PSOE, CiU e IU no apoyarán el Pacto por la Sanidad al haber rechazado el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados la proposición de ley del Grupo Socialista sobre el restablecimiento de la universalización del derecho a la asistencia sanitaria.
El portavoz socialista, José Martínez Olmos, advirtió a los ‘populares’ de que, de no aceptar esta proposición, el pacto no sería posible, y los instó a “aprovechar la oportunidad”. En este sentido se pronunció también el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, asegurando que “no hay pacto si no se recupera la lealtad al sistema” y acusó al Gobierno de ser el responsable de “haberlo roto”. La portavoz de CiU, Conxita Tarruella, por su parte, incidió en que la universalización de la sanidad es un “punto imprescindible” para todos los grupos de la oposición a la hora de alcanzar el deseado pacto.
De hecho, esta proposición fue apoyada por todos los partidos de la oposición y rechazada únicamente por los ‘populares’. El portavoz del PP, Rubén Moreno, instó a los grupos a seguir debatiendo para llegar a un acuerdo y apuntó a que a los “inmigrantes ilegales” hay que atenderlos, pero a través de políticas sociales.
Martínez Olmos le recordó a Moreno que “se han quedado solos” con esta medida, que además es “xenófoba”, y que no apoya ninguna organización. Auguró que también podrá incluso provocar la ruptura del acuerdo entre el Ejecutivo y las organizaciones profesionales. Asimismo, aseguró que, en cuanto el PP pierda la mayoría absoluta, esta ley será derogada. Sobre este particular, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, respondió que los afectados por este RD “desgraciado” no pueden esperar a que los ‘populares’ pierdan las elecciones, por lo que abogó porque el Gobierno “revise su actuación”.
En cuanto a la deuda sanitaria, tanto PSOE como IU insistieron en que se ha incrementado a causa de la infrafinanciación del PP y es ahora mayor que cuando el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero abandonó el Gobierno.
Por otro lado, la diputada del BNG, Rosana Pérez, denunció además un aumento de la mortalidad del 4,6 por ciento desde 2012, algo que, en su opinión, se debe a la situación de crisis económica y a los recortes en Sanidad que ha llevado a cabo el Gobierno.
Falta de equidad
Cuando se cumplen dos años de la puesta en marcha del Real Decreto 16/2012, GM ha consultado al sector para evaluar su impacto. Francisco Miralles, secretario general de CESM, considera que la falta de equidad en el sistema ha estado latente en los últimos años, por lo menos “en algunos aspectos”. Asuntos como la universalidad, el aseguramiento y el derecho a la asistencia sanitaria pública son el ejemplo. “Si bien, ha habido otras medidas mucho más sociales y equitativas como puede ser el copago farmacéutico, más ajustado a renta”, comenta. Pero Miralles resalta que la no universalidad supone un paso atrás. Precisamente, para el portavoz del Foro de la Profesión, uno de los motivos de que no exista Pacto por la Sanidad son estas cuestiones vinculadas al decreto. Asimismo, explica que los médicos están preparando un día europeo de protesta por los ajustes. “Los presupuestos de la sanidad española han disminuido a niveles más allá de lo que era mejorar la eficiencia, por lo que se ponen en peligro los recursos”.
Fernando Molina, secretario general de CSI-F, reconoce que no puede hacer una valoración positiva. La pérdida de poder adquisitivo de los profesionales, “siendo una de las más altas del sector público”, ha afianzado la falta de equidad en el sistema. Molina asegura que la situación de los profesionales está más que descompensada, en muchas comunidades autónomas. Debido a la “toma de decisiones economicistas”. Las bajadas salariales y, por tanto, la bajada de la calidad asistencial, han propiciado un clima negativo y pesimista en el sector. “Los profesionales están desmotivados porque les están apretando en el trabajo y esto merma la calidad”. Como solución, Molina propone una gestión sanitaria profesionalizada y unos presupuestos en sanidad finalistas.
Para el presidente de Facme, Carlos Macaya, “quien tiene que hacer balance de estos años es el Gobierno”. De los seis epígrafes del RD algunos se han cumplido “con matizaciones”. En este sentido, coincide con Miralles en que la cobertura sanitaria a inmigrantes y el aseguramiento de los turistas no han contribuido a la equidad del sistema. Otros asuntos como el estatuto profesional y el registro están todavía en proceso de creación y espera que con el trabajo y esfuerzo de los profesionales médicos y enfermeros, el trabajo dé sus frutos.
Los dos grandes consejos generales lamentan el impacto que la normativa ha tenido sobre el empleo. “La crisis la estamos pagando unos más que otros”, señala el secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero. El presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Máximo González Jurado, sostiene que estas medidas han provocado el despido de más de 20.000 enfermeros.
González Jurado rechaza “de entrada” el real decreto por el modo de su aprobación. “Un decreto ley no es una figura sobre la que se puede negociar y la Sanidad necesita un pacto de Estado”, añade. Por su parte, la OMC subraya que aún está pendiente de evaluar el impacto del cambio “de un modelo basado en el derecho a la asistencia sanitaria por ley a otro de aseguramiento, que ha acabado generando dudas”.
