O. Maspons Barcelona | viernes, 26 de junio de 2015 h |

A pesar de que en un principio las previsiones de cobro a partir de verano por parte de las oficinas de farmacia de Cataluña no era muy halagüeña, tal y como alertaron recientemente el consejero de Presidencia y portavoz del gobierno autonómico, Francesc Homs, y el consejero de Empresa y Ocupación, Felip Puig, las boticas regionales cobrarán este mes, el próximo 30 de junio, una factura. Se trata, en concreto, del pago de los medicamentos dispensados durante el mes de marzo: 119,5 millones de euros.

Así lo confirmaron a EG fuentes del Consejo Catalán de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que precisaron que después de las gestiones llevadas a cabo de forma conjunta entre esta institución farmacéutica y la patronal catalana de oficinas de farmacia, Fefac, el 23 de junio el CatSalut informó, “de palabra”, que el pago de las recetas dispensadas durante el mes de marzo estaba en su programación de pagos a proveedores de este mes de junio.

De esta forma, se ahuyentan los fantasmas de un nuevo impago que agravaría más la situación de unas farmacias que arrastran el retraso de la factura correspondiente al mes de abril (112,7 millones de euros), que previsiblemente se incrementará el próximo 6 de abril más allá de los 200 millones de euros, cuando se debería abonar la factura del mes de mayo.

‘Amenaza’ valenciana

Al igual que se prevé en Cataluña, las oficinas de farmacia de Comunidad Valenciana también esperan recibir en estos últimos días de mes un nuevo pago de la deuda que arrastra su Administración, que en su caso se reduce a una única mensualidad. En este caso, la factura a recibir será abril.

No obstante, el problema para las boticas valencianas podría venir en próximos meses, ya que el Ministerio de Hacienda habría ‘amenazado’ a la Generalitat con retenerles parte de los ingresos de la financiación autonómica por superar con creces el periodo medio de pago a proveedores que establece la Ley de Control de la deuda comercial en el sector público. Ya el pasado mes de marzo, este Ministerio envió dos cartas insistiendo en que redujeses los plazos de pago que, en esta región, s se sitúan en 92,5 días según el último informe (cuando la ley obliga a no superar los 30 días).