Ni la financiación de la Estrategia Nacional de Hepatitis C, que lleva pendiente desde su aprobación; ni los techos de gasto sanitario y farmacéutico, sobre los que las comunidades autónomas se han quejado en varias ocasiones por la falta de información, se tocaron en la reunión del Consejo de Políltica Fiscal y Financiera. El pleno del ministro y los consejeros de Hacienda acordó mantener los objetivos de las CCAA de déficit y deuda pública para 2016 y 2017 y conseguir la estabilidad presupuestaria en 2018.
Sin embargo, sí hubo menciones a los impactos sanitarios de los planes económicos para el año que viene, y que dejan el objetivo de déficit para las CCAA en el 0,3 por ciento del PIB para 2016; en el 0,1 por ciento para 2017 y en el 0,0 por ciento para 2018.
La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía , María Jesús Montero, rechazó el objetivo de déficit impuesto por el Estado y reclamó “una senda más suave de consolidación fiscal, que permita margen para estimular la economía y crear empleo” y un “reparto más equilibrado del objetivo de déficit” entre el Estado y las comunidades autónomas. Según Montero, “no se puede seguir ajustando en sanidad, educación y dependencia” cuando el reparto de esfuerzos para ajustar el déficit es “claramente injusto y desequilibrado”.
También su homólogo catalán, Andreu Mas-Colell, aseguró que el objetivo de déficit para 2016 es “ilegal e injusto”, además de “inviable”.Mas-Colell y otros consejeros reclamaron al Ministerio de Hacienda que ponga en marcha la reforma del modelo de financiación autónomica.
