Las políticas farmacéuticas, sobre todo si son regionales, suelen pasar desapercibidas para el público general. Sin embargo, existen algunas cuya historia traspasa fronteras gracias a la beligerancia judicial, las repercusiones sanitarias y su desapego a la equidad. En la víspera de las elecciones andaluzas celebradas en marzo de 2012, la consejería de Salud que dirigía por aquel entonces María Jesús Montero firmó in extremis la resolución que dio a luz a las subastas de medicamentos. Casi tres años después, la medida estrella de la política farmacéutica autonómica ha levantado ampollas en el sector y en diversas asociaciones de pacientes, que siempre han argumentado que los criterios económicos no deben primar en sanidad. Pero, ¿cuáles han sido realmente las lagunas de las subastas? ¿Ha existido alguna nota positiva? ¿Es un tema meramente político o realmente afecta a los ciudadanos andaluces?
Un denominador común de las subastas de medicamentos en estos años han sido los desabastecimientos de las presentaciones adjudicadas. El último informe que publicó el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Jaén alertaba de un total de 74 presentaciones de medicamentos que se encuentran en situación de desabastecimiento. Pero esta situación ha tenido picos más turbios. A principios de 2013, con un solo año de vida, el 54 por ciento del mercado subastado en Andalucía lo tuvieron que cubrir compañías que no se presentaron al concurso y acudieron al rescate por la responsabilidad que se le exige en la Ley de Garantías.
Esta situación de desabastecimiento ha acarreado dos problemas inmediatos. En primer lugar, los pacientes se han tenido que acostumbrar a cambiar de presentación constantemente y el perfil del crónico apunta a una probable falta de adherencia al tratamiento. “Los desabastecimientos provocan falta de seguimiento en el tratamiento y sus consecuencias inciden especialmente en los estratos sociales más desfavorecidos”, señala la Alianza General de Pacientes (AGP). La segunda consecuencia la padecen los farmacéuticos. Para que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) reembolse la venta de un medicamento no adjudicatario en sustitución al desabastecimiento provocado es necesario un informe motivado que incluya el reconocimiento del laboratorio de la falta de abastecimiento. El problema radica en que ese mea culpa no se consuma porque sería admitir el incumplimiento del convenio firmado con el SAS, circunstancia que podría suspender de facto la exclusividad del mercado.
Sobre estos dos problemas emerge una duda en el sector sobre las subastas de medicamentos. ¿Por qué la Junta de Andalucía confía su prestación farmacéutica a unas compañías que sistemáticamente presentan unos desabastecimientos que no confirma de manera oficial? En el sexto concurso que acaba de resolverse, Aurobindo ha vuelto a conseguir la adjudicación de la amoxicilina 875mg / Clavulánico 125mg de 20 comprimidos para toda Andalucía cuando a fecha del 2 de febrero presentaba desabastecimiento. Vir ha conseguido lo propio con doxazosina 2mg de 28 comprimidos, también en situación actual de desabastecimiento. KRKA vive una situación idéntica con la venlafaxicina, o Ranbaxy con el valsartán. Si bien es cierto que las subastas no se rigen por la legislación vigente sobre contratación pública, la cual sí prevé sanciones que pueden llevar a la imposibilidad de incurrir en concurso futuros, es llamativo que el SAS permita que su prestación farmacéutica esté a expensas de estos avatares.
Además de los problemas que está acarreando la medida andaluza, existe una situación de temporalidad marcada por el Tribunal Constitucional. Tras levantar la suspensión cautelar sobre las subastas, el órgano judicial sigue dirimiendo sobre la supuesta invasión de competencias al Gobierno central. Si considerase válida la medida, la situación vivida en los últimos tres años podría eternizarse, sobre todo porque las grandes compañías de genéricos no tienen ninguna intención de concurrir a las subastas. Además, que el proceso esté en el Constitucional está invalidando el resto de recursos, ya que los órganos judiciales se inhiben a expensas de este tribunal. Así ha ocurrido con los distintos recursos presentados ante órganos contencioso-administrativo, alguno de ellos llevados a examen tras la reforma del artículo 86 de la Ley de Garantías, que evita situaciones de inequidad.
Todo este desbarajuste de difícil explicación está justificado por la Junta de Andalucía por los ahorros que la medida aporta al sistema sanitario autonómico. El objetivo de la consejería de Salud es alcanzar un ahorro de 200 millones de euros anuales con las subastas pero la realidad se ha empeñado en contradecir al gobierno regional. El último dato ofrecido por la Junta, del pasado día 6 de febrero, aseguraba que se alcanzarían 81 millones de euros, un 40,5 por ciento de sus previsiones. Aún así, este es de los mejores datos que han cosechado las subastas, que tanto en su cuarta como quinta versión los ahorros rondaron el 20 por ciento. Este dato del ahorro, además de por cuestiones sanitarias, se ha puesto en tela de juicio por la destrucción de empleo y la falta de apoyo a las empresas que contribuyen al Producto Interior Bruto (PIB). Con las subastas de medicamentos, los visitadores de farmacia han dejado de tener sentido y las redes comerciales de las grandes compañías españolas están desapareciendo.
El balance de tres años de subastas, para unos y para otros, es que la junta de Andalucía dispone de 81 millones ahorrados en una mano y en la otra desabastecimientos de fármacos, compañías que no cumplen sus convenios al cien por cien y muchos pacientes descontentos. Sobre la cabeza, tiene la decisión del Constitucional como espada de Damocles y al frente unas elecciones autonómicas el próximo 22 de marzo. Será entonces cuando los ciudadanos andaluces diriman la utilidad de la medida y la eficacia para su sistema sanitario autonómico.
En octubre de 2014, EG publicó una encuesta en la que contestaron 387 profesionales sanitarios andaluces puso de manifiesto que la consejería de Salud ha dado prioridad a criterios economicistas por encima de los puramente asistenciales a la hora de implementar esta medida. Diferentes agentes del sector coinciden en que pacientes “adecuadamente o aceptablemente controlados” han pasado a una situación de descontrol clínico tras producirse un cambio en el medicamento dispensado en la oficina de farmacia.
La encuesta también reflejaba que este problema de adherencia al tratamiento se agrava por el desabastecimiento que han provocado los laboratorios adjudicatarios de las subastas. “Muchos de estos riesgos se limitarían si en las subastas sólo entraran laboratorios con garantías de calidad contrastadas, en todos los sentidos”, subraya la AGP en el informe donde se recomienda que se amplíen los criterios establecidos en la Ley de Farmacia de Andalucía y que se garantice el suministro de medicamentos. De momento, los farmacéuticos andaluces, gracias a las compañías que nunca incurrieron en las subastas, han conseguido ofrecer alternativas a los pacientes cuando se han producido desabastecimientos.
