El primer pleno del Congreso de los Diputados tras el parón vacacional llegó amparado por el fin de los recortes y el inicio de la recuperación que el presidente del Gobierno que preside Mariano Rajoy, había trasladado a principios de agosto. Parte de las esperanzas de la oposición para intentar dar un giro a la política farmacéutica del PP se basaban en esas declaraciones, pero ni los visos de recuperación siguen siendo motivo suficiente para replantear la situación. La Sanidad fue la primera protagonista de un pleno que se cerró con la negativa en redondo del grupo popular a modificar un ápice el rumbo marcado por el Real Decreto-ley 16/2012. Tanto el intento de CiU de permitir que la vacuna de la varicela vuelva a las farmacias como el del PSOE para suprimir o evaluar el impacto de los copagos la supresión de los copagos o la evaluación del copago por renta en la población volvieron a caer en saco roto.
En relación al copago, el grupo mayoritario sigue escudándose en que la situación actual es más justa y equitativa que la anterior. “No sé si se dan cuenta de que ustedes lo que están proponiendo es volver a una situación de desigualdad y de inequidad (…) Por eso, señorías, no nos pidan que demos marcha atrás en esas medidas”, señaló el portavoz de Sanidad del PP en el Congreso de los Diputados, Rubén Moreno. Sin embargo, sigue sin haber noticias de los dos tramos adicionales que Ana Mato anunció en febrero de 2013. Desde entonces, la ministra no ha vuelto a dar pistas sobre este asunto. La semana pasada, durante su visita a la sede de Esteve en Martorelles (Barcelona), solo reiteró que el Interterritorial no se plantea modificar el copago, aunque reconoció que “siempre pueden estudiarse otras opciones”.
Mientras, el malestar por la reforma sanitaria continúa, acrecentado en primer lugar por la publicación de nuevos informes que, a la luz del segundo aniversario de la reforma, ofrecen datos que desmontan la tesis sobre la equidad del nuevo modelo de copago. El último ejemplo es un informe de CC.OO. que analiza los presupuestos sanitarios entre 2009 y2014.
Ya en su momento, el sindicato se posicionó en contra del nuevo modelo de participación de los usuarios en la prestación farmacéutica. El estudio carga ahora las tintas contra los tramos. Para visualizar la “gran desproporción” de los mismos y su efecto sobre la ciudadanía, se centra en el más polémico: el que existe entre los 18.000 y los 99.999 euros, para estimar qué porcentaje de la renta anual supone el abono durante los 12 meses del límite máximo de aportación para las personas con mayor renta en ese tramo y para las de menor. Al final de 2014, dice CC.OO., “las primeras solo habrán destinado el 0,22 por ciento de su renta anual a pagar medicamentos, mientras que las segundas habrán tenido que dedicar el 1,24 por ciento, es decir, 5,6 veces más”.
Pero no es ésta la única cuestión que llama la atención de los autores del informe, que también recuerdan la diferencia existente entre las comunidades autónomas respecto al modo de aplicación del límite máximo de aportación. “Mientras en unas se deja de pagar cuando se alcanza el límite mensual, en otras se produce una devolución posterior del exceso abonado. Una vez más comprobamos cómo las diferencias económicas y territoriales inciden en el acceso a una prestación, en este caso la farmacéutica”, indica.
Copago hospitalario
El estudio también contradice el componente de igualdad que el Gobierno quiere trasladar en relación al copago farmacéutico hospitalario. Moreno recordó en el pleno que “el acceso a los medicamentos no solo debe ser equitativo sino que tiene que ser igual en todo el territorio nacional, independientemente de dónde residan”.
Sin embargo, este copago no se está aplicando por igual. El estudio de CC.OO. también habla de él en términos de ‘inequidad’ y recuerda que sí se está aplicando, aunque solo en las dos ciudades autónomas: “Ceuta y Melilla tienen —dice— el dudoso honor de ser los primeros territorios en los que se aplica el copago de la farmacia hospitalaria. Ambas ciudades, cuyos datos en las estadísticas sanitarias las colocan a la cola en la mayoría de ellas, fueron las primeras en las que se aplicó. No es de extrañar porque son las únicas que dependen directamente del Ministerio de Sanidad”. De momento ninguna comunidad se ha sumado aunque, de ocurrir, el sindicato da por seguro que otras seguirán siendo insumisas, lo que generará nuevas discrepancias.
Al PSOE no le basta con que las comunidades no lo apliquen. Su portavoz de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos, reclamó para los ciudadanos “una garantía jurídica de que no va a caer sobre ellos una decisión que se pueda plantear por sorpresa”.
Evaluación
El informe de CC.OO. no es el único hecho que en los últimos días ha puesto en evidencia la postura inamovible del PP en el Congreso. El Grupo Popular sigue creyendo innecesario evaluar el impacto del copago, a pesar de que todos los grupos de la oposición coinciden con el PSOE en, al menos, abrir el debate y cumplir así con la Ley General de Salud Pública, aprobada en 2011 y que, según recordó Martínez Olmos, “obliga al Gobierno y a las administraciones públicas a evaluar el impacto de sus decisiones en materia de salud”.
El PP cree que hay datos que avalan su postura. Así lo indicó Moreno: “Antes, el 70 por ciento de las recetas se concentraban en el 20 por ciento de la población, la que estaba exenta de pago, la de pensionistas. ¿Qué porcentaje de recetas cree que consumían los pensionistas de clases pasivas, los funcionarios, aquellos que tienen que pagar un 30 por ciento por los medicamentos? Pues han consumido tradicionalmente un 40 por ciento menos de recetas. ¿Qué conclusión saca de eso? ¿Que los pensionistas funcionarios están menos enfermos que los pensionistas régimen general? (…) Claro que la aportación farmacéutica, más que un efecto recaudatorio, lo que tiene es un efecto racionalizador de un bien público en el que la sensación de gratuidad puede llevar a un consumo ineficiente”.
En este contexto es llamativa la decisión del grupo popular en el Parlamento de Galicia de instar a la Xunta a llevar a cabo un estudio que estudie los medicamentos prescritos y no retirados en las farmacias tanto antes como después de la aplicación del copago farmacéutico por renta. Los resultados de este informe pueden inclinar la balanza definitivamente hacia quienes creen que el copago por renta ha sido la solución a muchos problemas del SNS o los que consideran que ha agravado la situación de muchas personas.
La vacuna de la varicela
La portavoz de Sanidad de CiU en la Cámara Baja, Concepció Tarruella, no tuvo más suerte que Martínez Olmos en la moción consecuencia de interpelación sobre la vacuna de la varicela para que pudiera ser administrada de nuevo en las farmacias. Desde el 1 de septiembre, la Aemps ya no solo retiene los lotes, sino que la ha pasado la vacuna a uso hospitalario. Varios grupos, además de CiU, alertan del mercado paralelo que ya existe en ciudadanos que, ante la imposibilidad de adquirir la vacuna en España, la compran en Portugal, Andorra o el sur de Francia.
El PP insiste que las restricciones se han adoptado para solucionar un problema de salud pública ya que, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos donde se han seguido adecuadamente las recomendaciones, “en España no ha sido así” y el número de dosis consumidas fuera del control de salud pública entre 2009 y 2012 había alcanzado una meseta en torno a un 40 ó 50 por ciento de la cobertura de la vacunación, que está justo en medio del rango que según la OMS representa un riesgo de aumento de la morbilidad por cambios en la edad de la infección.
En 2014, los usuarios que ganan 18.000 euros habrán pagado 5,6 veces más que los que ganan 99.999 euros
El PSOE ha reclamado una “garantía jurídica” de que el copago hospitalario no se planteará “por sorpresa”
Rubén Moreno: “Plantea derogar los cambios en el copago. Dicho de otro modo: usted, que tendrá probablemente una pensión de 2.555 euros mensuales, pretende no pagar nada y pedirle a un trabajador que gana 900 euros que pague el 40 por ciento. ¿Le parece justo?
José Martínez Olmos: “Las subastas andaluzas muestran que se puede ahorrar en Farmacia sin que lo tengan que pagar los ciudadanos. Aplicadas en España, ahorrarían 1.500 millones de euros, superior a lo que se está ingresando con el copago todos los años”.
Concepció Tarruella: “Les recuerdo que ahora tienen que constituir —y esperemos que lo hagan rápidamente— la comisión de seguimiento de los acuerdos a los que llegamos algunos grupos al principio de este verano precisamente en relación con el SNS”.
Gaspar Llamazares: “Hay un efecto rebote que el Gobierno no calculó. En el segundo año ya se ha recuperado el gasto sanitario y sobre todo farmacéutico anterior. Ese efecto es particularmente intenso en el gasto hospitalario, que está desbocado”.
Joseba Agirretxea: “El RDL 16/2012 incurre en una flagrante invasión competencial (…) Es hora de debatir. Tengan en cuenta a las comunidades que lo hacen bien y que con su dinero ayudan a quienes sufren la imposición de estas medida”.
Rosa Díez: “Las cosas hay que evaluarlas a la luz de las consecuencias, y las leyes y los reales decretos también. No es una cuestión ideológica. (…) Si hacemos ejercicio de la abstracción, hay datos contrastados a nivel nacional e internacional”.
