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El Tribunal Supremo estadounidense ha admitido a trámite las demandas interpuestas por gobernadores y fiscales generales de 26 estados contra la reforma del sistema sanitario, abriendo así un proceso que puede derrumbar o impulsar la iniciativa estrella del Gobierno de Barack Obama. Tras más de 30 procesos en cortes ordinarias y de apelaciones de todo el país, la máxima instancia judicial acogerá en marzo de 2012 la batalla definitiva en torno a la controvertida ley aprobada en 2010 por un Congreso de mayoría demócrata, aunque la nueva Cámara de Representantes dominada por republicanos ha hecho de la revocación de esta ley su máxima prioridad.
El eje central del recurso es la constitucionalidad de exigir que todos los ciudadanos estadounidenses deban contratar un seguro médico, bajo pena de multa, un requisito inaceptable para los republicanos que consideran una injerencia “sin precedentes” de la autoridad sobre la vida privada de los estadounidenses. El Gobierno de Obama, por su parte, argumenta que esa cláusula es necesaria para acabar con los casi 50 millones de personas que actualmente no tienen cobertura médica.
El Supremo, que dará a conocer su decisión en junio de 2012 —en plena campaña para las elecciones presidenciales—, examinará también si permite la expansión de Medicaid, el seguro médico financiado por los Gobiernos estatales y el federal para los ciudadanos de bajos ingresos.
