El modelo de innovación biomédica puede prevenir futuras crisis globales de salud pública, si se abordan cambios. Así lo cree el Parlamento Europeo, que la semana pasada aprobó una propuesta de resolución sobre la crisis del virus del Ébola que acabó con la vida de 11.000 personas en África Occidental. En ella, los eurodiputados instan a la Comisión Europea, entre otras cosas, a estudiar “modelos alternativos” a los basados en el monopolio de patentes cuando se trata del desarrollo de medicamentos o vacunas producidos por asociaciones público-privadas, como la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI), que pueden garantizar la accesibilidad de los pacientes a los tratamientos, la sostenibilidad de los presupuestos sanitarios y una respuesta eficaz a crisis como la provocada por el virus del Ébola o amenazas similares.
A su paso, la crisis del virus del Ébola ha dejado varias lecciones. No solo ha puesto de manifiesto las deficiencias sanitarias que existen en los tres países más afectados, Guinea, Liberia y Sierra Leona. También ha destapado las carencias del sistema de ayuda internacional ajeno a las ONG, cuya labor sobre el terreno en los tres países africanos más afectados —Sierra Leona, Guinea y Liberia— resultó ser mucho más eficaz.
La ayuda internacional para que estos países establezcan sistemas sanitarios de calidad debería traducirse en mejores equipos, infraestructura, formación de profesionales y tratamientos. Hasta ahora, la Unión Europea ha destinado 2.000 millones de euros a la lucha contra el Ébola: 900 han salido de la Comisión y el resto de los estados. También la industria farmacéutica ha destinado importantes recursos a la investigación de vacunas y tratamientos. Pero los éxitos de esta inversión siguen encallando en materia de acceso.
La resolución del Europarlamento reconoce la importancia de los pasos dados, pero también que no son suficientes. “El derecho de acceso de los enfermos a los medicamentos debe ser nuestra pauta de conducta política”, señaló Charles Goerens, autor del informe. En línea con esta postura se sitúan las enmiendas introducidas al texto por varios grupos.
Uno de ellos es UPyD, que de nuevo insiste en la falta de retorno de las inversiones comunitarias en el marco de la IMI para que “no paguen dos veces por los medicamentos”. La también eurodiputada española Lola Sánchez (IU) señaló que “urge acabar con la austeridad, desarrollar sistemas sanitarios robustos y usar alternativas al actual modelo de I+D de medicamentos”.
Asimismo, los eurodiputados creen que hay que fomentar una “financiación eficaz y justa de la investigación”, que garantice que las innovaciones e intervenciones comproten soluciones “asequibles y accesibles”. Por ello reiteran “que deben estudiarse modelos que disocien los costes de I+D de los precios de los medicamentos, incluyendo las posibilidades de transferencia a los países en desarrollo”.
En última instancia, el documento destaca la necesidad de invertir en las enfermedades “desatendidas” e insta a la Comisión a seguir el debate a este respecto y poner en marcha “una gran cooperación pública-privada” siempre que se adopten salvaguardas para evitar que se vean afectadas las personas vulnerables en un mercado no regulado.
Para algunos, el informe se quedó corto. La alemana Maria Heubuch lamentó que no incluyera “un enfoque más flexible en cuanto a propiedad intelectual” para los países en desarrollo. No tuvo en cuenta, sin embargo, que esta postura ya está siendo firmemente defendida por la Comisión Europea.
