ALBERTO CORNEJ0 Madrid | viernes, 29 de septiembre de 2017 h |

Son muchas las preguntas, y dudas, por resolver en torno a la implantación de un sistema de verificación en la cadena del medicamento española al que obliga, antes de febrero de 2019, la directiva europea antifalsificación. Algunas de ellas ni tan siquiera los propios responsables lo saben. Por ejemplo, ¿cuándo se publicará el real decreto que desarolla lo que estipula la normativa y modifique a su vez el RD 1/2015? Ni el propio regulador lo sabe. “Estamos trabajando en él, pero no verá la luz ni mucho menos este año”, adelanta Pilar Fernández del Pozo, del departamento de Inspección y Control de Medicamentos de la Aemps.

En otros casos, será el paso del tiempo y el progresivo desarrollo de la verificación quien ofrezca las respuestas, como para conocer qué coste tendrá esta implantación entre los actores implicados (la industria calcula que soportará en torno a 200 millones de euros). O qué impacto, no solo económico, sino en recursos humanos y el paciente, tendrá la verificación. A falta de poder concretar, “no cabe duda” que la aplicación de los nuevos procesos de verificación y autenticación a los que obliga Bruselas “van a tener un importante impacto, en lo económico y en recursos humanos”, apuntó Encarnación Cruz, directora general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, en su intervención en una jornada organizada por el Consejo General de COF el 28 de septiembre en Madrid para analizar el impacto de la verificación en el entorno hospitalario.

Incluso, respecto a los costes económicos, vaticinó que los mismos “no serán en ningún caso desdeñables”. Respecto al impacto sobre los pacientes, la representante ministerial instó a todos los actores implicados a “asegurar que se minimiza el impacto asistencial a los pacientes”. “Hay que asegurarse de que no se retrasa una dispensación por problemas de conexión entre los nodos”, así como “garantizar la protección de datos”, concretó Cruz. Pues bien, según unas primeras estimaciones que se manejan en la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria aluden a un incremento en torno al 80 por cientor del tiempo necesario para las dispensaciones, según presentó la coordinadora de su grupo TECNO, Ana Álvarez.

“Plan de acción” para los hospitales

Las dudas e inquietudes en torno a la implementación de la verificación se acrecentan en lo que respecta al ámbito hospitalario.Unas dudas que se han corroborado desde la propia Comisión Europea y el EMVO (el organismo europeo creado para gestionar la verificación) y que también salieron a la palestra en las mesas redondas y debates generados en el marco de esta jornada profesional.

En especial, respecto al cumplimiento en el entorno hospitalario del plazo máximo que recoge la normativa: febrero de 2019. Y es que, si bien en el canal de farmacia comunitaria sí existe un cronograma concreto —las primeras pruebas comenzarán en octubre para su plena implantación en torno a noviembre de 2018—, en el entorno hospitalario no existen previsiones al respecto.

Conscientes de ello, el Consejo de Administración de EMVO ha tomado la decisión de constituir una “plataforma específica” dentro de este organismo dedicada en exclusiva al entorno hospitalario. Según detalló Sonia Ruiz, su vicepresidenta, uno de los primeros objetivos de esta plataforma será elaborar un “plan de acción” para la implantación de la verificación en los hospitales europeos. Ese plan recogerá desde la gobernanza, cómo facilitar la verificación/desactivación a nivel hospitalario, cómo integrar a los distintos niveles, etc.

En esta implantación y conexión de los servicios de Farmacia al repositorio tampoco ayuda “el escenario diverso que existe en cada comunidad autonómona, por lo que habrá que ir caso a caso”, apuntó Pilar Fernández.

Las CC.AA se sienten “ninguneadas”

Otro incoveniente se añade: Las Administraciones sanitarias autonómicas se sienten “excluidas” del proceso de elección e implantación del sistema de verificación de medicamentos en el que está trabajando el Sevem, el organismo creado ex profeso por el sector farmacéutico para gestionar esta obligación.

Así lo expuso en este encuentro como sentir general de las Consejerías el jefe de Servicio de Farmacia del Servicio Aragonés de Salud, Javier Armesto. Todo ello a pesar de que, minutos antes, la directora general de Farmacia les había otorgado un “papel protagonista” en la implantación de la verificación.

Pero las comunidades autónomas no lo ven así. “Hemos sido ninguneadas en el proceso de elección del modelo de verificación; se han reunido unos cuantos para decidir lo que mejor convenía en función de sus intereses”, expuso el representante de Aragón. Armesto denunció que en marzo de 2017 se produjeron una serie de encuentros con el Sevem “en los que se nos presentó el proyecto ya hecho y sus plazos de ejecución; estaba ya todo el pescado vendido (sic)”. Desde entonces, “no ha habido más contactos”, confirmó.

Mientras, representantes de actores que conforman el Sevem, como es el caso de Farmaindustria, han mostrado su contrariedad con la visión expuesta por Armesto. “No puesto estar de acuerdo en que las CC.AA no hayan estado al tanto. Si hay un ejemplo de procedimiento transparente, es todo lo que rodea a los pasos de la normativa antifalsificación”, ha rebatido en esta jornada Emili Esteve, director técnico de la patronal de la industria innovadora.

La verificación (voluntaria) llega a la receta privada

Los Consejos Generales de Colegios de Médicos (CGCOM) y de Farmacéuticos (CGCOF), con sus presidentes, Serafín Romero y Jesús Aguilar, a la cabeza, se reunieron el 26 de septiembre para avanzar en su compromiso con la calidad de la prescripción y dispensación de medicamentos a través de un código que garantizará la autenticidad de la receta médica privada en soporte papel y, por tanto, la seguridad para los pacientes. Una suerte de verificación —como la que actualmente se desarrolla para los medicamentos— en el ámbito las prescripciones privadas, a donde aún no ha llegado la e-receta (aunque ya se ha creado un grupo de trabajo para ello) . Este sistema, que se llevará a cabo a través de las soluciones tecnológicas disponibles por ambas corporaciones, se pondrá en marcha con una experiencia piloto en Málaga y Córdoba, a través de los colegios de médicos y farmacéuticos de ambas provincias. La intención del CGCOM y el CGCOF es impulsar la prestación de servicios en línea en beneficio de la seguridad del ciudadano por medio de la habilitación de un mecanismo de verificación electrónica de la receta médica privada en soporte papel. De esta manera, se tendrá la seguridad de que la receta médica privada entregada en una farmacia es auténtica y ha sido emitida por un prescriptor autorizado.