Más allá de las bajadas de precio que supone la nueva Orden de Precios de Referencia (OPR), uno de los problemas que ha provocado que saltasen las alarmas tanto en la industria como en la distribución ha sido la disminución de los periodos de convivencia. La obligación de adaptarse a la nueva situación en un día, para los primeros, y en 20 para los segundos, supone un problema logístico que podría derivar en desabastecimientos que afectarían a la sociedad española. Por ello, el sector ha solicitado al Ministerio de Sanidad en sus alegaciones que notifique a los afectados la fecha de publicación de la orden en el Boletín Oficial del Estado antes de que esta se produzca.
Estas alegaciones estarían basadas en el carácter administrativo de la OPR, circunstancia que, sin embargo, crea disparidad de opiniones entre los juristas expertos consultados por EG. Algunos de ellos defienden que la OPR es un “acto administrativo” y, como tal, “es de obligada comunicación con anterioridad a su publicación oficial”. Sin embargo, otros juristas observan que “tiene carácter reglamentario”, por lo que no es “necesario informar previamente a los afectados de la fecha prevista de publicación o de entrada en vigor de la norma”. En cualquier caso, y según ha podido saber EG, desde Sanidad no tendrían problemas en realizar dicha comunicación previa para no causar perjuicios a ambos agentes.
Otra duda que queda por despejar es si la OPR se publicaría en mayo o se postergaría a junio. La consecuencia de un posible retraso sería su entrada en vigor para las oficinas de farmacia, variando entre el uno de julio y el uno de agosto, respectivamente. Carlos Lens, subdirector general de Calidad de los Medicamentos y los Productos Sanitarios del ministerio, explicó a EG que “tras la enorme cantidad de alegaciones recibidas, no podemos asegurar que la orden esté lista antes del 31 de mayo”. En este sentido, añadió que “la obligación de Sanidad es cumplir la ley y, para ello, hay que notificar una a una las contestaciones a todas las alegaciones y, a pesar de estar trabajando a destajo, es difícil asegurar que lleguemos a tiempo”.
La dificultad que se encuentra el ministerio es que, según confirmó Lens, “no todas las alegaciones son de carácter técnico, hay muchas otras que son de fondo, como la discusión sobre la Dosis Diaria Definida (DDD)”, por lo que el trabajo para responder es más farragoso. Por ello, el ahorro estimado por Sanidad para 2014 podría sufrir un pequeño revés.
En cualquier caso, este parece ser el capítulo final de proceso de actualización de los precios de referencia, que ha tenido que sortear múltiples dificultades. En este sentido, cabe recordar que hace un año el Consejo de Estado emitió un dictamen con opinión desfavorable contra la OPR que le presentó Sanidad. El organismo consultivo entendía que la orden regulaba aspectos para los que no tenía rango legal suficiente por lo que instó a Sanidad a elaborar un real decreto que regulara el sistema.
