implicaciones del sistema de arbitraje entre inversores y estados. La decisión de la Unión Europea de impulsar un Sistema de Tribunales de Inversiones que sustituyera a la polémica claúsula ISDS sigue sin convencer a la sociedad civil o a algunos estados. El mensaje de Malmström es claro al respecto al asegurar que, bajo el TTIP, “un inversor nunca podrá tener aspiraciones legítimas de verse protegido para que una medida pública no pueda ser revertida por un futuro gobierno”.
