| viernes, 24 de febrero de 2012 h |

El problema de la deuda contraída por las administraciones regionales con los proveedores a nivel hospitalario de medicamentos y productos sanitarios ha adquirido unas dimensiones desproporcionadas, sobre todo si se tiene en cuenta la puerta que quedó abierta con la aprobación de la Ley 15/2010 contra la morosidad. Esta ofrece la posibilidad a los suministradores de bienes y servicios de poder reclamar a las autoridades competentes la devolución de la cantidad adeudada y sus correspondientes intereses en caso de que se produzcan demoras en los plazos de pago, una opción que deberían tener muy presente los gobiernos de comunidades como Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Comunidad Valenciana y Murcia.

Así, según los datos presentados por Farmaindustria y Fenin, la deuda hospitalaria de las comunidades con las compañías proveedoras de medicamentos y productos sanitarios ascendía a los 11.599 millones de euros a 31 de diciembre de 2011, una cantidad que, según cálculos realizados por EG, representa el 138 por ciento del gasto hospitalario que destinan las autonomías a este tipo de productos, que se sitúa en torno a los 8.396 millones de euros.

Si a esa deuda se le sumaran los intereses, cuantificados en base a las cantidades adeudadas y los plazos de demora en los pagos que hicieron públicos recientemente las patronales de estos dos sectores, así como el límite temporal de 50 días que establece la Ley de Morosidad para el abono de los adeudos producidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, las comunidades deberían en total 13.093 millones de euros a los encargados de suministrarles los fármacos y los productos sanitarios que se ofrecen en la red de hospitales del SNS,

Este incremento tendría un impacto significativo en la proporción que adquiriría la deuda hospitalaria, que sería más de 1,5 veces superior al presupuesto asignado por las autoridades regionales a la adquisición de los bienes de las empresas que forman parte de Farmaindustria y Fenin.

‘El club de los irresponsables’

Cabe señalar que no todas las comunidades están expuestas de la misma manera a la amenaza de la reclamación de los intereses por parte de la industria, en tanto que el nivel de deuda adquirida por unas y otras difiere sustancialmente.

A este respecto, resaltan las cifras de regiones como Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Comunidad Valenciana y Murcia, que deben más del doble, entre principal más intereses, de la cuantía que dedican anualmente en el ámbito hospitalario a medicamentos y productos sanitarios.

La Comunidad Valenciana es, según los cálculos realizados por EG, la que se podría encontrar con un problema mayor. Con un gasto estimado en 956 millones de euros, su deuda asciende a los 2.265 millones, que se convertirían en 2.670 si se tienen en cuenta los intereses de demora, un 279 por ciento del dinero asignado al pago de los proveedores antes señalados.

En una situación igualmente delicada se encontrarían Baleares, cuya deuda sumados los intereses ascendería a los 414 millones de euros, que se traducen en un 252 por ciento del gasto (164 millones); Cantabria, que debería abonar a sus suministradores unos 343 millones, es decir, un 247 por ciento de su presupuesto (138 millones); y Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha, regiones en las que el adeudo total oscila en torno al 230 por ciento de la cantidad que se destina al pago de medicamentos y productos sanitarios. Los impagos de Murcia, por otra parte, suponen el 206 por ciento de dicho gasto.

En otro rango de menor ‘irresponsabilidad’ se podría colocar a las administraciones cuya deuda más intereses supera el cien por cien del total presupuestado. Entre ellas se encuentran Aragón (132 por ciento), Asturias (126 por ciento), La Rioja (111 por ciento) y Madrid (101 por ciento).

Fuera de peligro

Frente a la gravedad de las cifras expuestas, cabe decir que ha habido autoridades regionales que han hecho sus deberes presupuestarios y han conseguido minimizar los impagos a los proveedores sanitarios, lo cual les hace respirar tranquilos a la vez que ven reducido el impacto que podría tener la reclamación de intereses por parte de la industria.

Entre esas comunidades destacan Extremadura, que solo debe 86 millones, frente a los 213 presupuestados (41 por ciento); País Vasco, con una deuda con intereses de demora de 88 millones y unas partidas sanitarias de 441 (20 por ciento); y Navarra, cuya proporción apenas supera el 17 por ciento, si se tiene en cuenta que solo tendría que pagar 25 millones de los 143 asignados a estas provisiones.