carlos b. rodríguez Madrid | viernes, 23 de octubre de 2015 h |

El elevado precio de muchos medicamentos se está convirtiendo en un problema creciente para los sistemas sanitarios de los países europeos, que amenaza incluso su sostenibilidad fiscal. Los expertos independientes que ofrecen asesoramiento no vinculante a la Comisión Europea sobre formas efectivas de invertir en salud creen que la situación invita a replantear de manera urgente la manera en que la I+D farmacéutica se financia y se recompensa. Este es uno de los objetivos de la consulta pública lanzada sobre un dictamen preliminar redactado por este grupo de expertos, que explora diferentes opciones para mejorar la equidad en el acceso a servicios de salud en la UE. Aseguran que “es hora de considerar la posibilidad de desvincular el precio de la I+D, así como de adoptar acciones para garantizar una mayor transparencia”.

Hasta el 6 de noviembre, la Comisión Europea podrá recabar opiniones de las partes interesadas. Los comentarios quedarán reflejados en el dictamen definitivo —esperado para finales de noviembre— de este grupo de expertos, entre los que se cuenta el ex secretario general de Sanidad y ex consejero de Sanidad Fernando Lamata. De momento, sus ideas preliminares en materia de farmacia reavivan una soliticud que ha ganado peso desde que en la 63ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 2010, se encomendó a la Organización Mundial de la Salud la tarea de identificar nuevos mecanismos de financiación e incentivación para I+D y que analizara las propuestas para desvincular el precio de los productos de los costes en I+D.

En los últimos meses, la idea ha cobrado fuerza en el debate europeo sobre la financiación y el acceso de las innovaciones. Varios grupos parlamentarios, entre ellos UPyD, han apostado en la Eurocámara por ahondar en esta vía, por la que también apuesta la sociedad civil (por ejemplo, el Diálogo Transatlántico de Consumidores, foro que agrupa a la Alianza Europea por la Salud Pública, entre otras solicitudes).

Tambien dentro de los estados se ha hecho fuerte este discurso. La semana pasada, sin ir más lejos, se presentó en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC) una campaña cuyo objetivo es situar el debate en los programas electorales de los partidos que concurren a las elecciones generales. No se trata solo de abordar el elevado precio de algunas innovaciones, sino de abarcar el conjunto de un sistema que, según critican, incentiva a las compañías a invertir en I+D en fármacos que le van a ser rentables, pero que no necesariamente tienen que ser aquellos que reclaman la sociedad o los profesionales.

La propia OMC es una de las siete organizaciones que ha promovido esta campaña, que gira en torno a tres medidas concretas que encuentran muchos vínculos con el documento que la Comisión Europea ha sacado a consulta. Así lo señaló el propio Fernando Lamata, invitado a exponer la primera de esas tres patas, relativa a la transparencia en el sistema.

Precio por coste

La ofensiva para iniciar un cambio en el modelo parte de la idea de que la “transparencia termina donde empiezan los intereses comerciales”. La autora de esta frase es la eurodiputada liberal Margarete Auken, que junto a su colega de UPyD Beatriz Becerra y Médicos sin Fronteras protagonizó la semana pasada un evento en el Europarlamento sobre el elevado precio de las vacunas.

La misma idea ronda también entre las conclusiones de los expertos que asesoran a Bruselas. Para hacer frente a estos problemas, dice el documento que ha originado la consulta, los estados miembro deberían asegurar “precios más justos” identificando vías más eficientes de financiar la I+D, exigiendo “mucha más transparencia” en relación a costes y precios y desarrollando compras conjuntas para medicamentos y productos sanitarios.

El gran reto consiste en encontrar el equilibrio necesario entre los diversos intereses que juegan en el mercado farmacéutico. Lamata recordó que es necesario contar con un “sector farmacéutico potente”. Desde su perspectiva, el problema generado en torno a la financiación y acceso de las innovaciones se ha visto perjudicado por una ‘perversión’ de la fórmula basada en el ‘valor’ de la innovación farmacéutica. “Si un medicamento no produce valor lo que hay que hacer es no aprobarlo o no financiarlo”, señala. Por otro lado, para que los precios bajen en el mercado es preciso que haya competencia, algo que la patente impide por definición. Pero si la patente tiene un sentido de recuperar costes, entonces ante un fármaco con patente se debería exigir, según este experto, no precio por valor, sino precio por “coste más un beneficio razonable”.

La idea, por tanto, de desvincular precio e I+D parte de un primer requisito de transparencia: la necesidad de conocer, no solo los costes por parte de la industria, sino también el detalle sobre las inversiones públicas e incentivos fiscales en I+D. Esta información permitiría conocer la trazabilidad de aquellos proyectos que resulten en tecnologías sanitarias comercializadas y derivar en alternativas a la patente tradicional (desde las licencias socialmente responsables hasta las patentes negociadas, pasando por las licencias obligatorias y, en último caso, la producción pública) que a su vez se traduzcan en precios asequibles.

Pero no son los únicos requisitos de transparencia que parece necesario abordar. Los expertos europeos también creen necesario abordar posibles “conflictos de intereses” en las agencias regulatorias, empezando por la Agencia Europea del Medicamento, cuyo presupuesto procede en gran parte (un 83 por ciento) de la industria farmacéutica. Lamata traslada la idea al ámbito español, y aboga por conocer los conflictos de intereses y régimen de incompatibilidades de los miembros que componen la Comisión Interministerial de Precios, la Agencia Española de Medicamentos y los órganos asesores.

Otras propuestas

Más allá de la transparencia, el Panel de Expertos sobre Formas Efectivas de Invertir en Salud anima a los estados a “usar sistemáticamente la evaluación económica para informar decisiones de cobertura o posibles desfinanciaciones de medicamentos”, a mejorar los sistemas de información y a fomentar una “prescripción racional” a través de ‘listas inteligentes’, algoritmos o guías.

Asimismo, instan a la Comisión Europea a ayudar a los estados miembro a desarrollar estos nuevos sistemas eficientes de I+D y precios, así como a seguir fomentando la cooperación europea en materia de evaluación y en e-salud.

Fernando Lamata fue el encargado de aportar ideas sobre la primera de las tres medidas concretas que, según la campaña “No es sano”, necesitan un impulso político para garantizar el acceso a los medicamentos a un precio asequible. Las otras dos patas de la propuesta, presentadas la semana pasada en la sede de la Organización Médica Colegial, pasan por la introducción de “criterios de interés público para toda inversión realizada por el Estado” y por “promover iniciativas de I+D basadas en nuevos modelos de innovación que no dependan exclusivamente de las patentes” como incentivo a la investigación y modelo de negocio y que garanticen la cobertura universal de pacientes y enfermedades. Los responsables de la campaña presentarán sus ideas a los partidos que concurren en las elecciones generales.