El último gran cambio que el Real Decreto que regula el Sistema de Precios de Referencia (SPR) de los medicamentos ha sufrido desde que fue enviado al Consejo de Estado y hasta que fue publicado en el BOE ha sido mal recibido, a partes iguales, con críticas y alabanzas por el sector farmacéutico. Los agentes reconocen que es mejor disponer de un umbral mínimo fijo que depender de un sistema variable de porcentajes sobre el gasto medio por receta. No obstante, censuran al Ministerio de Sanidad por el impacto que tendrá el nuevo umbral.
Las alegaciones que Aeseg presentó al proyecto insistían en el umbral para que en ningún caso fuera inferior a 2 euros. La decisión de Sanidad de bajarlo a 1,6 es un primer mazazo a los agentes, algunos de los cuales creen que podría generar desabastecimientos. Desde el sector de los genéricos aseguran a EG que el ministerio podría estar valorando el impacto de este cambio en 7 millones de euros. Para algunas de las compañías de este mercado, este impacto en realidad será mucho mayor.
Pero el umbral reserva otro golpe al sector. Pese a alegrarse de la desaparición de lo que consideraba “la parte más perniciosa” (el sistema de porcentajes), FEFE alerta de que la decisión del ministerio incluye una “trampa”: que este umbral tampoco es fijo, ya que depende de la existencia de precios menores en cualquier país, ya no de la Unión Europea, sino de la zona euro. “Es decir, que si en Estonia se vende más barato se aplicaría ese precio”, afirma Fernando Redondo, presidente de la patronal, que también tiene dudas sobre cómo se podrá poner en práctica esta decisión. En la misma línea, Farmaindustria destaca favorablemente los criterios moderadores establecidos —el umbral de 1,60 euros y los precios ponderados— para evitar bajadas “que puedan hacer inviable la comercialización de determinadas presentaciones”, aunque también recuerda que “estos criterios no aplicarán cuando esa misma presentación se comercialice en otro Estado miembro de la UE a un precio inferior”.
Los cambios que el umbral mínimo ha sufrido a lo largo de las distintas versiones de los proyectos del ministerio denotan que este sigue siendo un asunto crucial. Es reflejo, además, de las presiones recibidas por Sanidad para modificar la legislación en este punto. Han sido muchas y para nada coincidentes. La secretaría general técnica del Ministerio de Economía y Competitividad propuso reducir el porcentaje del 20 por ciento previsto en el inicial proyecto para fijar los umbrales mínimos. Asimismo, el Consejo Económico y Social y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia presentaron opiniones radicalmente diferentes. El primero veía bueno el establecimiento de umbrales de precios mínimos de referencia. Para el segundo, no deberían existir.
Una situación similar se dio entre las comunidades autónomas. Todas, salvo La Rioja, Murcia, Navarra y Aragón, además de Ceuta y Melilla, presentaron alegaciones al proyecto. Ninguna se opuso, aunque algunas aportaron mejoras. Las propuestas de signo contrario se centraron, de nuevo, en el umbral. Castilla-La Mancha, por ejemplo, los defendía expresamente mientras que Andalucía se oponía a ellos.
Siendo el más relevante, la modificación del umbral mínimo no es la única que ha sufrido el SPR. Otra ha incidido también sobre la influencia de los precios europeos. Sanidad ha decidido reducir a un mes el plazo de siete meses que el proyecto a los laboratorios para que comuniquen si alguna de las presentaciones de medicamentos cuyo precio de referencia se haya determinado mediante el umbral mínimo o el precio de referencia ponderado se comercializa a precio inferior en otro estado miembro.
Otra novedad tiene que ver con la presencia de los biosimilares en el sistema de precios. Además de mantener su presencia para formar conjuntos de referencia, el real decreto señala que, en caso de desabastecimiento del medicamento de precio más bajo, y a igualdad de precio inmediatamente superior entre varias presentaciones, la farmacia “dispensará el genérico o biosimilar correspondiente”.
Impactos sobre el sector
Cuando todavía no se sabe si la orden de precios (que será la que determine el impacto del RD) entrará en vigor antes o después del verano, los agentes siguen alertando a Sanidad. Según Redondo, actuar sobre el mismo sector va a llevar “a tener carencias importantes” en la prestación farmacéutica: “Un blíster de aluminio ya cuesta más que el precio menor”, dice. Y Farmaindustria valora que el sistema sea “respetuoso con los derechos de propiedad industrial”, pero recuerda los “elevados impactos que ocasionará en el sector”, y que vienen a sumarse a los ya recibidos como consecuencia de los cuatro reales decreto-ley, que han reducido el gasto farmacéutico público un 28 por ciento desde 2010.
¿Qué se está utilizando en los hospitales españoles?
El Real Decreto que regula el SPR ha dado un nuevo impulso a la transparencia sobre el consumo farmacéutico hospitalario. No está previsto que aplicar esta pata del decreto suponga un aumento de gasto, ya que el coste de preparar los equipos y aplicaciones informáticas y gestionarlos (estimado en unos 200.000 euros) se llevará a cabo con los recursos humanos disponibles en la actualidad. La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) lleva tiempo reclamando transparencia al Ministerio en torno a estos datos. Su presidente, José Luis Poveda, se muestra sorprendido de que aún no se haya conseguido, sobre todo porque este no es el primer intento legislativo en este sentido. Ya en el Real Decreto-ley 16/2012 aparecía la necesidad de disponer de esta información, un indicador que según Poveda permitirá saber con exactitud qué se está utilizando en los hospitales españoles y garantizar por tanto la cohesión del sistema.
