Alberto Cornejo Pontevedra | martes, 02 de diciembre de 2014 h |

“He estado cuatro años transmitiendo la importancia de la buena praxis y de la profesionalidad y al ver como la prensa le dedica páginas enteras (en referencia a las operaciones policiales contra la distribución inversa) siento una gran tristeza porque estas noticias nos avergüenzan a toda la profesión y perjudican gravemente la imagen de nuestro colectivo”. Así comienza una sentida —y en algunos momentos dura y directa— carta remitida por la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, Alba Soutelo, a sus colegiados valorando las últimas investigaciones contra la exportación ilegal de medicamentos, de las cuales una de ellas, la ‘Operación Noisa’, tiene su foco de origen en Galicia.

En dicha circular, Soutelo confirmaría que los ahora detenidos en el marco de la Operación Noisa —cuyos principales cerebros son miembros de la misma familia a la vez que propietarios y adminsitradores de diversas boticas y almacenes locales— eran “viejos conocidos” en el ámbito sanitario gallego y en el propio colegio pontevedrés por realizar estas mismas prácticas por las que ahora han sido detenidos (como ocurrió en 2012 con el caso Celtifarma, uno de los almacenes propiedad de Carlos Iván L.L, considerado principal cerebro de la trama). Así, Soutelo hace repaso de la cronología de avisos dados al respecto desde el colegio que preside. “En marzo de 2010 tuvimos conocimiento, por vosotros, de que había empresas que estaban contactando con las farmacias ofreciéndose para la adquisición planificada de medicamentos susceptibles de comercio paralelo; pusimos este hecho en conocimiento de la Inspección de Farmacia y os alertamos a través de circular”; “…en las reuniones de zona celebradas en junio de 2011 os transmití la gravedad de la distribución de medicamentos por parte de las farmacias y os dije que era máxima prioridad para la Administración central” o “…después de varias circulares y comunicados de aviso, en marzo de 2013 os informamos que la Guardia Civil estaba realizando una investigación a nivel nacional (…) y que se había presentado en el Consejo General para recabar información”, son algunos de los recordatorios a los que alude Soutelo.

Por todo ello, la presidenta del COF de Pontevedra es tajante al manifestar que “ningún colegiado puede decir que no estaba informado”, además de insistir en que “durante más de cuatro años os hemos pedido que nos hicierais partícipes de cualquier ofrecimiento que os hicieran, así como de cualquier comportamiento irregular que detectarais en la farmacia de demandas de determinados medicamentos”. ¿El por qué de este mensaje tan directo? “El COF de Pontevedra ha actuado como tenía que actuar y por eso ahora podemos hablar muy claro”, expone la circular fechada el 23 de noviembre.

Para Soutelo, la conocida como distribución inversa (investigada en este 2014 hasta en cuatro operaciones policiales) “es un problema muy serio que puede acabar con nuestro modelo de farmacia” y solicita que la distribución “cree un código ético en el que se comprometa con su defensa y a comprar medicamentos únicamente a laboratorios o distribuidores legales”.