Todos a una contra las subastas. Esta vez sí, los boticarios andaluces han unido sus fuerzas para frenar el desarrollo de la licitación de medicamentos. El pasado 22 de febrero, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof) presentó un recurso de alzada contra la resolución de la dirección-gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que anunciaba la primera convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia andaluzas ante recetas prescritas por principio activo.
Los farmacéuticos andaluces consideran tal convocatoria “nula de pleno derecho”, entre otros motivos, por vulnerar normas estatales con rango de ley básica, según se expone en el recurso de alzada al que ha tenido acceso EG. En concreto, el documento señala entre los argumentos para la nulidad que la convocatoria invade competencias estatales, vulnera la normativa sobre fijación del precio de los medicamentos y sobre financiación del Sistema Nacional de Salud, al tiempo que crea desigualdades para los ciudadanos al limitar el catálogo de prestaciones.
Asimismo, aduce que atenta contra la libre competencia y refuerza supuestos de abuso de posición dominante de los laboratorios. Sobre este aspecto, añade que no se justifica la forma en que se determina el número de presentaciones a seleccionar para cada uno de los medicamentos.
Por todo ello, los farmacéuticos andaluces sostienen que la convocatoria “supone un claro menoscabo de competencias estatales, interfiriendo ejercicio y excediendo de las competencias de la propia Comunidad Autónoma de Andalucía”. Además, el recurso plantea que, en contraposición a los objetivos del RDL 9/2011, “el SAS, al sacar la licitación de moléculas, ha producido sin duda alguna una profunda distorsión, quebrantando esos principios de equidad, cohesión y sostenibilidad”.
Con estos argumentos en su mano, el Cacof solicita la suspensión de la ejecución de esta resolución, así como que se anule íntegramente. Ahora, según expuso el presidente de los farmacéuticos andaluces, Manuel Arenas, el SAS cuenta con un mes para contestar a este recurso. “Si no contesta, entonces es silencio positivo y automáticamente quedaría suspendido”, explicó Arenas, aunque se mostró poco optimista en que el ejecutivo andaluz les de la razón de esta manera.
Por el contrario, en caso de que se denegaran las peticiones del colectivo, este acudiría entonces al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y recurriría por la vía contencioso-administrativa, según confirmó Arenas.
Sanidad reacciona
Un segundo frente se le ha abierto a la consejera de Salud andaluza, María Jesús Montero. Tras recibir la evaluación del Ministerio de Sanidad sobre las subastas andaluzas, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas envió la semana pasada una carta a la consejera con un mensaje claro: esta decisión excede las competencias de la comunidad y entra en el terreno del Estado.
Según ha podido saber este periódico, la carta amenaza a la Junta con recurrir al Tribunal Constitucional si no se retira el decreto-ley que regula la subasta, algo a lo que la Junta sigue sin estar dispuesta. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ya ha calificado de “error” la postura del Gobierno.
