La semana pasada se presentaron en Madrid, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), los resultados del estudio Oncovalor, que recoge de forma conjunta las percepciones de pacientes, oncólogos, decisores sanitarios y población general sobre aspectos relacionados con la innovación en cáncer. Concretamente, el objetivo del estudio era determinar el valor que dan los diferentes actores a la aportación que estos realizan en lo que tiene que ver con la supervivencia y la calidad de vida, principalmente. La conclusión, en este sentido, es que los criterios de unos y otros distan bastante a la hora de determinar la disposición a pagar.
Estas diferencias se vieron claramente a la hora de establecer el valor que las distintas partes otorgan, por ejemplo, a la cuestión de la supervivencia. En este caso, el aumento medio aceptado por los oncólogos encuestados para financiar un fármaco que cuesta 50.000 euros/año más que el estándar estaría en los 5,7 meses, frente a los 10,4 meses que demandan los decisores sanitarios (principalmente directores de Farmacia de las comunidades y jefes del servicio de Farmacia de los hospitales). Los pacientes y la sociedad en general estarían, en este caso, más cerca de los decisores (8,2 y 9,1 meses respectivamente).
Esto sitúa la razón de coste-efectividad incremental de los oncólogos en unos 106.000 euros por año de vida ajustado por calidad (AVAC), mientras que en el caso de los decisores, la disponibilidad a pagar quedaría fijada sobre los 57.000 euros/AVAC. Los pacientes pagarían hasta 73.500 euros de media y la población general unos 66.074.
Sin embargo, las tornas se cambian cuando de lo que se trata es de determinar el valor que unos y otros dan a la calidad de vida. En este sentido, se aprecia que son los pacientes y la población general, los más cercanos a las consecuencias de la enfermedad y el tratamiento, los que más importancia le dan a este aspecto. Así, los pacientes pagarían 33.167 euros más por un medicamento que mejora la calidad de vida de un 40 a un 80 dentro de una escala de 100. La población general unos 30.200 euros de media, los oncólogos unos 26.000 euros y 17.040 aproximadamente los decisores.
Estos valores conducen a una razón de coste-efectividad incremental de unos 42.000 euros/AVAC en el caso de los decisores, 65.000 para los oncólogos, 75.500 para la sociedad en general y 82.917 para los pacientes.
De estos datos se infiere, según concluye el estudio, que los valores que se plasman podrían indicar que “las decisiones actuales de financiación y de acceso pueden no estar reflejando adecuadamente las preferencias de la sociedad en cuanto a la disponibilidad a pagar por los beneficios sanitarios”. En este sentido, uno de los autores del informe, Luis Lizán, señaló que apenas un cuarto de los encuestados estaba de acuerdo con el límite actual que se emplea en España, que está en los 30.000 euros/AVAC.
La sociedad tiene mucho que decir
Es por esto que surgieron algunas voces durante la presentación que llamaron la atención sobre la importancia de incorporar la opinión de pacientes y sociedad en general en la determinación del valor. Una de ellas fue la de la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), Belén Crespo, que destacó el papel protagonista de la agencia en el posicionamiento de los nuevos fármacos, pero que al mismo tiempo reconoció que “la sociedad tiene mucho que decir en cuanto al valor que hay que darle a los mismos”.
En este sentido, no se trata, según algunos de los participantes en el debate, como Cristina Avendaño, presidenta de la Sociedad Española de Farmacología Clínica, de meter a los pacientes y la sociedad en general en el proceso de negociación del precio, una labor en la que todos coinciden que es necesario un interlocutor con experiencia; sino más bien incorporar su opinión en el proceso para establecer los criterios en los que se deben basar los decisores a la hora de negociar. Unos criterios que, en opinión del director Médico de Lilly, José Antonio Sacristán, “deberían ser siempre objetivos y transparentes”.
Para determinar ese valor, también parece fundamental que se avance en el registro de datos sobre los resultados de los fármacos en la vida real, como señaló el jefe de Servicio de Farmacia de la Fundación Onkologikoa, Gerardo Cajarville, quien llamó a dar nuevos pasos en este sentido. Para él, “la financiación de los nuevos medicamentos debería ser un proceso dinámico”, aunque admitió las dificultades técnicas para llevar este modelo a la práctica.
Sobre este particular opinó la presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Pilar Garrido, quien hizo referencia a la dificultad que se encuentran los especialistas, y también los pacientes, para poder contribuir en este proceso. A este respecto, hizo mención a la falta de tiempo que acusan los oncólogos, así como las carencias en el diseño de algunas de las herramientas existentes, como por ejemplo las encuestas de pacientes.
Un problema de presupuesto
Una vez agotado el debate sobre cómo se debe articular la decisión sobre el valor de la innovación, algunos de los asistentes hicieron referencia a otras cuestiones, no menos importantes. En este caso, fue el presidente de Lilly en España, Javier Ellena, quien mostró su preocupación porque se centre el debate en el coste de uno u otro tratamiento, cuando existe un problema más estructural que viene dado por el déficit de presupuesto.
En este sentido, se cuestionó “si se puede mantener la calidad del sistema sanitario con unos niveles de inversión en sanidad como los actuales”, que situó en torno al 6 por ciento del PIB, y se mostró convencido de que actualmente el valor que se concede a los medicamentos “está muy mediatizado por la disponibilidad de recursos”. “Tengo la sensación de que nos estamos descolgando del debate, de que estamos hablando mucho del coste de los nuevos medicamentos para la hepatitis C o para oncología, y que en realidad el debate está por encima”, concluyó el presidente de Lilly.
