J. R-T Madrid | viernes, 15 de enero de 2016 h |

Una de las promesas electorales que predicaron durante la campaña tanto el PSOE como Podemos es la inclusión de la salud como derecho fundamental dentro de la reforma constitucional que quieren abarcar ambos partidos, entre otros. Sin embargo, esta tarea tiene varias piedras en el camino. La primera es la dificultad para abrir la Carta Magna por las páginas de los derechos fundamentales. Según la norma, es necesario el apoyo de dos tercios del Congreso (233 diputados), para lo que se hace necesario el apoyo del Partido Popular. Sin embargo, el partido que preside Mariano Rajoy no es partidario de tocar la Constitución, más allá de que la sanidad que consideran sostenible y de calidad es la que emana del Real Decreto-Ley 16/2012.

La idea que el PSOE llevaba en campaña pasaba por el compromiso “con un sistema sanitario público, universal, gratuito y de calidad”. Para ello, señalaban “la necesidad de reformar la Constitución para que recoja la sanidad pública como un derecho fundamental que quede blindado y protegido”, según reconocieron tanto la secretaria de Sanidad del partido, María José Sánchez Rubio, como el actual senador socialista José Martínez Olmos. Podemos también aseguró durante la campaña que su objetivo era incluir a la salud entre los derechos fundamentales recogidos por la Constitución. Además, como preámbulo mientras se debate sobre la apertura o no de la Carta Magna, el pasado miércoles la formación de Pablo Iglesias registró en el Congreso de los Diputados la Ley 25 de Emergencia Social, que lleva la eliminación del copago farmacéutico.

Si ambos partidos consiguieran pactar una hoja de ruta para el ámbito sanitario, con el beneplácito de Ciudadanos, el PP tendría más difícil oponerse. Sin embargo, el problema puede venir del propio Podemos. Dentro de la reforma constitucional, la formación de Pablo Iglesias considera igual de prioritario la cuestión territorial, circunstancia que le separaría del resto de partidos y, con ello, se esfumarían las posibilidades de proteger la salud como derecho. Además, ese requisito restaría fuerzas al PSOE, quien tendría más difícil convencer en el ámbito de la salud a Ciudadanos, único partido junto al Partido Popular que respalda la mayoría de lo escrito en el Real Decreto 16/2012.