Madrid y Castilla-La Mancha podrían llegar a un acuerdo sobre el concierto sanitario firmado a finales de la anterior legislatura para el año 2016, aunque tendrán que remar en la dirección del consenso. Así lo han señalado fuentes de la Junta de Castilla-La Mancha, tras señalar la buena sintonía existente entre los nuevos titulares de Sanidad, Jesús Fernández y Jesús Sánchez Martos. La enorme dificultad existente para anular la parte del concierto relativa a Toledo, como quería el nuevo ejecutivo manchego, ha dado paso a una negociación que podría resolverse mediante el pago de la farmacia hospitalaria por parte de la administración madrileña.
Sin embargo, desde Madrid se cuestiona la postura manchega y se rechaza cualquier crítica a la calidad asistencia de la comunidad capitalina. “Lo primero que hice fue hablar con el propio consejero y me dijo que tenía datos de los colegios de médicos y enfermeros de que la atención a los ciudadanos de Toledo no es buena. De esto hace dos semanas y sigo esperando esos datos concretos”, señaló el consejero madrileño, Sánchez Martos.
Fernández aseguraba que los hospitales donde son atendidos los pacientes limítrofes con Toledo no tienen “la capacidad ni las especialidades suficientes para atender”. El consejero de Castilla-La Mancha explicaba que la decisión de retirar el convenio fue fruto de un acuerdo conjunto entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y los diferentes colegios profesionales de médicos y enfermería de la comunidad autónoma. A este respecto, el consejero madrileño aseguró que “no vale que el convenio sea en unas zonas sí y en otras no”
La semana pasada, el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, confirmó que el Ejecutivo autonómico se compromete “si es necesario a informar uno por uno a todos los ciudadanos de la provincia de Toledo” que se ven afectados por el convenio sanitario con Madrid para explicarles “de qué forma este convenio es totalmente dañino para los intereses de su propia salud”. El portavoz aseguró que el convenio se mantendrá “hasta que se encuentre una solución paralela y alternativa”, en el caso de que no se pueda anular el convenio de forma parcial. Esa alternativa debe pasar, según el Gobierno regional, por que Madrid asuma el pago de la farmacia hospitalaria.
