La propuesta socialista de negociar los precios de los medicamentos en un contexto europeo con el fin de asegurar el acceso a innovaciones asequibles se ha reservado un espacio en el acuerdo de gobierno con Ciudadanos y tiene posibilidades de éxito, aunque para ello no sea posible contar con la intervención de Bruselas. Durante la visita de la plataforma de afectados españoles por la hepatitis C al Europarlamento, de la que se han hecho eco los socialistas europeos para impulsar un plan europeo de erradicación de la enfermedad, la Comisión Europea ha reconocido sus escasas competencias para tomar parte activa en esta cuestión.
Bruselas lo dijo, tanto por escrito como presencialmente en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara: no está en posición de aportar financiación directa para tratamientos ni de crear fondos a tal efecto; ni de coordinar o imponer a los estados los fármacos que deben comprar. Eso sí, puede organizar un procedimiento específico de adquisición (por ejemplo para tratamientos de la hepatitis C) de acuerdo con las condiciones establecidas para la central de compras, que han firmado hasta ahora 23 países. El único requisito es que al menos cuatro estados estén a favor.
Los límites competenciales que la Comisión plantean ante las reclamaciones de los afectados por la hepatitis C son totalmente extrapolables al resto de innovaciones farmacéuticas. Bruselas desinfla punto por punto las numerosas peticiones planteadas por los pacientes españoles. Reconoce que tiene una competencia muy limitada en las decisiones de precios y reembolsos; que no tiene competencias para elaborar directrices clínicas de tratamiento y que existe una “probabilidad limitada” de que pueda detectar una infracción de las normas europeas de competencia y contratación pública que prohíben el abuso de posición dominante.
Ante las peticiones de expropiaciones y emisión de licencias obligatorias, la Comisión considera, de nuevo, que sus competencias son limitadas y que las salvaguardias existentes son cosa de los estados. “Es importante el acceso pero primero necesitamos las medicinas y las patentes ayudan a que haya innovación”, dijo un miembro de la Comisión.
Voluntad política
Los grupos parlamentarios niegan la mayor. Soledad Cabezón, eurodiputada socialista que consiguió trasladar al Pleno de la Eurocámara el impulso a un plan europeo contra la hepatitis C, respondió que la Comisión tiene competencias para ayudar a los estados a “equilibrar” el dilema entre propiedad industria y derecho a la protección de la salud, facilitando los datos relativos a las investigaciones y retomando la revisión de la Directiva de Transparencia.
La clave, según ella, reside en la voluntad política. “Hoy es la hepatitis C, ayer fueron las innovaciones oncológicas y mañana serán las enfermedades raras. Tenemos un problema de acceso a las innovaciones en Europa, y tenemos que darle una solución”, concluyó.
Aludiendo a la “coherencia” con una disposición del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionada con el comercio de la Organizacion Mundial del Comercio, así como a motivos de salud pública, el grupo parlamentario de Podemos en las Cortes de Castilla y León ha presentado una Proposición no de Ley a través de la cual solicita a la Junta a instar al Gobierno de España para que se fabrique un genérico contra la hepatitis C sin pedir la autorización de la multinacional farmacéutica que ostenta la patente.
Según Podemos, el elevado precio con el que se comercializa dicho medicamento, “con la excusa de los costes de investigación, conlleva que en España solo se utilice en casos en los que la enfermedad se encuentra muy avanzada”.
